El azote de la delincuencia

Roberto Marcallé Abreu

Pese a los esfuerzos de las autoridades, el crimen no cede. Miro en este instante la fotografía de la poeta Lina Castillo, a quien asesinaron tres antisociales en un intento de robo en Los Alcarrizos, una de las barriadas más violentas de la capital.
No ha sido suficiente el envío de militares a patrullar las calles, ni el incremento del número de policías y haberles dotado de flotillas de vehículos para facilitar sus labores. Además de la promoción de oficiales y rasos y la elevación de sus salarios.
La población se siente insegura e indefensa. Todos somos testigos. Se escucha el rumor público. Vecinos de numerosos barrios en todo el país demandan que se ponga freno a este azote.
El hecho es que los mismos encargados rehúsan utilizar un método que debe dar resultados: acudir a los afectados. Es un asunto de celo, porque el concepto de “autoridad” rechaza toda participación que no sea de su propia iniciativa. Se descalifica como ilegítimo el propósito de defenderse de la ciudadanía.
¿Vale la pena seguir con esta concepción? Sin el respaldo de la gente, la lucha contra la delincuencia no tiene futuro. Es preciso utilizar de manera prudente las “juntas de vecinos” y entidades organizadas de los barrios. A los comerciantes. Las iglesias. Los clubes culturales. Los mismos vigilantes privados.
Las autoridades deben estimular esta colaboración, contribuir a organizarla y supervisarla, deben utilizar a los habitantes de los barrios como factor de control y de vigilancia incluso de la misma policía.
El Poder Ejecutivo, a su vez, debe utilizar su ascendiente para coordinar esfuerzos entre las instituciones policiales y militares, la dirección de drogas, los estamentos judiciales y los congresistas que votan las leyes para implementar una línea enérgica y eficiente de trabajo que ponga freno a la inseguridad generalizada.
Es preciso que se habiliten tribunales especiales integrados por jueces incorruptibles que juzguen los crímenes vinculados a la droga así como aquellos delitos incalificables por su maldad y perversidad. Controlar a los expresidiarios y a los criollos “deportados” sentenciados en el exterior. Hay que vigilar a extranjeros de proceder sospechoso.
Es vital que los senadores y diputados acuerden las modificaciones del Código Procesal Penal sin disputas bizantinas y al que se atribuye la facilidad con la que los delincuentes entran y salen de las cárceles.
La Procuraduría debe hacer su papel.Es hora de que se llegue a un sólido consenso sobre cómo hacerle frente, de manera enérgica, a la delincuencia. Instituciones y ciudadanía deben poner de su parte. Es deber de las autoridades llevar a cabo las coordinaciones que

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