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Reclusos y reforestación
Como un vaso de agua refrescante en medio de un medio ambiente caldeado, ha sido recibida en la población la noticia de puesta en marcha del Proyecto de Apoyo Penitenciario a la Gestión de Cuencas Hidrográficas.
Se trata de un plan encaminado a utilizar reclusos de las cárceles que cumplen la etapa final de sus condenas en programas de reforestación en áreas donde nacen ríos y actualmente registran perdida de la arboleda natural.
Con treinta privados de libertad comenzó hace algunos días en la comunidad de Santana, perteneciente al municipio de Los Cacaos, en las montañas de la provincia San Cristóbal, donde está la cuenca del hoy diezmado río Nizao.
Es un proyecto piloto bien concebido, simpático para la población, histórico podría decirse, impulsado por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP).
La idea es ir mitigando los daños que han sufrido las cuencas del país, empleado en la siembra de especies propias para la reforestación a mil privados de libertad de medio libre (próximos a cumplir), los cuales se estarán rotando, anunció el activo director de Egehid, Rafael Salazar.
El Presidente Luis Abinader dio su aprobación al proyecto, novedoso y beneficioso para los “privados de libertad”, como se les dice ahora en el lenguaje innovador, que serán escogidos tomando en cuenta su buena conducta.
Salazar
“Este es un programa continuo, serio, medible, en el cual esperamos que se integre toda la comunidad”, sostuvo Salazar, apuntando que en la primera etapa se ejecutarán acciones de reforestación, recuperación de bosques y limpieza de riberas de ríos y presas en la cuenca del río Nizao, que nutre los complejos hidroeléctricos de Jigüey, Aguacate, Valdesia y el contraembalse Las Barías, así como la del río San Juan, donde se encuentra la presa de Sabaneta.
Este funcionario, cauto al hablar, tocó un aspecto sensible: “los internos permanecerán en campamentos enclavados en las montañas, donde el Gobierno ha dispuesto un personal de seguridad penitenciario, guardias y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), así como una cocina móvil de los Comedores Económicos, entre otras facilidades.
A todas luces es un proyecto viable y factible, provechoso a la reinserción social de personas que han incurrido en violación de la ley y necesitan incentivos para volver a desenvolverse en la vida normal.