Siendo Director General de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) en la República Dominicana, fui parte de una comisión intersectorial que, por orden expresa del Presidente Hipólito Mejía, viajó a Bogotá, Colombia.
Esa Comisión tenía la encomienda de buscar apoyo en la empresa de Transporte Masivo llamada TransMilenio de la ciudad de Bogotá, Colombia. Ya conocíamos de los logros de este sistema y vimos que podría ser una solución a un problema que ya se estaba convirtiendo en serio y delicado.
Hoy, después que nos hemos convencido de que la solución a través de autobuses articulados y guaguas alimentadoras era la correcta, seguimos diciendo que esa es la solución, pero no ha habido voluntad política. El gobierno es un bultero y se hace ciego, mudo, sordo, atolondrado y gambao.
El presidente Hipólito Mejía apoyó la propuesta que varios funcionarios le presentamos, pero el Secretario de Obras Públicas de entonces, Miguel Vargas Maldonado y los funcionarios del PLD que asumieron el control del Estado en el 2004, se pasaron por el trasero nuestra propuesta. Ellos deben ser acusados de principales responsables del profundo malestar y el caos generalizado que este problema sigue generando.
De igual manera, propusimos una Ley para cambiar todas las estructuras de las instituciones de transporte y tránsito. A mi entender, este fue mi mayor logro en esos 4 años al frente de este organismo. Todos los transportistas la apoyaron, el presidente de la República la envió a la Cámara de Senado, junto con losprincipales agents del sector hicimos seminaries y talleres, fuimos a motivar y sensibilizar a los senadores del antiguo PRD, pero qué va! Eso no les daba un sólo centavo de comisiones. Ni siquiera se detuvieron a analizarla. El presidente de esa cámara la envió a la Comisión de Obras Públicas, y ahí mismo murió, nada más se hizo.
Proponíamos una Superintendencia de Tránsito y Transporte Terrestre para integrar en una institución las 15 existentes. Esta Superintendencia tendría un presupuesto independiente, pues generaría los recursos para autosostenerse y para renovar la flota vehicular cada diez años. Ese era un reclamo constante de los transportistas y una necesidad para los usuarios.
La administración del PLD asumió la propuesta verbal y teóricamente, pero en la práctica la desnaturalizó y la desmembró. En la mente de un peledeísta no cabe la idea de asumir una propuesta que venga de un funcionario opositor.
La Superintendencia propuesta sería una institución de carácter técnico, dirigida por técnicos calificados del sector, contratado por concurso por medio de un contrato de gestión que estableciera las metas e indicadores de logros.
Todo esto fue desvirtuado al momento de aprobar la ley propuesta por los congresistas peledeístas, y todos sabemos por qué.
Para colmo, se designa a una persona en la dirección del INTRANT con muy pocas luces, sin los conocimientos y sin las energías suficientes para implementar la solución de los problemas que se presentan en un sector tan conflictivo y tan vital para la población.
Seguimos en la tercera entrega.

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