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Alertas ante ley de industrias, Dr-cafta y caso fiscal
Como un gran paso de avance y un elemento muy positivo para el desarrollo del país y, en especial del sector industrial dominicano, definitivamente, es como se ha de calificar la entrada en vigencia –hace 7 años- de la Ley 392-07, del 4 de diciembre del 2007, sobre Competitividad e Innovación Industrial, ahora sujeta a algunas modificaciones en el Congreso Nacional para extender sus beneficios.
La pieza –que cambió el nombre a la entonces Corporación de Fomento Industrial por el de Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, PROINDUSTRIA- tiene el compromiso de impulsar el desarrollo del sector manufacturero de la sociedad dominicana, así como lo hacen las leyes 8-90, para las empresas de zonas francas, la 28-01, para las que se encuentran en las zonas fronterizas, y la 488-08 de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
A los fines de garantizar la competitividad, la renovación y la modernización de las industrias, esa iniciativa plantea una gama de estímulos favorables para las empresas manufactureras en los artículos 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 47 y 50 entre otros.
A menos de un mes de la entrada en vigencia del capítulo correspondiente a la industria y agroindustria en el Acuerdo de Libre Comercio rubricado por el país con Estados Unidos y Centroamérica, el gobierno dominicano y el sector privado trabajan en conjunto en la implementación de la Estrategia del DR-CAFTA 2015 y en una serie de medidas puntuales que les permitan sortear con éxitos los retos y desafíos y sacar el máximo provecho de las oportunidades derivadas del convenio.
Ese capítulo consigna que el 97% de los productos contemplados en el acuerdo entrarán al territorio nacional libres de aranceles y que los artículos similares manufacturados o procesados en el ámbito local también penetrarán a Estados Unidos y Centroamérica sin pagar impuestos.
Pese a que muchos sectores –con sobrada razón- se encuentran preocupados ante la posibilidad de que el gobierno pueda aumentar la presión tributaria o estimular una reforma fiscal para compensar posibles pérdidas que provoque el desmonte arancelario por el Dr-cafta 2015, las autoridades oficiales aseguran que el convenio no lesionará de forma significativa las finanzas públicas y que, en efecto, la presente gestión del Presidente Danilo Medina no tendrá que aumentar los impuestos.
En ese tenor, el licenciado José del Castillo Saviñón, Ministro de Industria y Comercio, explica que el equipo económico del gobierno se ha planificado y tomado las previsiones de lugar para sortear con éxito los retos y sacar el mayor provecho a las oportunidades del acuerdo.
En efecto, ante los retos del Dr-cafta para el próximo año, el gobierno procura fortalecer las leyes de incentivos al sector manufacturero y, sobre todo, la extensión de los estímulos contemplados a favor de la industria local en la Ley 392-07, en especial la aprobación (mediante ley en el Congreso) de la prorroga planteada en la aplicación del artículo 50, que trata sobre modernización industrial y reinversión de utilidades.
Los estímulos, quizás no incentivos realmente, que a través de varias iniciativas legales se otorgan a empresas nacionales, tales como las leyes 8-90 de Zonas Francas, 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial y 28-01 de Desarrollo Fronterizo, entre otras, lo que procuran realmente es garantizar la sobrevivencia, permanencia, competitividad y niveles de ventas locales e internacionales de esos negocios.
Los llamados incentivos y exenciones fiscales que reciben más de 1263 empresas de manufactura local y de zonas francas y otro grupo que operan al amparo de la Ley 28-01, persiguen la equidad, en cuanto a costos de producción, presión tributaria y precio de la energía eléctrica, de nuestras industrias con las que desarrollan sus actividades productivas en Centroamérica y el resto de América Latina.
Para nadie es un secreto que el costo de la energía eléctrica y del transporte terrestre y marítimo que pagan las industrias de los países signatarios del DR-ACFTA (Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centro América) es mucho más barato que el que pagan las empresas en el país. En la mayoría de esas naciones hay una menor presión tributaria, más incentivos a la producción, y muchos más negocios Certificados bajo las Normas ISO que en el nuestro.
No se debe obviar, y mucho menos olvidar, que el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) 2007, un pacto concebido y consensuado entre los sectores público y privado de la República Dominicana, del cual surgieron las leyes 56-07, 392-07, 488-08 y otras sobre Competencia y la que crea el nuevo Sistema Dominicano de Calidad (SIDOCAL), precisamente lo que busca es dotar la industria dominicana de mecanismos, estímulos y exenciones para que realmente puedan equipararse y competir con sus iguales de la Región.
Lo mismo persigue la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
En efecto, los llamados incentivos y exenciones no son regalos ni nada parecido, sino una necesidad nacional para que nuestras empresas puedan permanecer abiertas y competir.
De todos es sabido, además, que el sector industrial, especialmente la manufactura local y la de zonas francas, juegan un papel preponderante y de primer orden a favor del desarrollo, el crecimiento económico sostenible, la estabilidad, la competitividad, la paz social y el bienestar en la República Dominicana.
Los aportes del sector industrial dominicano a la economía local son extraordinarios. El mismo ocupa un sólido segundo lugar como mayor generador de empleos, riqueza y contribución en las recaudaciones impositivas nacionales.
El sector industrial dominicano contribuye con un 25.8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), aporta el 34.1 por ciento de los ingresos fiscales, genera el 20.2 por ciento de los empleos decentes, permanentes, formales y de calidad; reporta ventas por el orden de un 28 por ciento y representa el 65 por ciento de las exportaciones.
De igual manera, la manufactura local dominicana es –después del sector servicios- la que más aporta a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
En la República Dominicana –según análisis del Banco Central y las direcciones generales de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII)- se han identificado unas 13, 987 industrias manufactureras, que generan 301 mil 952 empleos directos. De ellas 514 son Grandes Empresas, 738 son Medianas Empresas, 3,914 son Pequeñas Empresas y 8,669 Micro Empresas.
De igual manera, unas 587 empresas se encuentran registradas bajo la Ley 8-90 de Zonas Francas, aportan 130 mil empleos directos y 390 mil indirectos, al tiempo que generan ingresos por el orden de los US$4, 880 millones al año.
Mientras que alrededor de 376 de las industrias de manufactura local están calificadas y registradas bajo la Ley 392-07 de ProIndustria y generan unos 87 mil empleos directos. En conjunto, el sector industrial (zonas francas, manufactura local, construcción y minería) aportan unos 430 mil empleos directos y tienen un impacto social en más de 2 millones 250 mil dominicanos y dominicanas.
De las empresas calificadas por ProIndustria, el 22% son Grandes Industrias, 27% son Medianas, 31 Pequeñas y un 12% son Micro Industrias.
El país requiere y demanda del fortalecimiento, la innovación, la modernización y la unión de su aparato productivo nacional, de la consolidación de las leyes de incentivos y la extensión de los estímulos contemplados en la Ley de ProIndustria, a los fines de incrementar la competitividad y las exportaciones.
En el 7 aniversario de ProIndustria y a menos de 30 días para la entrada en vigencia del capítulo correspondiente a la industria y agroindustria en el Dr-cafta, redoblemos nuestros esfuerzos a los fines de crear las condiciones necesarias para que las empresas manufactureras nacionales puedan ser mucho más fuertes y competitivas en el plano local e internacional.