El amparo judicial: salud y vida vs libertad de conciencia

Recientemente, en la ciudad de Santiago el Ministerio Público logró que fuera acogida una demanda por vía de una acción de amparo contra una pareja de esposos pertenecientes a los testigo de Jehová, los cuales se negaban a que le fue fuera practicada una transfusión de sangre a una hija que les nació en un parto prematuro de siete meses con complicaciones de salud.

Se trata de una decisión de la Sala Civil del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes de esa ciudad, que emitió una sentencia con la que le ordenó a una clínica de la misma ciudad donde se encuentra hospitalizada la recién nacida, a realizarle una transfusión sanguínea conforme a los protocolos médicos correspondientes.

Como el Ministerio Público es garante de los derechos de los ciudadanos, la acción de amparo se interpuso por medio del órgano persecutor, debido a que los padres de la recién nacida se oponían al procedimiento médico conocido como transfusión de sanguínea, debido a sus creencias religiosas. Es decir, que el Ministerio Público actúo tal cual deben actuar los jueces y tribunales, cuando están frente a amenazas o vulneraciones de derechos fundamentales, como verdaderos guardianes de los derechos de los ciudadanos.

El derecho a la salud (art.61), y consecuentemente el derecho a la vida (art.37), ambos son derechos fundamentales reconocidos y garantizados por nuestra constitución. De manera que para optimizar la eficacia de los derechos fundamentales de la persona, la propia constitución en su artículo 68 incluyó la garantía de tales derechos, ordenando que su protección y/o tutela vincula a todos los poderes públicos, es decir, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, los cuales deben garantizar la efectividad de los mismos.

Es decir, por medio de la técnica de la ponderación, la jueza apoderada del caso, dispuso que los derechos a la salud y la vida de la recién nacida, y haciendo primar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes protegido en el artículo 56 de la propia constitución (Protección de las personas menores de edad), están por encima (en este caso particular) de la libertad de conciencia del artículo 45 (Libertad de conciencia y de cultos), por medio del cual el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, siempre que este derecho esté sujeto tanto al orden público y al respeto a las buenas costumbres.

De manera que el tribunal no solo ponderó los derechos fundamentales conflictuados y que están en juego en este caso particular, esto es, decidiendo por el interés superior de la recién nacida, y la protección a su salud y su vida, sino que también tomó en cuenta, que precisamente el fundamento de la constitución es el respeto a la dignidad humana (art.5), de lo cual no escapa ninguna persona humana.

JPM