Ante una grosera agresión

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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

La grosera agresión de que fue víctima la sede de la Suprema Corte de Justicia, en momentos en que se realizaba el acto solemne con motivo del Día del Poder Judicial, es un episodio que no tiene ninguna justificación y que mucho menos debe quedar impune, sin sanción judicial y de la sociedad.

La acción resultó ser una blasfemia, no solamente por los excrementos lanzados contra la fachada de la Institución que representa la Justicia de la nación, sino por haber alcanzado la sagrada Bandera Nacional.

Algunos han dicho que la acción tiene ‘justificación’ por lo que entienden es la ‘podredumbre’ en que está la justicia nacional. Otros ven la acción como un grosero atentado contra uno de los poderes del Estado, como una provocación. También hay quienes entienden que lo ocurrido es una agresión contra la nacionalidad, el símbolo patrio, la Bandera, el emblema que salió ‘lesionada’.

Me entristece que en las redes sociales la ‘discusión’ gire más que sobre el atentado, la violación de la seguridad –en un lugar donde estaban los jueces, el funcionarato del país y, sobre todo, el Presidente de la República- es que si el embarrar la sede del Poder Judicial y de la propia Bandera Nacional es un acto ‘patriota’ y/o el ‘ejercicio de un derecho’, como es la protesta, y/o como una acción legítima de los que se han erigido en ‘defensores del pueblo’, como es el violento grupúsculo Falpo.

Hoy un comunicador me justificaba que ese tipo de ‘protestas’ se ve en todas partes del mundo. Eso no es justificación para tal grosería.

Otro amigo comentaba que la acción habían sido dirigida por un grupito subversivo, violento, que ‘no obedece necesariamente’ a los lineamientos y política del ‘auténtico’ Falpo, quienes ahora  ‘protestan’ por el arresto de los desaprensivos.

Y no pocos políticos, la mayoría enquistados en la oposición, tratan de justificar el desaguisado sobre la premisa de que ‘es la manifestación del pueblo, sobre su consideración de lo que es la Justicia’.

El asunto ahora no es ‘dar ejemplos’. El tema es que quien viola la ley, y más sobre emblemas como el Poder Judicial y la Bandera Nacional, debe pagar las consecuencias.

Y por ello es correcto el arresto, el sometimiento a la justicia y las sanciones que deben producirse contra los autores del episodio –vistos por todos en los videos que se repitieron por los canales de televisión y las redes sociales-, del cual se regodeaban los groseros atacantes en declaraciones a la prensa, mientras eran llevados bajo arresto por agentes policiales destacados en el lugar.

Hubo, asimismo, un fallo gravísimo de la seguridad del lugar, así como una actuación pasiva y hasta permisiva contra los autores, durante y posterior a la acción.

No podemos permitir acciones semejantes, bajo ninguna circunstancia, y menos promoverlas como acciones correctas a favor de los derechos a la denuncia, a la protesta.

Si permitimos que se convierta en modo y costumbre de protestar en nuestro país, no habrá político, empresario, persona que esté libre, en lo adelante, de ser embarrado con heces fecales en cualquier actividad pública, en las puertas de su vivienda y hasta caminando por las calles, saliendo de un cine, un restaurante o un supermercado.

Las acciones del Falpo han sido inexplicablemente toleradas por autoridades, que parece les temen, como se demuestra en las protestas  violentas en que participan, hasta con orgullo, en San Francisco de Macorís, Navarrete, Licey al Medio, para citar algunos puntos, y donde han hecho galas de armas de fuego, bombas caseras, su decisión de ataque y su desprecio por los demás, aduciendo que actúan ‘a favor de los intereses del pueblo’.

Está bueno ya de tanta tolerancia.

rlgonzalez50@gmail.com

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