El titular de Comunicación y Cultura, Guyler C Delva, se apresuró a negar que fuera responsable de dinero público previo a su cargo actual y precisó que SOS Journaliste, la asociación privada de la cual era garante, tiene como misión luchar por la justicia de los periodistas asesinados en el país.

Recientemente, la Cámara baja se negó reunirse con cuatro de los responsables de cartera, luego de que el Tribunal de Cuentas enviara una misiva señalando que los recién nombrados ministros no deben ejercer, pues no fueron liberados de sus puestos previos donde manejaban dinero público.

Delva subrayó que en el curso de su trabajo, la comisión recibió una ‘simple’ donación para facilitar algunas tareas, tal como sucede con otras asociaciones de base que, generalmente, reciben subsidios del Estado haitiano para concretar proyectos en interés de su comunidad.

De igual manera, indicó que la verificación de la elegibilidad de los ministros es responsabilidad de la autoridad nominadora, es decir, el Poder Ejecutivo y los nombramientos se hicieron en estricta conformidad con los requisitos constitucionales.

Por su parte, los medios denuncian la ilegitimidad de los titulares y el silencio cómplice del gobierno, al tiempo que cuestionan cómo la actual administración con una mayoría en el Senado es incapaz de modificar las leyes.

La Cámara baja anunció la creación de una comisión especial para investigar estos funcionarios, instruidos en su cargo tras la remodelación del gabinete ministerial, mientras que los diputados opositores aseguran que es una pérdida de tiempo y reclaman el despido y remplazo inmediato de los cuatro responsables de carteras.

El gobierno se encuentra ahora ante una encrucijada, respetar las disposiciones legales o ceder a las presiones parlamentarias y de otras organizaciones sociales, las mismas que lo hicieron reestructurar su gabinete en abril último.