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Decreto 76-25 y la corrupción (OPINION)
En 181 años (1844-2025), la República Dominicana ha tenido 66 presidentes, el primero Pedro Santana, investido en noviembre de 1844 y el actual, Luis Rodolfo Abinader Corona, juramentado el 16 de agosto de 2020.
En dicho lapso son contados, los gobernantes dominicanos que han brillado por su honestidad, siendo el presidente Ulises Francisco Espaillat Quiñones (9 de febrero de 1823-25 de abril de 1878), uno de los políticos más honestos que ha tenido la nación dominicana, conforme opiniones del 90% de los historiadores dominicanos y extranjeros y, sin duda alguna el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, considerado ya como el segundo presidente más honesto, íntegro, transparente y laborioso, que actualmente se gasta la República Dominicana.
Esto así, debido a su desvelo y muestras continuas en transformar la cultura corrupta que ha prevalecido en el país, en las últimas gestiones gubernamentales.
Sin dudas, dicha cruzada no ha sido tarea fácil, ya que dicha cultura se encuentra enraizada en el quehacer cotidiano de la vida misma de los dominicanos.
No ha sido, ni una ni dos las iniciativas que ha puesto en marcha el presidente Abinader, para combatir el flagelo o calamidad, desgracia o plaga criminal, como lo es la corrupción.
Se recuerda que el Dr. José Rafael Abinader Nasaf, padre del actual gobernante, también fue un abanderado en la lucha contra la corrupción, de donde se desprende que la conducta que observa el presidente actual, es el resultado de una educación honrada, que su padre le inculcó y, que él y su familia día a día, ponen en práctica en todos los órdenes de su vida pública y privada.
Se sabe que el ser humano, no es perfecto pero se reconoce que existen seres humanos excepcionales, de conducta honesta, diferente a la de la mayoría, pues no solo exhiben una conducta sana, sino que predican con el ejemplo, sobre cómo debe comportarse un ser humano, al gestionar su paso por la vida, incluyendo el usar fondos públicos y privados.
Esa conducta honesta, que irradia el presidente Abinader, alcanza a sus más cercanos colaboradores, al extremo de que son pocos los conatos de corrupción, que se han generado en la primera y segunda gestión de su gobierno y, que todo el pueblo dominicano espera que concluya su carrera pública de manera ejemplar, tal como inició. Quien conoce al presidente Abinader, nunca pondría en dudas que así será. En dicho comportamiento juega un papel determinante los valores y costumbres familiares.
Transparencia
Además del ejemplo que a diario el presidente pone en práctica para combatir la corrupción administrativa, en sus diferentes manifestaciones, refuerza su estilo de vida pública, al emitir el decreto 76-25, mediante el cual creó la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), con el objetivo de integrar y coordinar las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia, acceso a la información pública, auditoría y recuperación de activos ilícitamente obtenidos, garantizando la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción, a través de mecanismos de supervisión e indicadores de cumplimiento.
La señalada comisión está presidida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y cuenta con la dirección ejecutiva de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Comisión adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Además, esta Comisión está conformada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Contraloría General de la República, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Presupuesto, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Equipo de Recuperación de Patrimonio Público y dos representantes de la sociedad civil vinculados a organizaciones no gubernamentales, orientadas a la lucha contra la corrupción, designados por el Poder Ejecutivo.
Entre los objetivos que persigue esta Comisión se encuentran: coordinar la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción con carácter prioritario, colaborar con las acciones de las entidades responsables de la lucha contra la corrupción que garantice una respuesta rápida y efectiva ante denuncias e investigaciones.
Asimismo, cooperar con el establecimiento de los criterios para implementar procedimientos preventivos y disciplinarios conforme a las leyes y reglamentos de la administración pública, coadyuvar con la optimización de los procesos de compras y contrataciones públicas, mediante mecanismos de control y supervisión, que reduzcan los riesgos y corrupción, contribuir con el fortalecimiento de los mecanismos de auditoría interna y los controles administrativos en todas las instituciones del Gobierno Central y organismos descentralizados.
Además, cooperar con las acciones del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, con base en el decreto No. 579-24 del 4 de octubre de 2024, para reclamar y reintegrar al Estado los bienes y recursos adquiridos de manera ilícita, aunar esfuerzos para crear un sistema de seguimiento, análisis y observatorio de las acciones de la administración pública para garantizar el mantenimiento del Estado de derecho pleno, en el universo de la administración pública, fortaleciendo la institucionalidad y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Y presentar al Poder Ejecutivo las propuestas normativas necesarias para la creación e implementación de un Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción.
Dicho Decreto, obliga a todos los órganos y entes que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de corrupción o distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados, tanto en el pasado como en el presente, las instituciones que administran y a notificar los mismos a la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción.
Se resalta y reafirma que todos los órganos y entes deben prestar las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos del presente Decreto.
Todos los entes y órganos tendrán un plazo de 5 días laborables para dicha entrega y respuesta, los cuales serán contados a partir de la fecha de la solicitud de las informaciones.
Esta Comisión tiene la facultad de remitir a la procuraduría General de la República y al Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), aquellos casos que requieran la intervención de dichas instituciones, ya sea por la posible afectación de fondos públicos o por la comisión de violaciones al ordenamiento jurídico penal.
También, esta Comisión podrá requerir la colaboración de cualquier institución de la sociedad civil, ligada al fortalecimiento de la transparencia y la institucionalidad, con el fin de ser consultada sobre cualquier asunto y recabar sus aportes que contribuyan al logro de los fines y propósitos establecidos en el presente Decreto.
Que se recuerde, en ningún gobierno pasado de la vida republicana dominicana, no se había puesto tanto empeño en transparentar todas las acciones públicas y luchar contra la corrupción con tanta vehemencia, como lo está haciendo el gobierno que preside Luis Rodolfo Abinader Corona.
Legado
Sin lugar a dudas, la administración Abinader, está dejando un gran y valioso legado a todos los dominicanos, al adecentar la administración de la cosa pública, cambiando la cultura corrupta que siempre ha imperado en los últimos 181 años de vida republicana.
Adecentando la administración pública para que nunca más se repita la mala práctica o mala maña de alzarse con el patrimonio público, que sólo debe pertenecer o responder al interés general.
Con estas acciones se busca poner coto de una vez por todas, a la práctica criminal de la corrupción que tanto daño causa a todos los dominicanos.
Ahora la consigna nacional es, todos contra la corrupción y los corruptos corrompidos y corruptores quienes deben ir al banquillo de los acusados y a las cárceles.
felix.felixsantana.
jpm-am