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Las naciones no pierden su libertad en un solo día. La pierden cuando dejan de defenderla todos los días. Y la República Dominicana enfrenta hoy uno de esos momentos en que la historia no pregunta si somos optimistas o pesimistas: pregunta si somos responsables.
En silencio —sin estruendo, sin fusiles, sin ocupaciones militares— se ha instalado un modo de gobernar que traslada decisiones estratégicas a contratos de largo plazo, alianzas público‑privadas, fideicomisos y estructuras “corporativas” que, cuando no están sujetas a control ciudadano real, terminan concentrando poder, rentas e influencia en pocas manos. La soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde acceso, comprensión y control sobre lo que le pertenece.
Bajo discursos de modernización, eficiencia y crecimiento, se han expandido mecanismos que socializan riesgos y privatizan beneficios. Se promete progreso, pero se normaliza un patrón donde el Estado asume la carga y una minoría captura la renta. Ese patrón se vuelve más grave cuando el endeudamiento limita el margen para invertir en lo esencial, y cuando exenciones y subsidios se vuelven permanentes sin evaluación pública transparente. La pregunta no es ideológica: es republicana. ¿Quién paga la factura? La paga el ciudadano común, con servicios frágiles y con un Estado cada vez menos capaz de protegerlo.
Y la consecuencia más dolorosa no es una estadística: es un rostro. Un país donde demasiados jóvenes quedan fuera del estudio y del trabajo —y donde muchos otros, aun formados, no encuentran oportunidades reales ni un nivel de vida digno— acumula frustración y pérdida de esperanza cívica. Una nación que no puede ofrecer futuro a su juventud compromete su propia continuidad.
Este deterioro no es solo económico o político; es moral, social y espiritual. Un modelo que reduce al ciudadano a espectador y lo público a plataforma de rentas empuja a la sociedad al abismo de la mentira útil, del ego y de la apariencia. Allí donde la justicia se vuelve excepción y la verdad se vuelve propaganda, la democracia se vacía por dentro. Y un pueblo sin verdad no se organiza: se resigna.
Por eso febrero no es un mes decorativo. Febrero es memoria activa. En 1844, Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios demostraron que la Patria debía ser un proyecto moral antes que un proyecto de poder. La independencia no fue solo expulsar opresores externos; fue afirmar que el bien común debía primar sobre los intereses particulares. Duarte lo advirtió con claridad: la autoridad sin moral y justicia termina traicionando la nación.
Hoy esa advertencia resuena con fuerza, porque el riesgo ya no se presenta como invasión: se presenta como “modelo”. Un modelo sofisticado que captura decisiones estratégicas y oportunidades sociales sin control ciudadano suficiente. Reconocer ese peligro es el primer paso hacia la liberación.
Pero la libertad no se preserva con diagnósticos. Se preserva con acción consciente. Los pueblos que han defendido su soberanía han seguido un camino exigente, pero seguro: despertar la conciencia ciudadana, reconstruir la ética pública y organizar la participación social. Ninguna democracia se sostiene cuando la sociedad renuncia a vigilar el poder.
Liberarse hoy no significa confrontación violenta ni ruptura institucional. Significa rescatar el sentido original de la República: instituciones abiertas, decisiones públicas sometidas al escrutinio ciudadano y políticas orientadas al bienestar colectivo. Significa defender el Estado Social y Democrático de Derecho no como lema, sino como mandato constitucional.
Y esa defensa empieza por lo mínimo indispensable, lo verificable, lo que no admite excusas: contratos completos y anexos públicos; auditorías independientes con resultados comprensibles; y sanciones ejecutadas con evidencia verificable. Si el poder invoca eficiencia, debe mostrar documentos; si invoca el interés nacional, debe abrir la información; si exige cumplimiento, debe exhibir pruebas.
Sin esos candados, lo público se vuelve mercancía y la libertad se reduce a apariencia. Los instrumentos cambian —del grillete a la cláusula—, pero al final producen los mismos resultados. Ayer la opresión se imponía con cadenas y bayonetas; hoy puede imponerse con contratos opacos y estructuras sin control. Cambia el siglo; el daño es el mismo: concentración, dependencia y ciudadanía sin voz.
Como ciudadanos —y como sujetos morales— tenemos una responsabilidad que no se puede delegar ni posponer. Comprender la gravedad de lo que ocurre y abstenerse de actuar es quedar fuera de lugar en el tiempo histórico. Defender la Patria hoy no exige odio ni caos; exige coherencia ética, disciplina cívica y vigilancia permanente.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social lo afirmamos con sentido de urgencia y con esperanza: el reloj de la libertad sigue marcando su hora. Febrero nos convoca a despertar. No a gritar más fuerte, sino a pensar más claro. No a odiar, sino a exigir. No a destruir, sino a rescatar la República.
Que este Mes de la Patria sea un llamado a la conciencia nacional. La gran pregunta que enfrenta hoy la República Dominicana no es solo política o económica: es histórica, moral y espiritual. Decidir si seremos la generación que dejó que el reloj de la libertad se apagara, o la generación que lo hizo sonar con la fuerza de la conciencia, la justicia y Dios.
jpm-am
