Motoristas y celulares: peligro público

En la República Dominicana no estamos frente a un vacío legal, sino ante un problema de incumplimiento sistemático de la ley. Desde hace más de dos décadas, la normativa dominicana prohíbe el uso de dispositivos móviles mientras se conduce, precisamente por el alto riesgo que representa la distracción al volante o al manubrio. No es un tema nuevo ni desconocido; es una conducta reiterada que se ha normalizado en las calles, generando un entorno vial cada vez más peligroso para conductores, peatones y pasajeros.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece de manera expresa la prohibición de utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos mientras se conduce, salvo mediante sistemas de manos libres. Esta disposición no es simbólica; responde a criterios técnicos, estudios de siniestralidad y evidencia acumulada que demuestran que la distracción es uno de los factores principales en los accidentes de tránsito. Aun así, su incumplimiento es evidente y preocupante.

En la actualidad, se ha viralizado una práctica peligrosa: los llamados “celulares motorizados”. Conductores de motocicletas, muchos vinculados a plataformas de transporte y servicios de delivery, circulan con una mano sosteniendo el timón y la otra manipulando el teléfono móvil. Esta conducta, lejos de ser ocasional, se ha convertido en una práctica cotidiana que pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la de terceros que comparten la vía pública.

Una motocicleta exige control total, equilibrio y atención permanente. Conducir con una sola mano mientras se interactúa con un celular reduce drásticamente la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. El resultado es evidente: accidentes que provocan lesiones graves, incapacidades permanentes y muertes que pudieron evitarse. Cada segundo de distracción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el tránsito.

El impacto de esta conducta trasciende el ámbito individual. Los accidentes generados por esta práctica irresponsable incrementan la carga sobre los centros de salud, generando costos hospitalarios que afectan directamente el presupuesto del sistema público. El Ministerio de Salud Pública termina absorbiendo una parte importante de estos gastos, lo que representa una presión adicional sobre recursos ya limitados.

Lo más alarmante es la débil fiscalización. La ley existe, pero su aplicación en las calles es insuficiente. La falta de sanciones efectivas ha generado una percepción de impunidad que incentiva la repetición de la conducta. Cuando no hay consecuencias, la infracción se convierte en norma, y la norma en cultura peligrosa.

No se trata de criminalizar a los trabajadores del delivery ni a los conductores de plataformas digitales, sino de exigir responsabilidad y cumplimiento de la ley. Las empresas también deben asumir su rol, promoviendo prácticas seguras y estableciendo controles que eviten el uso del celular mientras se conduce. La seguridad vial es una responsabilidad compartida.

La República Dominicana no puede seguir ignorando este problema. Los “celulares motorizados” representan un peligro público real y creciente. Es momento de hacer cumplir la ley, fortalecer la fiscalización y promover una cultura de respeto en las vías. De lo contrario, seguiremos pagando con vidas humanas y recursos públicos el costo de la indiferencia.

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