Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
EEUU da un ultimátum a Irán para alcanzar acuerdo nuclear
Turismo deja iniciados trabajos mejoramiento de playa en SPM
Cuba califica de fascista nueva medida de EE.UU. en su contra
Tribunal rechaza pedido de un nuevo peritaje discoteca Jet Set
La clase política dominicana lamenta muerte Alburquerque
Venezuela rechaza amenazas a quienes comercien con Cuba
Con caravana triunfal, Leones del Escogido celebran victoria
Dice Cuba no podrá sobrevivir tras nuevas sanciones de EEUU
Comienzan transformación del barrio Enriquillo, de Sto. Dgo.
Ramón Alburquerque: El último de los robles de la dialéctica
Una sentencia necesaria y oportuna
Con satisfacción recibimos la sentencia que dictó, el pasado 5 de julio, la jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, mediante la cual se condenó por difamador a un comunicador al pago de 7 millones de pesos a favor de la Presidenta de la Cámara de Diputados y también el pago de las costas.
Esta sentencia resulta oportuna porque, en los últimos tiempos, un grupo de personas se ha dado a la infame tarea de usar los medios de comunicación y redes sociales con el premeditado propósito de pretender hacer daños al honor y la buena imagen de personas e instituciones sin pruebas ni fundamentos.
Maliciosamente, algunos comunicadores abusan de las libertades de expresión, de prensa y de empresa que siempre han sido respetadas y bien protegidas por los gobiernos democráticos de los Presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Esos hipócritas comunicadores se aprovechan de la permisividad y ausencia de un verdadero régimen de consecuencia y, atrincherados cual francotiradores, se la pasan lanzando, a través de los medios de comunicación y redes sociales, palabras soeces, perniciosas diatribas e injurias contra personas e instituciones, en franco desmedro del derecho a las vidas privadas, a las familias y al honor que la Constitución y varias leyes vigentes protegen en nuestro país.
Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a manchar la honorabilidad y hoja de vida que una persona, y mucho menos una mujer, ha construido con trabajo y esmero en esta sociedad.
No hay necesidad de acudir al ataque en lo personal contra los adversarios. Se pueden cuestionar las ideas, criticar posiciones políticas y las decisiones que, en un determinado momento o circunstancia, haya asumido un dirigente político o funcionario público.
Ciertos comunicadores, desesperados por trascender, obtener primicias, ocupar espacios en los medios de comunicación, al carecer de argumentos e informaciones verídicas, recurren al insulto, la difamación, la provocación y el chantaje vulgar con lo cual sólo consiguen desacreditarse y empequeñecer ante el público que pretenden conquistar.
Esta sentencia condenatoria de ese atrevido comunicador se levanta contra el libertinaje en los medios de comunicación y redes sociales. Se convierte en un positivo referente y también es una atinada lección que sugerimos aprovechar para desestimar el estilo irrespetuoso, oportunista, el uso de lenguajes huero y vocabulario soez, la irresponsabilidad y el chantaje.
Apreciamos en su justa dimensión el valioso papel de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los distinguidos comunicadores que desempeñan en los procesos de socialización, promoción de conocimientos y positivas orientaciones que, sin lugar a dudas, contribuyen con la buena convivencia social, democrática y pacífica.
En tal sentido, felicitamos a la Presidenta de la Cámara de Diputados por defender con valor y firmeza su honorabilidad y el honor de su familia. Por igual, extendemos nuestras congratulaciones a la magistrada Suinda Brito por esta positiva sentencia que está llamada a convertirse en un positivo precedente en el quehacer jurídico, político y social del país.
Esta sentencia es valorada por la opinión pública sensata y respetuosa del régimen de derecho que disfrutamos en nuestro país como necesaria, oportuna y aleccionadora que esperamos será ratificada por los otros tribunales de la República a donde se pretenda apelar.
JPM
