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SANTO DOMINGO (EFE).- La Dirección General de Aduanas (DGA) recurrió ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que impidió en agosto de 2014 establecerle por resolución de manera «ilegal e inconstitucional» impuestos a las compras por internet por menos de 200 dólares.
Así lo aseguró el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini.
En un comunicado la FJT indicó que la Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades como la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC) y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), entre otras muchas, un acto de alguacil, notificando sus pretensiones de gravar todas las compras por internet sin importar el valor de la misma.
Las entidades cívicas, tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por el Tribunal Constitucional, reiteraron a las autoridades de Aduanas y demás que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.
«Sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General», recordó la FJT.
Para Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a «remembrar» el intento de una medida, «abusiva», «ilegal» y «arbitraria», que afecta «a las grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales».
Asimismo la FJT llamó a estar atentos y vigilantes ante lo que calificó de un «despropósito más» del director general de Aduanas al insistir en cobrar un impuesto «ilegal e inconstitucional».
