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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Juárez Castillo Semán advirtió a legisladores e “intermediarios” consecuencias de incurrir en incumplimiento del mandato del transitorio vigésimo de la Constitución.
Dijo que podrían hacerse pasibles de sanciones hasta de 20 años de reclusión por el delito de coalición de funcionarios y propiciar un desorden institucional mediante “la compra de una reelección ilegítima”.
Al presentar una ponencia en el segundo Foro Constitucional de la Fundación Prensa y Derecho en La Romana, Castillo Semán sostuvo que la propia Constitución en su artículo 146 establece la proscripción de la corrupción y el uso de fondos públicos en provecho personal de los funcionarios.
Indicó que esa disposición es sancionada con penas de 20 años de reclusión por el artículo 125 del Código Penal en el caso del que el crimen de la coalición de funcionario devenga en un daño social a las instituciones del país, como trastorno al sistema político democrático o al sistema económico.
“Si se intenta imponer una reelección comprada y eso causa un daño a la institucionalidad del país, sus responsables se hacen reos de coalición de funcionarios y podrían ser juzgados penalmente por violación a la Constitución”, dijo al participar en el panel junto al politólogo Freddy Angel Castro y a los juristas Namphi Rodríguez y Juan Ávila Guílamo.
Asimismo, dijo que esos funcionarios y legisladores se expondrían a ser juzgados por la Ley de Lavado de Activos debido al origen doloso de los fondos “utilizados para una operación de compra de votos de congresistas”.
“Una eventual trama de funcionarios para incumplir con la Constitución y la Ley, y además si media el soborno, el desfalco o lavado de activos, generaría concurso real de funcionarios y las infracciones que están previstas 123, 124, 125 y 177 del Código Penal”, manifestó.