Critican variación de coerción a dos de los imputados caso Odebrecht en R. Dominicana

Este viernes, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dispuso conmutar la coerción del empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que cumplen prisión preventiva en la cárcel de Najayo, por el pago de multas de 70 y 50 millones de pesos (un millón y medio y un millón de dólares, respectivamente).

La excarcelación a cambio de la multa, la presentación periódica y el impedimento de salida del país suponen, según Sosa Pérez, que «la lucha contra la corrupción en el país solo son letras muertas, discursos vacíos para engañar a la ciudadanía», ya que «las leyes se acatan y no se cumplen».

En un comunicado, la responsable de la entidad dijo que habría que preguntarse si los supuestos en los que se basó el magistrado para imponer la prisión preventiva han sido modificados.

«Asumimos que la imposición de la prisión preventiva no solo se basó en el peligro de fuga, sino que además existen pruebas suficientes de causa probable de ser autores o cómplices, y podrían poner en peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad», afirmó.

Denunció «el garantismo penal» que se aplica a los que tienen «vínculos con los poderes del Estado y a aquellos que aportan dinero para financiar a los candidatos que mañana tendrán el poder para eximirlos de responsabilidad por sus actos ilícitos y, muestra de ello, es que nuestras cárceles están sobrepobladas de personas pobres».

En su opinión, «es necesario sancionar a los comportamientos que suponen un grave daño a la vida en sociedad, para que surta efecto disuasorio, en particular a la corrupción la cual socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra los derechos de las personas, contra el orden moral y la justicia».

Sosa Pérez manifestó que el sistema de justicia se pone a prueba, precisamente, en casos donde se procesa a personas con poder económico y político.

Odebrecht admitió el pago de sobornos a representantes, funcionarios públicos y sus relacionados, por 92 millones de dólares para obtener la contratación y adjudicación de obras del Estado.

El empresario Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro Díaz Rúa son los únicos de los 14 imputados por este caso que estaban cumpliendo prisión en un centro penitenciario, mientras que al resto se le impuso distintas medidas de coerción.

La directora ejecutiva recordó que República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU, por las cuales el Estado dominicano y todos los poderes públicos están comprometidos a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción pública y privada.