RD como referente democrático en América Latina

La República Dominicana ha venido consolidando, especialmente desde el año 1996, un proceso de estabilidad democrática que la coloca como una de las democracias más resilientes de América Latina.

El poder político reside en el pueblo y se expresa a través de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, instrumentos esenciales mediante los cuales los ciudadanos ejercen el sufragio para elegir presidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores. Así lo consagra la Constitución de la República, estableciendo que las autoridades deben someterse al escrutinio popular cada cuatro años, porque la democracia no puede existir sin la libertad de elegir y ser elegible en condiciones de equidad.

Sin embargo, esta semana que concluye dejó al descubierto dos acontecimientos que, por extrañas coincidencias del destino político, terminaron cruzándose en el mismo escenario nacional. El primero fue la histórica lucha del pueblo de San Juan contra la explotación minera en Loma Romero. A fuerza de caravanas, protestas y huelgas exitosas, miles de ciudadanos levantaron una sola consigna: “Agua sí, oro no”.

El eco de esa consigna descendió desde las montañas como un río de indignación colectiva que obligó al poder político a escuchar. Finalmente, el presidente de la República decidió paralizar toda actividad minera en esa demarcación, reconociendo el derecho de las comunidades a defender sus ríos, bosques y fuentes de vida.

El segundo tema irrumpió con igual intensidad en el debate nacional: la propuesta de reducir en un 50 % los recursos económicos destinados por ley a los partidos políticos, bajo el argumento de disminuir el gasto público ante el impacto del alto costo del petróleo y las dificultades fiscales.

La medida provocó el rechazo inmediato de diversos sectores políticos y especialistas en derecho constitucional y electoral, quienes advirtieron que tal decisión podría debilitar la democracia representativa y ampliar las ventajas estructurales del partido gobernante, que ya administra el aparato estatal y los recursos públicos.

Aquí surge una interrogante profundamente política y moral: si el presidente consideró oportuno escuchar el clamor de los sanjuaneros para proteger el agua, las montañas y la vida, ¿por qué no actuar con la misma sensibilidad frente al financiamiento de los partidos políticos, pilares fundamentales de la participación ciudadana? Reducir drásticamente los recursos destinados a las organizaciones políticas puede traducirse en menos formación electoral, menos movilización ciudadana y mayores desigualdades entre oficialismo y oposición.

Una democracia sin partidos fuertes termina pareciéndose a una casa iluminada únicamente por una sola ventana: tarde o temprano, la oscuridad termina ocupando el resto de las habitaciones.

Los partidos políticos, aun con todas sus debilidades y contradicciones, continúan siendo vehículos esenciales de representación social. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos como IDEA Internacional han sostenido que el fortalecimiento institucional de los partidos es una condición necesaria para preservar la competencia democrática y evitar la concentración del poder. Cuando se debilitan los mecanismos de participación, se fortalece silenciosamente el autoritarismo administrativo.

La democracia representativa es la llama que mantiene encendido el motor del desarrollo económico, la estabilidad institucional y la confianza de las inversiones. Ningún inversionista serio deposita capital en sociedades donde la incertidumbre política amenaza las reglas del juego. Por ello, atentar contra la estabilidad y sostenibilidad de los partidos políticos constituye un flaco servicio al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática de la República Dominicana.

Resulta evidente que ciertos sectores empresariales, políticos y mediáticos vinculados al poder parecen haber perdido de vista el delicado equilibrio social que sostiene la gobernabilidad.

La llamada “economía del bienestar” no puede convertirse en un privilegio reservado para pequeñas élites mientras la mayoría de la población enfrenta el peso insoportable del alto costo de la vida. El encarecimiento de los alimentos, el deterioro de la educación pública, la precariedad hospitalaria, los elevados precios de los medicamentos, el desempleo y los salarios insuficientes son heridas abiertas que laten diariamente en el cuerpo social dominicano.

Las protestas de San Juan podrían ser apenas una advertencia temprana de lo que ocurre cuando las comunidades sienten que el Estado deja de escuchar. La historia latinoamericana demuestra que los pueblos soportan durante mucho tiempo las cargas económicas y las desigualdades, pero también enseña que existe un límite invisible donde el silencio social se transforma en estallido colectivo.

Como reza un viejo dicho popular: “Si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca”. Y cuando la roca rueda, no siempre el poder logra detenerla.

El presidente Luis Abinader parece haber comprendido el mensaje enviado por el pueblo sanjuanero. Sabe que el poder no reside eternamente en los palacios, ni en los decretos, ni en las estructuras burocráticas; el verdadero poder descansa en la voluntad popular.

Hoy representa una mayoría política porque el pueblo así lo decidió, pero también sabe que esa misma voluntad puede modificar el curso de la historia democrática cuando siente amenazados sus derechos fundamentales.

En las democracias auténticas, el poder no desciende desde arriba: asciende desde abajo, desde las calles, desde las urnas y desde la conciencia colectiva de los ciudadanos.

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