¿Condenados a vivir endeudados ?

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EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

La clase política vuelve a endeudarse para cumplir con promesas hechas y aún no cumplidas.

Los políticos no se animan a vivir austeramente y vuelven a emitir deuda para seguir gastando.En Quisqueya nos encaminamos a lanzar una futura ley que deberá llamarse la del pago soberano, que impondrá pagar sólo donde se nos dé la gana y programar pagos según  nuestras prioridades.

Eso se ve venir.

Otra opción es legislar para determinar tope del endeudamiento con fuertes sanciones de no cumplirse.Financiar el gasto corriente e inversiones en obras públicas y al mismo tiempo mantener la inviable dotación aproximada de 1.5 millones de empleados públicos y en nominillas ocupados  en tareas de relumbrón.

R.D. vuelve a las andadas: Vivir por encima de sus posibilidades, tirar manteca al techo y repudiar la disciplina financiera. Cíclicamente abandonamos la sobriedad y  moderación y optamos por el reparto de la piñata.

Para los demagogos, cualquier proyecto de obra pública es una ocasión para enriquecerse y conseguir apoyo popular, como lo hemos comprobado en los intentos de reforma  constitucional para asegurarse la reelección ilimitada.

Si esta prodigalidad se multiplicara en miles de proyectos cortoplacistas, innecesarios e intrascendentes, el resultado no es otro que el despilfarro.

Tomar deuda pública para no emitir papel moneda o evitar el aumento de impuestos, es una decisión que se paga con la caída del nivel de vida en pocos años.

La facilidad presupuestaria para endeudarse, que vuelve a rondar por la cabeza de la clase política esconde el peligro de que, en pocos años, volvamos a hundirnos en  la desocupación, la miseria y el hambre.
El “desarrollismo infraestructural” preferido por el gobierno, está basado en financiar obras públicas con emisión de deuda externa, para no emitir dinero. Pero produce los mismos efectos que el “populismo y clientelismo demagógico” que siempre criticaron cuando estaban en la oposición

los peledeístas.

¿Cómo podemos controlar endeudamientos?

Cualquier endeudamiento del Estado nacional, provincial o municipal debe destinarse a obras públicas y está sujeto a severas condiciones.
Se considera delito el desvío  de fondos del endeudamiento para    pagar gastos.Los criterios legales para emitir deuda debieran ser los   siguientes:
Las 8 reglas.1º Los proyectos de obra pública, de cualquier importancia, requerirán la intervención de consultores locales o extranjeros, independientes, para la evaluación financiera  y social del proyecto. Ninguna repartición oficial debiera supervisarse a sí misma, prescindiendo  de la intervención de auditores o consultores independientes.2º El valor actual del flujo de beneficios esperados menos el flujo de costos tiene que ser positivo, incluyendo los intereses del préstamo.

3º La tasa de interés del bono debe ser inferior a la tasa interna de retorno del proyecto, para que la inversión en obra rinda más que el costo financiero del endeudamiento.  La economía deviene salvaje si    la ganancia financiera es superior a los beneficios   reales de las obras  públicas.

4º El plazo de pago de los cupones de capital tiene que ser inferior al período de vida útil de la obra, para no seguir abonando una obra obsoleta o fuera de servicio. Es descabellado seguir pagando deuda por obras que no sirven o no funcionan.

5º El momento óptimo para iniciar el proyecto es aquél en que los beneficios netos del primer año de funcionamiento sean iguales al coste del capital comprometido. La  pérdida de oportunidades para ejecutar obras públicas básicas y esenciales repercute en daños  sociales.6º El tamaño óptimo de la obra pública resulta cuando el valor actual de los beneficios netos brindados   es igual a cero? es decir que no es necesaria una obra más pequeña  ni conveniente hacerla más   grande.

El despilfarro del dinero público en obras suntuarias y ostentosas es una grave falta moral contra la sociedad.7º Cuando haya restricciones de capital, para elegir entre varias obras alternativas, éstas deberán ordenarse por orden de jerarquía, haciendo un listado de proyectos según la tasa de descuento imputada a cada uno en el primer año, hasta que agotar el presupuesto  destinado a inversiones.
Sin prioridades para decidir el gasto en obras públicas, la gestión del gobierno es frívola y fatua.8º Cualquier inobservancia de estas reglas por los contratistas, el consultor independiente y los legisladores o funcionarios que intervengan en la obra, será considerada  asociación ilícita o intento de corrupción.
Si los participantes en cualquier obra pública, se confabulan para obtener ventajas ilícitas, el sistema de licitaciones se transforma en latrocinio.
¿Cuál legislador se anima a presentarlo?
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