La tragedia del feminicidio 

POR RAFAEL PASIAN

La República Dominicana arrastra una herida silenciosa que desde hace décadas se abre una y otra vez sobre el cuerpo social de la nación: el feminicidio. No se trata únicamente de crímenes aislados cometidos en momentos de ira o desesperación individual.

Sería demasiado cómodo, y hasta irresponsable, reducir el problema a simples “problemas de pareja”. El feminicidio dominicano tiene raíces profundas en la historia social, económica y cultural del país; nace en una estructura de poder construida durante siglos sobre el autoritarismo, el machismo, la desigualdad y la violencia normalizada.

Al observar la historia dominicana, desde la colonia hasta nuestros días, encontramos una sociedad moldeada por relaciones jerárquicas rígidas donde el hombre fue educado para ejercer dominio y la mujer para soportarlo. En el campo dominicano de principios del siglo XX, la figura masculina era presentada como dueño de la casa, de la tierra y hasta de la vida emocional de la mujer.

Esa cultura patriarcal no desapareció con el progreso urbano ni con la modernización económica; simplemente cambió de forma. La violencia dejó el machete del conuco para transformarse en control psicológico, dependencia económica, persecución y, finalmente, asesinato.

Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el país vivió bajo un modelo de poder basado en el miedo, la obediencia y la imposición de la fuerza masculina como símbolo de autoridad absoluta. Aquella cultura política penetró profundamente en la vida doméstica. Muchos hombres aprendieron que perder el control equivalía a perder la hombría. Y en una sociedad donde la masculinidad se mide por la capacidad de dominar, algunos terminan viendo a la mujer como propiedad personal y no como ser humano libre.

En los últimos años, numerosos casos han estremecido a la nación dominicana. Mujeres asesinadas delante de sus hijos, exparejas perseguidas después de haber denunciado amenazas, jóvenes cuyos sueños terminaron bajo la violencia de hombres incapaces de aceptar el rechazo. Cada noticia provoca indignación momentánea, debates en televisión y promesas institucionales. Pero luego el país vuelve a la rutina hasta que aparece otra víctima. Esa repetición revela que el problema no es individual: es estructural.

También existen causas económicas y de clase social que agravan la tragedia. En sectores pobres, donde abundan el desempleo, la frustración y la falta de acceso a salud mental, la violencia doméstica encuentra terreno fértil. Pero el feminicidio no pertenece solamente a los barrios marginados. Ocurre igualmente en sectores acomodados, aunque muchas veces con mayor silencio mediático. La diferencia está en que la pobreza expone el drama mientras el privilegio suele esconderlo.

La desigualdad social dominicana también golpea directamente a muchas mujeres que desean abandonar relaciones violentas pero no poseen independencia económica para hacerlo. Hay madres que soportan amenazas porque no tienen dónde vivir ni cómo alimentar a sus hijos. Otras encuentran indiferencia institucional cuando acuden a denunciar. Algunas órdenes de alejamiento terminan siendo simples papeles sin protección real. Y en demasiadas ocasiones, el Estado llega después de la muerte.

La educación dominicana tampoco ha logrado desmontar suficientemente los patrones culturales que alimentan la violencia machista. Todavía muchos niños crecen escuchando que “los hombres no lloran”, que los celos son una prueba de amor o que la mujer “debe obedecer”. Se enseña matemática y gramática, pero pocas veces se enseña inteligencia emocional, resolución pacífica de conflictos o igualdad humana entre hombres y mujeres.

Transformación 

Frente a esta realidad, las soluciones no pueden ser superficiales ni oportunistas. El problema exige una transformación nacional profunda.

En el ámbito legal, la República Dominicana necesita fortalecer el cumplimiento efectivo de las leyes existentes, crear unidades especializadas con mayor presupuesto y garantizar protección inmediata para mujeres amenazadas. Las denuncias de violencia intrafamiliar no pueden seguir siendo tratadas como asuntos menores. Cada amenaza debe asumirse como una posible tragedia futura.

En el plano educativo, resulta urgente incorporar programas permanentes de educación emocional y respeto de género desde las escuelas primarias. Un país no cambia únicamente encarcelando agresores; cambia formando generaciones distintas. El machismo no nace: se aprende. Y lo que se aprende también puede desaprenderse.

Socialmente, las iglesias, los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias y las familias deben abandonar la normalización de conductas tóxicas. El hombre dominicano necesita una nueva definición de masculinidad basada en la responsabilidad, el respeto y la capacidad de convivir sin violencia. Amar no es poseer. Amar no es controlar. Amar jamás puede significar matar.

El gobierno, por su parte, debe asumir el feminicidio como una emergencia nacional de salud pública y de derechos humanos. Más refugios para víctimas, acceso gratuito a terapia psicológica, programas de reinserción laboral para mujeres vulnerables y campañas permanentes de concienciación serían pasos fundamentales.

Pero quizás la solución más importante sea recuperar la sensibilidad humana. Una sociedad acostumbrada diariamente a la violencia corre el riesgo de perder la capacidad de conmoverse. Cada mujer asesinada deja hijos huérfanos, padres destruidos y comunidades marcadas por el dolor. El feminicidio no mata solamente a una mujer; hiere el alma colectiva de un pueblo entero.

La República Dominicana ha sobrevivido dictaduras, invasiones, pobreza y crisis políticas. También puede derrotar esta epidemia de violencia contra la mujer. Pero para lograrlo, el país debe comprender que el feminicidio no es un problema privado entre dos personas: es un fracaso social que nos involucra a todos.

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