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La reciente declaración del Directorio Ejecutivo del FMI añade ingredientes económicos a la ya delicada situación política, social e institucional que vive la nación que deben ser afrontados para evitar el agravamiento del periodo de descomposición que estamos sufriendo.
El FMI ya es reiterativo en advertir:
Que se necesita asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico y “asegurar mejores resultados sociales” lo cual debe reflejarse en términos de oportunidades de trabajo y mejores servicios de educación, salud, transporte y electricidad.
Que es necesario “evitar mayor aumento de la deuda” lo que significa que ya nos encontramos en el límite de lo razonable
Que para ello resulta imprescindible “contener el déficit fiscal” que ha resultado incontenible evidenciando que han sido infructuosos los múltiples anuncios, declaraciones y disposiciones, sobre austeridad.
Que para contener el déficit fiscal sin sacrificar la prestación de servicios es necesario “mejorar la calidad del gasto público” en franca alusión de que el actual deja mucho que desear.
E, igualmente, se necesita “simplificar el sistema tributario…y racionalizar exenciones y exoneraciones” para aumentar las recaudaciones y hacerlo mas equitativo.
Estos ingredientes se añaden a otros de carácter conductual e institucional, que están descomponiendo cada día mas nuestra sociedad. A saber:_
La cada dia mas creciente inseguridad ciudadana producto del predominio de la delincuencia y su permeabilidad en las instancias de poder responsables de contenerla
A la tolerancia 100% de corrupción e impunidad que prevalece en las autoridades responsabilizadas de sancionarla.
A la incapacidad, ineficacia e infectividad, de las instancias gubernamentales en atender problemas fundamentales que afectan nuestra integridad nacional como ordenamiento territorial, medio ambiente, control fronterizo, etc.
A la actitud soberbia, arrogante y prepotente, del funcionariado nacional en el ejercicio de sus respectivas autoridades que la llevan a desoír, subestimar y desdeñar reclamos ciudadanos
A la negligencia, deliberada o no, en dar estricto fiel cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que juraron cumplir y hacer cumplir.
Este freno al estado de composición compete obviamente a los poderes públicos, a las instancias responsables de la nación: empresariales, profesionales, ONGs, etc.
Pero también a los partidos políticos que constitucionalmente (Art.216) tienen como fin esenciales: «3) servir al interés nacional, al bienestar colectivo al desarrollo de la sociedad dominicana».
Ante el reiterado desinterés del gobierno de encarar adecuadamente los correctivos para frenar el estado de descomposición previamente dibujado, corresponde a los partidos políticos exigirle al gobierno que lo encare.
Para ello cuenta con el recurso de la ley 1’12 sobre ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, lo cual desarrollaremos en próxima declaración.