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América Latina y el Caribe: violencia y seguridad de las personas
La seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe ha sido un tema de preocupación durante mucho tiempo. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque los homicidios han disminuido en muchos países en los últimos años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta del mundo, con niveles de criminalidad consistentemente por encima de niveles epidémicos. La falta de seguridad ciudadana ha sido considerada como un factor importante que obstaculiza el desarrollo en la región.
En 2023, experimentó un aumento significativo en las actividades criminales. La protección social estructuralmente débil, la fragmentación de pandillas, el aumento y diversificación de la producción de cocaína, fentanilo y otras drogas, los efectos del COVID-19, así como la circulación de armas en la región, parecen ser algunos de los factores que contribuyen a la propagación de la violencia, incluso en países anteriormente considerados seguros.
En República Dominicana en el año 2023 se computaron 1,475 homicidios, lo que equivale a una reducción porcentual del 7 % con respecto a 2022, año en el que se contabilizaron 1,586 crímenes de este tipo. Los robos se cifraron en 78,372 a nivel nacional a lo largo del pasado año, de los que 36.5 % fueron robos simples, un 32.5 % fueron asaltos, otro 17.4 % se perpetraron por rotura o escalonamiento, el 9.6 % por arrebato, mientras que el 3.9 % restante queda en la categoría de «otros» (corrupción administrativa y tráfico de influencia).
La República Dominicana en el 2015 registró 8,634 casos de violencia de género y para el año 2021 registró 22,474 casos, con incremento acumulado de 46.75% en seis años. En violencia doméstica registró 54,212 para un total de 75,686 casos. No obstante, la República Dominicana aparece en el lugar número 17 de 22 países de la región, en el ranking de tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes con 10,3% comparado el más alto Jamaica con un 49.4%.
Un estudio realizado por INFO SEGURA de PNUD en colaboración con USAID indica que ha habido un crecimiento constante en el gasto total en seguridad pública, justicia y derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras entre 2010 y 2022, con un promedio anual del 8,2% para los tres países.
Guatemala experimentó un crecimiento del gasto público del 10,5%, El Salvador del 6,9% y Honduras del 6,1%1. La mayor parte de estos recursos fue destinada a proyectos de seguridad pública, representando el 52,6% del presupuesto total, mientras que los servicios de justicia recibieron el 44,3%, y el 3,1% se destinó a prevención, protección, derechos humanos y rehabilitación social.
Los siete países con mayor número de homicidios son: El Salvador, Honduras, Venezuela, Brasil, Colombia, Guatemala y México. Una de las causas del incremento de los homicidios y violencia intrafamiliar, en Guatemala son la pobreza, desigualdad, la corrupción y la presencia de pandillas; en Colombia existen grupos armados ilegales y grupos de narcotraficantes; en Honduras y Venezuela se dan factores similares: pobreza, desigualdad, crisis económica y políticas.
Los factores que más influyen en la violencia intrafamiliar son bajo nivel educativo o ninguna, la pobreza y la exclusión social; falta de trabajo, el consumo y tráfico de drogas; el uso excesivo de bebidas alcohólicas, la trata de personas y pertenecer a bandas o pandillas.
El uso de políticas y estrategias preventivas para el delito por parte de la policía nacional y otros órganos de seguridad del estado garantiza mayor seguridad de las personas, preservar vidas y evitar la frecuencia en la ocurrencia de homicidios en estos países que aún no han podido disminuir el porcentaje de muertes por homicidios y la violencia intrafamiliar.
Se puede lograr mejores resultados aplicando políticas de prevención y control del delito fortaleciendo las fuerzas de seguridad, con el control de armas, con leyes de protección y campañas de concientización, fortalecimiento institucional y promoción del Estado de Derecho.
Cada país enfrenta desafíos y contextos diferentes con relación a seguridad ciudadana y a la violencia intrafamiliar, también requieren la colaboración regional y el intercambio de buenas prácticas, para lograr sociedades más seguras en Latino América y el Caribe.
jpm-am