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LA HABANA. EFE.- Las FARC urgieron ayer, en el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, al Gobierno de Juan Manuel Santos a alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre paramilitarismo y garantías de seguridad, ya que consideran que es un problema que amenaza la paz en Colombia.
«No puede postergarse más en la mesa de La Habana el acuerdo sobre paramilitarismo y garantías de seguridad (…). Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la paz», afirmó ayer la insurgencia en un comunicado leído por el jefe guerrillero «Pablo Catatumbo», alias de Jorge Torres Victoria.
Los equipos negociadores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) retomaron este miércoles en la capital cubana los diálogos de paz, después de haber incumplido el plazo que se impusieron del 23 de marzo para la firma del acuerdo final, por diferencias en temas como la dejación de armas.
Las FARC insistieron en que el paramilitarismo «no es ningún fantasma invocado por la insurgencia», ni una «una elucubración dilatoria para postergar la paz», sino una «realidad fehaciente» que busca «atravesarse» en el logro de un acuerdo final e «intimidar a los amigos de la solución política».
«Nadie en Colombia se traga el cuento de una casual coincidencia entre el paro paramilitar y el llamado de la ultraderecha a una marcha nacional contra el proceso de paz», indicó Catatumbo sobre las marchas de protesta contra Santos y el proceso de paz organizadas por la oposición que encabeza el expresidente Álvaro Uribe.
Catatumbo indicó que ese «paro forzado» puso en evidencia el «repugnante vínculo» del paramilitarismo con «sectores políticos, económicos, militares y de gobierno, en medio del negacionismo de la administración nacional».
Según la guerrilla, el paramilitarismo «es la expresión armada de un pensamiento y una corriente política que hecho de la guerra y el terror su principal medio de enriquecimiento».
La guerrilla también denunció que, durante el actual gobierno DE Santos, 346 integrantes de organizaciones sociales y populares han sido asesinados, entre ellos 112 del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a lo que se suman «miles de amenazados».
wj-am