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Un anteproyecto cuestionado
Las observaciones de las ARS y las AFP al anteproyecto de ley requieren de una revisión ponderada y de una amplia concertación, incluyendo una genuina participación de los afiliados
Los ejecutivos de las ARS privadas y de las AFP expresaron su preocupación por el contenido del anteproyecto de ley que intenta modificar la Ley 87-01, formulando 23 críticas mucho más amplias que las que yo había escrito durante las últimas semanas.
Según las ARS/AFP, el anteproyecto: a) perjudica al actual sistema ya que no está basado en un estudio; b) afecta de manera negativa la estructura básica del SDSS; c) no da respuestas a las situaciones más apremiantes; y d) no incluye un estudio concienzudo y sustentado técnicamente para hacer frente a la cobertura universal.
Además, aseguran que: e) permite el acceso a especialistas sin tomar en cuenta el rimer nivel de atención; f) serán afectados principios como el de equilibrio financiero, separación de funciones, participación y unidad; g) muchas de las disposiciones contenidas constituyen una amenaza significativa al sistema; y h) se pondría en riesgo la calidad de los servicios prestados a los afiliados.
En el campo previsional, el anteproyecto: i) no introduce cambio alguno que incremente las pensiones futuras; j) no aumenta la cantidad de personas protegidas; k) no contribuiría a diversificar los fondos de pensiones y su impacto en la economía nacional; y l) elimina la obligación del Estado a otorgar el bono de reconocimiento.
Con el proyecto: m) se atentaría contra la seguridad jurídica; n) se crearía inequidad social; n) se promovería la evasión y elusión; o) se excluiría a una gran parte de los trabajadores de las MIPYMES; y p) se concentraría en forma excesiva las decisiones, con tendencia a una virtual estatización. En estos temas y en otros más, las ARS y AFP recomiendan no modificar la Ley 87-01.
Defensa del Régimen Contributivo Subsidiado
Confieso que me impresionó y llenó de satisfacción la defensa del Contributivo Subsidiado, como un Régimen distinto del Contributivo y del Subsidiado, a favor de los trabajadores autónomos, tal y como está contemplado en la Ley 87-01.
“Entendemos necesario viabilizar la inserción de los trabajadores independientes y por cuenta propia al sistema, pero a través de un régimen distinto al régimen contributivo o del subsidiado, ya que su contribución es diferente”. Y favorecen una afiliación obligatoria y a cargo de la ARS pública, como se consigna actualmente.
Mis estudios señalan que el 70% de los trabajadores autónomos no califican para el Contributivo ya que carecen de patronos. Por ejemplo, un taxista pagaría mensualmente 3,720 pesos por una familia de cuatro miembros, sin incluir copagos, y sólo al SFS, lo que alejaría su afiliación, y constituiría una distorsión de los principios de igualdad y solidaridad social.
Tampoco caben en el Subsidiado porque, a diferencia de los más pobres, tienen capacidad contributiva para cubrir una parte de su afiliación. Esta opción duplicaría el costo fiscal, por lo que lo más probable es que sean excluidos del sistema.
Tenemos que evitar a toda costa que nuestro país retroceda a la época de un seguro social excluyente, en donde la población era abandonada a su propia suerte, sin poder pagar una iguala médica privada.
La protección masiva de los grupos sociales más vulnerables, implica afiliarlos al SENASA, reducir el costo de la cápita y mejorar la red pública. Ello es posible con un aporte de los beneficiarios y un subsidio menor que el Subsidiado y decreciente, como dice la ley.
Se trata de una solución viable, y en consonancia con los planes anunciados por el Presidente Medina.
JPM