Fideicomiso de Punta Catalina: secretismo y poca transparencia

El fideicomiso de Punta Catalina propuesto por el presidente será otro regalo a los ricos e inversionistas y un pote de humo para los pobres porque, aunque ellos desconocen lo que es un fideicomitente, una fiduciaria o un fideicomisario, sospechan que con esta figura habrá un reparto de los ingresos de nuestra generadora.

Como negocio privado el fideicomiso no es malo, pues no tiene contabilidad, ni rinde cuenta ni se conoce lo recaudado ni los beneficiarios ni las obras que ejecutan, pero como paraestatal, aunque está obligado a reportar, rendir cuentas, y puede ser vigilado, en la práctica este se distancia de las leyes generales para engañarnos.

Si bien el fideicomiso de la Central de Punta Catalina es público, en su papel independiente de fiduciaria esta institución se separa de la entidad oficial y se constituye mediante notario público, el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y se protege por ley con el manejo secreto.

Por más vuelta que le den al fideicomiso se trata de capitalizar a la generadora de Punta Catalina a través de fondos e inversiones públicos privados para ocultar la incapacidad del gobierno ante la deficiencia del sistema eléctrico y para que las empresas fiduciarias se hagan más ricas.

¿Es eficiente el fideicomiso público?

Según la auditora independiente KPMG, que audita Red Vial RD en el 2019, tiene riesgos de créditos cuando incumple el cliente, de liquidez cuando incumple el fideicomiso y de mercados cuando hay fluctuaciones en las tasas de cambios y de intereses.

Pero además no aplica las normas sugeridas. La calificadora de riesgos Feller Rate Dominicana consideró la solvencia del fideicomiso de la Red Vial RD en el 2017, 2018, 2019 y 2020 como negativa y en 2021 en medio de la pandemia es catalogada como estable.

Lo primero es que no habrá obligación de informar a los ciudadanos porque las fiduciarias presentarán a los órganos de supervisión competente la información que ellos determinen, lo cual impide que la Digeig cumpla su función de informar, la Cámara de Cuentas de auditar los recursos públicos y la DGCP de supervisar contratos.

También se corre el riesgo de poner a circular dinero ilícito a través de diferentes mecanismos de inversión, de inmobiliarios, de administración, de garantías, de titularidad y de pitufeo para que la fiduciaria pueda liquidarlos, convertirlos y lograr mayores rendimientos.

Puede haber simulación de operaciones bursátiles, transacciones económicas en perjuicio del Estado, abusos de confianzas y manejos de deudas mediante los cuales se pueden ejecutar decenas de actos irregulares para desviar recursos y enriquecerse.

Con la atribución de nombrar el Comité Técnico por Decreto sin ninguna restricción y limitaciones podría escoger a personas inexpertas y a profesionales vinculados a los grandes consorcios eléctricos creando un conflicto de intereses, como sucede con la escogencia de Celso Marranzini en el organismo rector.

Podemos estar de acuerdo con el sistema de fideicomiso estatal siempre y cuando los ingresos, deudas, inversiones y gastos se sometan al proceso de fiscalización y supervisión de forma periódica sobre todo cuando estos recursos sean propiedad de los ciudadanos y afecten sus derechos.

Experiencia en el extranjero 

Para la Asociación de Especialistas Certificados de Delitos Financieros de Colombia, el fideicomiso es un traje a la medida de la oligarquía. Cuando el fideicomiso recae en instituciones financieras constituye un freno a la transparencia pues hace que los recursos públicos depositados se privaticen y se mantengan alejados de la fiscalización.

¿Por qué el presidente de México propuso la eliminación de 18 leyes y de 109 fideicomisos equivalente a 68 mil millones? Porque los recursos de esos fondos son utilizados con pocas transparencias y son una puerta para la corrupción pues pueden usarse como caja chica por funcionarios que compraban sin licitación y sin supervisión.

No solo debe rechazarse la propuesta de Ley de Fideicomiso Público del presidente Abinader por el secretismo y su poca transparencia, sino también el creado por la Ley 156-13 RD Vial porque la mayoría de las carreteras y peajes que se han construidos están vinculados a la corrupción público privada de la pasada administración del PLD.

juanmojica1556@gmail.com

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