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POR ROMMEL SANTOS DIAZ
La creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado para la persecución y el juzgamiento del crimen transnacional organizado como una respuesta regional institucionalizada que permita consolidar la lucha contra el crimen organizado transnacional constituye en estos momentos una urgencia para los países de la región.
Se hace necesario dar respuestas contundentes en el plano de la justicia penal a nivel regional de una manera coordinada entre los países que potencie los esfuerzos de los recursos logísticos, humanos y de cooperación entre los actores políticos, sociedad civil y sociales para combatir el crimen organizado en la región de Latinoamérica y el Caribe.
Se ha lanzado una campaña para la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado desde las Organizaciones de la Sociedad Civil en la región coordinada por Democracia Global de Argentina y por la Comisión por la Carta Democrática Interamericana de la República Dominicana.
Se trata de una propuesta de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado mediante la cual se pueda juzgar, con competencia supranacional, a las organizaciones asociadas al crimen organizado que operan en más de un país de la región.
Todos sabemos que el crimen transnacional se esta expandiendo rápidamente en todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, lo cual debe mover a la acción efectiva de los estados de la región de una manera coordinada y eficaz.
En el marco de la campaña por la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado solicitamos a los parlamentos de los países de la región a expresar su apoyo a la creación de esta Corte mediante la aprobación de resoluciones declarando de interés nacional esta importante iniciativa.
Finalmente, destacar que la propuesta de creación de una Corte Penal Latinoamericana y el Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado está basada en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos , de la cual son signatarios los estados de la región de Latinoamérica y el Caribe.