Una esperanza ante la incertidumbre

El presidente Luis Abinader ha prometido un cambio radical en la lucha contra el COVID 19, mediante una alianza pública-privada, para superar este reto y avanzar hacia un crecimiento económico con mayor justicia social.

El Poder Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia por 20 días en 20 ciudades del país, luego que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad una solicitud consensuada entre Danilo Medina, presidente saliente y Luis Abinader, presidente electo. Pero existe gran consenso de que esa medida debe estar acompañada de mayor vigilancia y sanción.

Cada vez que puede, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, atribuye el incremente progresivo de los infectados a “las personas que irrespetan el distanciamiento físico y los protocolos sanitarios”. Se trata de un vano intento por ocultar la complacencia y la falta de autoridad oficial para hacer cumplir las restricciones que nos impone el estado de emergencia de acuerdo a las leyes vigentes.

Es muy cómodo echarle la culpa a “las personas”, sin reconocer la falta de voluntad de las autoridades para enfrentar de raíz esta pandemia, garantizando la observancia estricta de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una repetición de la actitud de Pilatos, pero a un costo en vidas y empleos muy elevado.

Los resultados de los seis toques de queda han estado muy por debajo de lo esperado, al no complementarse con medidas coercitivas para su estricto cumplimiento. El promedio diario de 921 detenciones de violadores, constituye una ínfima parte de las personas que no observan el rigor del confinamiento.

Vale la pena recordar que, en sentido general, los países que reaccionaron a tiempo y que han aplicado medidas restrictivas severas, son precisamente los que han logrado controlar la situación con el menor costo humano y económico. En cambio, donde se subestimó el problema y no se exige suficiente disciplina en el distanciamiento social, las consecuencias han sido catastróficas, como en Estados Unidos, Brasil y México.

Tenemos que detener a cualquier costo el efecto multiplicador de la pandemia

Tenemos la obligación ciudadana de dejar el relajo y tomar conciencia colectiva del impacto del COVID19. Cuando usted lea este mensaje, ya el país habrá superado con creces el umbral de los 1,000 fallecidos, con una estela de más de 55,500 infectados. Y con el agravante del colapso del sistema nacional de salud en las principales ciudades.

Ya la capacidad hospitalaria de la capital y de Santiago llegó al límite, tanto en el sector público, como en el privado, mientras en el Laboratorio Nacional y en otros importantes, miles de personas angustiadas se aglomeran sin distanciamiento, solicitando análisis en un ambiente de desesperación y caos.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud ha proyectado que el país acumulará unos 6,028 fallecimientos al primero de noviembre próximo, cantidad que subiría a 6,633 en caso de mayores medidas de flexibilización, y bajaría a 4,916, de universalizarse el uso obligatorio de las mascarillas.

Mientras tanto el costo de esta tragedia nacional sin precedentes no se limita a las muertes. Ha generado la pérdida, esperamos que momentánea, de más de un millón de puestos de trabajo y la quiebra de miles de empresas, con una reducción notable de las cotizaciones a la Seguridad Social, como señala José Manuel Vargas de ADARS.

Tenemos que hacer consciencia de que estamos frente a un enemigo implacable, ante el mayor reto nacional en un siglo, donde la vida humana corre grandes peligros, ya que la sobrevivencia individual y colectiva, no sólo depende del cuidado y la prevención propias sino, sobre todo, del sentido de responsabilidad de todos.

El presidente Luis Abinader ha prometido que habrá un cambio radical en la lucha contra el COVID 19, mediante una estrategia que convoque a todos los sectores, públicos y privados, para superar esta situación y lograr un crecimiento con mayor justicia social. Esperamos que así sea.

JPM