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Tomando el toro por los cuernos
En las últimas semanas hemos sido testigos de un escenario caracterizado por un cruce de sentencias entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana. Cual boxeadores que luchan a muerte para obtener un título estas dos instituciones de justicia han evacuado sentencias en las que se establecen con claridad sus firmes decisiones. El tema en cuestión es el derecho a la ciudadanía dominicana de miles de hijos de inmigrantes haitianos que han nacido en territorio dominicano. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana evacuó primero una sentencia con el número 168-13 en que establece que de acuerdo con las constituciones vigentes desde el 1929 hasta la fecha, los hijos de inmigrantes indocumentados no tienen derecho a la ciudadanía automática porque ninguna de las constituciones dominicanas han establecido el Jus Solis como forma de otorgar la ciudadanía dominicana a hijos de extranjeros. La CIDH, por su parte, le ha ordenado al estado dominicano que cambie su constitución y sus leyes migratorias a los fines de que lo hijos de los inmigrantes haitianos nacido irregularmente en el país puedan acceder a la ciudadanía dominicana. Ante esta sentencia de la CIDH el país se alborotó al ver que su soberanía había sido vulnerada por un organismo de la justicia internacional del que se había hecho parte desde hace muchos años. Las reacciones fueron de todo tipo y tamaño, pero la más importante fue la del TC que prácticamente exonera al estado dominicano de toda responsabilidad al decir que su integración a la CIDH se hizo de manera irregular y sin cumplir con determinados requisitos establecidos por la constitución. Por su parte el ex presidente Leonel Fernández dijo que la CIDH se excedió en sus funciones, con lo cual justifica la decisión del TC; y más adelante, en una conferencia dictada en la OEA en Washington, dijo que el estado dominicano no puede aplicar la sentencia de la CIDH porque la misma es contraria a lo que establecen la constitución y las leyes de la República Dominicana. Entonces queda claro que el estado dominicano no está dispuesto a acatar ninguna disposición internacional que lacere su soberanía nacional. Para hacer esto el estado se refugia en el mismo derecho internacional que le da a los estados el derecho a legislar y a crear sus propias leyes de acuerdo a su sagrado interés nacional. Con estas sentencias del TC y con las decisiones asumidas por sus líderes, la República Dominicana reafirma que es un estado soberano y que los tiempos en que se le dictaban decisiones desde afuera se han quedado atrás. Estamos ante la presencia de un auténtico gobierno de Liberación Nacional. Definitivamente que tanto el estado como el gobierno dominicano han empezado a tomar el toro por los cuernos reafirmando su condición de estado soberano e independiente. No obstante la actitud asumida por ciertos grupos nacionales que al parecer han preferido seguir rindiendo pleito homenaje a la elite foránea en vez de manifestar su lealtad al país. El país debe mantenerse firme ante los embates de la élite foránea y sus aliados criollos que buscan mantenerlo subyugado a sus intereses; y debe seguir demostrando con hechos que el hecho de que sea un país pequeño no lo obliga a tener que vivir arrodillado a los poderes fácticos foráneos y nacionales. El sueño de Duarte se agiganta al acercarse los 200 años de la fundación de la República Dominicana y el PLD debe mantenerse en el poder para que el país llegue a la celebración de dicho evento en condiciones dignas para sus habitantes y sobre todo con soberanía plena. .