Efectivamente, esta ley, estratégicamente, fue votada y promulgada en el 2008 sin sanciones penales, gracias a los títeres que tienen en el Congreso Nacional, las élites políticas que controlan los partidos, para librarse de todo mal.
Así las cosas, los borregos del Congreso terminaron aprobando, siguiendo órdenes de las élites políticas que controlaban sus respectivos partidos, las siguientes sanciones:
1. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año.
2. Destitución del puesto.
3. Sanción económica.
4. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La sociedad dominicana necesita dotarse de un Congreso Nacional de legisladores independientes, no de borregos que solo siguen las directrices que suelen bajarles las directivas que controlan los partidos que los postulan. No legislan para sus electores (y los demás habitantes de su circunscripción), sino para los intereses de los partidos que los nominan.
Si los electores siguen votando por gente que es capaz de aprobar una ley sin ninguna sanción penal, solo para proteger a sus compañeros políticos que trabajan en la administración pública, sencillamente estamos fomentando más impunidad.


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