La confianza en los partidos

Para buena parte de la opinión pública, es pertinente cambiar la connotación negativa del realismo partidario.
Los partidos políticos, con 68.6% lideran, según encuesta Gallup,  las entidades con desempeño negativo para enfrentar la corrupción. Peor aún, 89% de los dominicanos afirman que los niveles de corrupción en el país son alarmantes. Agrega, otro sondeo, asimismo, 74% de los jóvenes rechazan las prácticas tradicionales de los partidos.
Al respecto, un reto inminente ¿Cómo enviar los mensajes a los más jóvenes, a los que “todo lo hacen por celulares”?. ¿Y, en ese mismo sentido como conectarse con los ciudadanos de la “manera más moderna posible”?
Radamés Abreu, historiador y político, en su obra “El colapso de los partidos”, apunta: “Los partidos, que fueron el motor de arranque y que marchaban a la delantera del incipiente sistema a mediados del siglo XIX, en la actualidad van hacia el colapso, transformados en estructuras de negocios, de intercambio de intereses personales y en maquinarias electorales. El objetivo de luchar por transformar la sociedad se ha quedado atrás, en el campo de la historia. Razón por la que cada día hay menos personas conscientes que cifran sus esperanzas de cambio real en los partidos políticos.”
A consecuencia, algunos triunfos electorales inéditos: Trump en Estados Unidos, PPK en Perú, Macri en Argentina y Macron en Francia, los cuales ganaron la presidencia en sus países, siendo candidatos no profesionales políticos y con postura anti partidaria. Es una tendencia en apogeo en la derecha, el centro y de la izquierda, como Podemos en España.
La democracia representativa ha sido víctima de las contradictorias acciones de sus representantes.  Las complicidades internas y externas de la partidocracia crearon la actual crisis de confianza hacia la actividad política. Y, propiciaron, el surgimiento del sentimiento de la Marcha Verde, como alternativa ante su ineficacia para ejercer una oposición de contrapeso y con perfil de cambio alternativo.
También, los Manifiestos I, II y III que proclaman el establecimiento de un Nuevo Orden Democrático.
La sociedad invertirá este año 2017, más de RD$805 millones de pesos, para el financiamiento público a los partidos.  En cambio, estos ofrecen una representación de pésima calidad. Por ejemplo, los legisladores se otorgan privilegios, como dos exoneraciones cada cuatro años para importar, libre de impuestos, vehículos de lujo que una mayoría traspasa por negocio. Existen pocas excepciones de honorables.
¿Cómo se justifica su inutilidad para aprobar la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos  engañándose, uno contra otros, desde hace más de 12 años? Ahora, una nueva argucia, la tenemos con la “interpretación” por expertos constitucionales nacionales e internacionales del Artículo 277: Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, según  la Constitución dominicana.
Esta es una usurpación de los órganos competentes del Estado  por un “Partido hegemónico pragmático”, como lo clasifica el politólogo italiano, Giovanni Sartori.
En un reciente Foro con el tema ¿Hacia la reinvención de los partidos políticos? auspiciado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y la Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami-Dade College (MDC); se acogió la idea de que una significativa tarea de los actores políticos es la recuperación de la confianza ciudadana.
En dicho evento, según Luis Almagro, Secretario General de la OEA,  la revolución digital está cambiando las reglas del juego en la política y presenta «oportunidades para expandir la democracia, al tiempo que pone a prueba la capacidad de los partidos políticos de operar efectivamente».
En la República Dominicana, en el difuso escenario  en que se debate la Ley Electoral y la Ley de partidos políticos; se requieren textos jurídicos precisos que acaben con las “trampas del dinero”, e incluyan una Fiscalía autónoma que tenga a su cargo un Observatorio de los partidos políticos que midan su desempeño en el cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes vigentes.