En el Tribunal Constitucional se van a experimentar cambios significativos, pero que no provocarán una metodología que rompería con la línea conservadora. Hay sangre nueva, por la edad y los conocimientos, pero todavía los seleccionados son guiados por los vientos de una débil institucionalidad.
Se rompió con la cuota a los partidos. Se pactó de inicio satisfacer los deseos de los dos principales partidos de oposición, pero luego se les dejó en el aire. Sin embargo, la sociedad civil logró satisfacer sus deseos de mantener representantes en el tribunal.
En el ámbito profesional, fue una buena selección, pero se dio como siempre el reparto de cuotas, con la sorpresa de que no se favoreció a los partidos, sino a grupos mediáticos. Se va esfumando la idea de que un centro universitario en todas las selecciones de jueces tenía que tener su asignación.
No se ha terminado con la voracidad del partidismo, de la sociedad civil, de los grupos mediáticos, y de la todopoderosa aplanadora de los que están en el poder. Es una selección de cinco que llegan impulsados de un solo lado. Queda por ver si sobre la marcha pesa más lo académico, que cualquier compromiso o simpatía existente antes de la juramentación.
Para palpar el verdadero compromiso con la institucionalidad y defensa irrestricta de la Constitución de estos magistrados, hay que dejarlos trabajar. Hay que darle la oportunidad de que a sus manos lleguen demandas y acciones polémicas, y ver cómo se comportan.
Por demás, el Tribunal Constitucional sigue siendo una institución conservadora, que por la misma composición de sus miembros no va a cambiar de un golpe. Ahora, ya hay nuevos vientos en marcha, y de seguro que en las primeras jornadas de trabajo se escucharan voces disidentes y hasta tremendistas.
A nivel político, el desconocimiento de las cuotas a los partidos de oposición puede tener un significado especial. Puede ser un rompimiento de acuerdos de aposentos, y de mediaciones para conseguir apoyo o rechazo en determinados proyectos, sean de leyes, o de apuntalamiento económico o social. El camino está abierto a las sorpresas.
Los reglamentos internos no prohíben acciones y apoyos que transitan conflictos de intereses unidos en familiaridad y jefatura. El sector gubernamental se blinda con un tribunal que se podría inclinar en cualquier violación constitucional. Los jueces hablan por sentencia. Esperemos.
jpm-am

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