A tiempo para demostrar que la corrupción del presente no quedará impune

El Estado es un poder que se coloca por encima de la sociedad, de sus grupos y de los poderes privados que en ella se dan. Maquiavelo, ayudó no sólo a entender para qué sirve el Estado, sino al desarrollo entero de la ciencia política y, en particular, el estado de derecho. El Estado tiene que ser un guardián celoso de los bienes que administra.

La acción popular, por la que los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder al proceso penal en representación de la sociedad, es una conquista democrática que los regímenes dictatoriales o autoritarios niegan o limitan drásticamente. El Estado, debe ser incorruptible, incapaz de abusar de su poder, ya que es superior y soberano, respecto a todos los demás poderes. 

La corrupción, es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros. Genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. La Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, creó la Dirección de persecución del Ministerio Público, con sus atribuciones propias y contando con la Procuraduría General de Corte, a nivel nacional. Es la encargada de indagar los actos “indelicados”, tipificados en el Código Penal Dominicano, a los fines de ser sometidos a los tribunales de la jurisdicción correspondiente. 

Para las elecciones presidenciales del año 2020, Luis Abinader Corona, le prometió al país, que no iba a haber impunidad, que se procederá a someter a la justicia a los corruptos, caiga quien caiga. Recordó que acabar con la impunidad y la protección de la corrupción administrativa y el crimen organizado, es un compromiso sagrado que tendrá con el país.

El mismo día de su juramentación como presidente de la república, Luis Abinader, dijo: “En el Gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero deberá pagar a la justicia sus actos». Declaró que, aunque los miembros del Ministerio Público son nombrados por el Poder Ejecutivo, para él, la justicia sería totalmente independiente. Nombró en la Procuraduría General de la República, a la doctora Miriam Germán Brito, y a Yeni Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta. La lucha contra la corrupción pública fue una de las principales promesas de campaña del Gobierno del Cambio.

El equipo del PEPCA, procedió a investigar a varios funcionarios del gobierno del Partido de La Liberación Dominicana (PLD), encabezado por el licenciado Danilo Medina Sánchez, recayendo los primeros, con el caso de “Operación Pulpo”, un entramado de corrupción que habría movido mil millones de pesos. La cabeza de ese grupo era Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina; Carmen Medina, también hermana del expresidente, Fernando Rosa, Francisco Pagán, Wilfredo Hidalgo y Alejandro Cristopher. Las “bocinas” y “you Tuber”, inmediatamente reaccionaron diciendo que esas acusaciones era una retaliación, clasificándolas como “persecución política”.

El PEPCA continuó con la “Operación Coral”, encabezada por Adán Cáceres, exjefe de seguridad de Medina, teniente coronel de la Policía Rafael Núñez, la pastora Rossy Guzmán, cabo policial Tanner Flete, sargento Alejandro Montero y el teniente coronel Raúl Girón. Las imputaciones incluyeron lavado de activos a través de transacciones ilícitas con fondos del Gobierno.

La Procuraduría continuó los sometimientos, agregando la “Operación Medusa” con el principal   imputado Jean Alain Rodríguez, acusado de desfalcar 600 millones de pesos. Los demás imputados son Jhonatan Rodríguez, Javier Forteza, Alfredo Solano, Altagracia Guillén, Jenny Marte y Miguel Moya.

El expresidente Danilo Medina ante los sometimientos de sus exfuncionarios reaccionó: “La sociedad dominicana se está dando cuenta de lo que dijimos; que se está tratando de sustituir la elección democrática de candidato por la designación arbitraria de culpables. Quieren sustituir las urnas por los tribunales. Quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente de un país. En definitiva, quieren sustituir la voluntad popular por un expediente”. En una ocasión, durante una entrevista televisiva, expresó: “Todo el que roba no quiere que le digan que es ladrón y si lo acusan, dice que la acusación es política”.

La mayoría del pueblo le compró al candidato Luis Abinader, la promesa de luchar contra la corrupción administrativa, “Caiga quien Caiga”. Los que están cayendo son los exfuncionarios del gobierno de Danilo; sin embargo, los señalados y cancelados del gobierno de Luis, no les han dado el mismo tratamiento, sobre la base de que la “Ley es igual para todos”, “Dura lex sed lex” (La ley es dura, pero, es la Ley).

Como el presidente se está postulando para el siguiente periodo, está a tiempo para demostrar que su gobierno no es arbitrario, ni abusa de sus poderes en contra de sus opositores; además, que la corrupción del presente no quedará impune como las del pasado. Así se evita que el combate de la corrupción se tipifique como privilegiada o persecución política.

Luisruiz47@gmail.com

jpm-am