Algo huele mal en el contrato secreto del MIP y LBS

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EL AUTOR es periodista.

El MIP,  sin conocer la reforma de la Ley 36-65 de Porte y Tenencia de Armas, firmó el contrato CS107-2011 con la empresa LBS y 2 años después emitió la resolución 390-13 para crear un impuesto adicional al que había, sin concurso y sin haber sido aprobado por el Congreso,  que es quien está facultado por ley para crear impuestos.

Los témimos, las condiciones y la propuesta económica de este contrato están en secreto pero no por seguridad nacional ni por afectar intereses privados sino para repartirse mejor las ganancias por los servicios de los usuarios, que están obligados a pagar más de $ 10 mil por la licencia de su arma sin tener derecho ni a preguntar.

El objetivo de crear el Sistema Nacional de Registro de Identificación Balísticas a través de la nueva ley 631-16 de armas de fuego no es para hacer negocio todos los años como se está haciendo sino para tener un archivo físico y digital de las armas con permisos.

Pero además ,para enfrentar el crimen pues los organismos de la seguridad del estado tendrían registrada la morfología facial, la firma digital, las huellas dactilares y palmares de las armas y de los usuarios y sería más eficiente recogiendo las pruebas de un crimen sobre todo las que se obtienen con la marca grabada desde la punta de aguja de percusión del arma hasta el impacto de la bala.

El nuevo laboratorio de balísticas cobra separado de los $ 5 mil de la vieja ley que cobra la DGII, un nuevo impuesto de RD 3, 918 para las nuevas licencias y de RD 2, 769 para las renovaciones.

Cuando en el 2013 se empezó a cobrar estas pruebas balísticas de este laboratorio había 131, 261 licencias de armas registradas y se hacían un promedio de 30 mil nuevos permisos por lo que esta empresa al sumar todo se ganó solo en ese año más $ 448 millones.

Otro informe del MIP da cuenta de que en el año 2014 se renovaron  62, 292 armas y se entregaron 4, 531 nuevos permisos. En el 2015 tuvimos 42, 729 renovaciones y 4, 213 nuevas. En el 2016 se registró 37, 128 renovaciones y 914 nuevas. Y en el 2017 se regularizo 50, 309 renovaciones y 764 nuevos permisos

En esos 3 años hubo un total de 192, 462 renovaciones y 10, 422 nuevas licencias. Al aplicarle el impuesto a estas armas, a los 4 años desde el 2013, la empresa se ha ganado más $ 1, 021 millones.

No se sabe la inversión de la empresa en la construcción de este laboratorio porque el contrato es secreto pero si se sabe que los organismos de seguridad del estado siguen siendo deficiente en la lucha contra el crimen y que algo huele mal en este contrato.

Aunque muchos usuarios se han acogido a este impuesto, el 65% lo rechaza. No solo ha disminuido la emisión de las renovaciones de permisos sino también han aumentado los permisos vencidos. De 230 mil armas de fuegos que había en el 2016 se quedaron sin renovar ese mismo año 129, 807 licencias y 117, 329 en el 2017.

Cabe preguntar ¿por qué se sigue cobrando este impuesto Si no hubo financiamiento y se pagó con los impuestos de los usuarios?. En muchos países como Costa Rica se cobra una sola vez y es abierto al público para que los usuarios sepan el destino de sus impuestos.

Se puede decir que con este mal manejo secreto por 10 años desde el 2011 al 2021 está abierta una ventana al enriquecimiento.

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