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Un consenso nacional contra la impunidad y la complicidad
Sin instituciones que trabajen en la defensa permanente de los intereses nacionales, del Estado en su conjunto, no se forjara a corto plazo un verdadero estado de derecho.
Se necesita un consenso social y político que pueda concretizar una agenda futurista que encamine al país por las sendas del desarrollo en un tiempo relativamente corto, como lo han hecho algunas naciones, que actualmente son un ejemplo de cómo se desarrolla una nación en un breve plazo.
Ya conocemos los ejemplos de Singapur, Hong Kong y Taiwán, que tuvieron un meteórico desarrollo económico, político y social en base a la determinación y el fortalecimiento institucional. Con lo que consiguieron ir corrigiendo las trabas que impedían el avance hacia etapas superiores en el desarrollo.
Eso si, esas naciones se trazaron con seriedad acabar con el bandidaje institucional, dándole un contundente golpe a la corrupción en la administración pública, creando los mecanismos y las leyes para llevar el saneamiento que ahora disfrutan, el Estado y todo el contexto nacional en esas, en la actualidad, muy próspera naciones.
De manera que la esperanza está ahí, viva. Tenemos la oportunidad de avanzar hacia esas etapas superiores que nuestra falta de voluntad no nos permite alcanzar. Solo hace falta lanzarse al ruedo con determinación, como lo hicieron esas ejemplares naciones.
En nuestro país se debe actuar con suma determinación para detener el deterioro de la confianza que cada día se acrecienta, en la medida que actuaciones descalificadoras sigan produciéndose impunemente, sin que surja una esperanza de que algún estamento detendrá en algún momento esa preocupante tendencia en las instituciones encargadas de impartir justicia consistentemente, para ir saneando al Estado, protegiéndolo de sus depredadores históricos.
No es comprensible y mucho menos aceptable, que nuestros gobiernos no castiguen las actuaciones inmorales de sus funcionarios. Que en ningún gobierno caiga en las redes de la justicia un funcionario de importancia. Nadie de la cúpula de los partidos en el poder, que haya mal manejado los recursos públicos.
Y tampoco se persiga y castigue a los que dejaron el poder y posiblemente cometieron inmoralidades contra el Estado. Al parecer existe una tácita complicidad de impunidad, entre las organizaciones partidarias, para no perseguirse entre sí luego de dejar el poder.
Es preocupante sobremanera que el país no cuente con un aparato judicial confiable.
Nadie cree en una justicia que libera ágilmente a criminales del narco tráfico, que no condene a los corruptos, llámense como se llamen.
Claro que no quisiéramos tampoco una casa de bruja, que convierta al Estado en un persecutor interesado en hacer daño a sus contrarios por pura retaliación política, pues eso sería inaceptable, tanto como la corrupción misma.
Para que avancemos debemos depurar, pero con suma urgencia, a los poderes que conforman el Estado. Busquemos alguna formula consensuada para hacerlo, sin lesionar el debido respeto y equilibrio democrático que debe existir entre esos poderes. Pero actuemos ya, pues se está haciendo de noche, y luego será demasiado tarde.