Por Edwin de la Cruz
Las recientes declaraciones del director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, en las que plantea sustituir la cesantía laboral por un seguro de desempleo, no solo resultan inoportunas, sino además imprudentes e inadecuadas en la actual coyuntura nacional.
La cesantía laboral, conquistada por los trabajadores dominicanos tras décadas de lucha, constituye un pilar de protección frente a la vulnerabilidad del despido y un mecanismo indispensable de justicia social.
No es casual que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Clasista de Trabajadores (CCT), entre otras, la defiendan como un derecho irrenunciable.
El planteamiento de Báez desconoce que el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido categórico en afirmar que la cesantía no será tocada en ninguna eventual reforma del Código Laboral.
Sus declaraciones, por tanto, contradicen la línea oficial del gobierno y generan un ruido innecesario en un momento en que el país demanda consensos y estabilidad.
Más grave aún es que un funcionario cuya responsabilidad institucional es velar por los intereses de los afiliados al sistema de seguridad social se pronuncie sobre un tema que, claramente, excede el marco de sus competencias.
Tal vez, como ciudadano común, hubiese tenido el derecho de expresar una opinión personal. Sin embargo, como director de la DIDA, su voz compromete la institucionalidad y envía un mensaje equivocado a la clase trabajadora y a los empleadores.
La cesantía no es un capricho ni un obstáculo para el desarrollo; es una conquista histórica que protege al trabajador frente al despido, le da tiempo para reorganizar su vida y lo resguarda en una economía que todavía exhibe altos niveles de informalidad y desigualdad.
Sustituirla por un seguro de desempleo, sin un sistema robusto y universal de seguridad social, no sólo debilitaría derechos, sino que dejaría a miles de familias a merced de la incertidumbre.
Por estas razones, en nuestra calidad de presidente de la Asociación de Usuarios de la Seguridad Social (ASODOMUSS-CNTD), rechazamos categóricamente las declaraciones de Elías Báez. Son, reitero, inoportunas, imprudentes e inaceptables.
La voz de un servidor público debe estar en sintonía con el interés nacional, con la política trazada por el jefe de Estado y, sobre todo, con la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores.
La cesantía laboral no se negocia, no se discute y no se elimina. Se respeta y se fortalece.
jpm-am


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