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Un tribunal de Nueva Orleans mantiene la suspensión de la reforma migratoria de Obama
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido este martes un nuevo revés judicial por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), que ha decidido mantener la suspensión temporal que impide aplicar la reforma migratoria aprobada por el mandatario hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.
En febrero, justo antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa, el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de la medida.
Tras este primer golpe a las medidas ejecutivas del presidente, la decisión del tribunal de Nueva Orleans, uno de los más conservadores del país, supone un nuevo revés. La corte de apelaciones en un escrito afirma que «el Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción» y descarta intervenir en un asunto sobre el que el Congreso no ha llegado a un acuerdo.
Contra esta decisión, el Gobierno ahora puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
¿Quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria?
Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del presidente en una batalla legal en la que la cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.
En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.
Un portavoz del Departamento de Justicia ha considerado «decepcionante» la decisión de la Corte, aunque ha indicado que las acciones ejecutivas del presidente son «coherentes» con la ley y con la Historia, pues «durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias», informa Efe.
Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.
El Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.
En cambio, la oposición sigue acusando a Obama de haber propugnado una «amnistía» con medidas «inconstitucionales» sobrepasando su poder como presidente. John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes, ya ha advertido de que los republicanos «seguirán de cerca» el caso para «frenar» la «extralimitación» de poderes del presidente.