Toda la verdad, sin fanatismos, sobre el sistema de pensiones

Lamento no haber participado en los debates de INTEC por encontrarme fuera del país. He leído los comentarios sobre las exposiciones. Unas, con alto valor técnico, y otras cargadas de prejuicios ideológicos.

Algunos ignoran la realidad nacional y ocultan los problemas reales que afectan a los sistemas de pensiones aquí y en el resto del mundo, porque sueñan con volver a un IDSS todopoderoso, aunque ello implique salir de Guatemala para volver a Guatepeor. Pero este tema va para largo y finalmente saldrá a relucir la verdad.

La buena noticia es que prácticamente hubo consenso sobre la necesidad de “eliminar las excesivas ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por regentar los ahorros de los trabajadores, que actualmente superan el 25%”.

Pero a pesar de esa posición valiente, algunos de los expositores continúan presentando a las AFP como indisolubles al sistema. Piensan que criticando las comisiones excesivas, automáticamente se condena al sistema como un todo. ¡Así de simple!

Se silencia que el Estado se beneficia de las altas comisiones de las AFP, para poder  recomendar un sistema de reparto estatal. El mismo Estado que especula en  capitalización, resulta altamente confiable en Reparto.  ¡Cuánta simpleza!

Tengo que resaltar la valentía del economista Ernesto Selman por rechazar el sistema de reparto, señalando que el país ya tuvo ese régimen con el IDSS y no fue viable ni sostenible. Y proponer mejorar la ley, modificando las comisiones.

Toda la verdad sin fanatismos

Una de las propuestas se orienta a un sistema mixto de pensiones, que sustituya el sistema de capitalización individual por uno de dos pilares “que garantice a los trabajadores una pensión digna”: un pilar de reparto y otro de capitalización.

¿Por qué se sataniza el sistema de capitalización y luego lo recomiendan como parte de un sistema mixto? ¿Por qué no se establecen diferencias entre el sistema de capitalización y la ambición de sus actuales administradores?

Recordemos que para cambiar de modelo de reparto del IDSS se requirió de un estudio de más de 1,000 páginas de la Hewitts Associates, una consultora de reputación mundial que opera en cuatro continentes, contratada por el Banco Central y el Secretariado Técnico de la Presidencia.

Hasta donde conozco, los proponentes del cambio no han presentado un estudio financiero actuarial para sustentar una decisión tan trascendente. Solo se han concentrado en satanizar la capitalización.

El país tiene derecho a conocer toda la verdad, exenta de prejuicios. ¿Por qué se le ocultan los resultados actuales del reparto en los países desarrollados? ¿Por qué no le explican al país el costo fiscal y el costo social en términos de desigualdad, privilegios y exclusión? ¿Por qué no se reconoce que el reparto es un sistema con un diseño estructural y actuarialmente desequilibrado?

Dado que actualmente en nuestro país coexisten ambos sistemas, propongo contratar una firma independiente que evalúe los resultados y proponga los correctivos para mejorar ambos sistemas. Y que calcule el costo fiscal de los privilegios del reparto de las instituciones autónomas y descentralizadas.

Además, que analice las causas del fracaso del reparto del IDSS y del congelamiento de las pensiones del sistema de reparto que administra el Ministerio de Hacienda, así como el costo fiscal de una transición ante un eventual cambio.

El país tiene pleno derecho a conocer la verdad, pero toda la verdad, ya que en cualquiera de las decisiones que se recomienden está en juego el nivel de vida de millones de pensionados y jubilados dignos de mejor suerte.

Actualmente, ambos sistemas ameritan reformas basadas en estudios a partir de las evidencias disponibles.

JPM