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¿Quién supervisa los préstamos?
¿Quién supervisa los préstamos que hace el gobierno? ¿Cuántos son los intereses que pagamos los dominicanos, por concepto de impuestos? ¿Es invertido el dinero de los préstamos en las áreas destinadas? ¿A cuánto ascienden los beneficios de los legisladores, por levantar la mano para aprobar esos préstamos?.
Desde un punto de vista óptico, estas interrogantes ni siquiera el presidente Danilo Medina, representante del superior gobierno podrían responderla.
Este país no saldrá nunca del atraso incurriendo en la adquisición de préstamos millonarios para seguir engordando «la vaca flaca», mientras corre por sus fueros el incremento de la pobreza, mala calidad de educación, falta de medicamentos en los hospitales, violencia ciudadana y el país prácticamente apagado por falta de energía eléctrica.
Recientemente los legisladores aprobaron un préstamo por la suma de 189 millones de dólares, en plena campaña reeleccionista y al doblar de la esquina las festividades navideñas. Sin embargo, al país no se le ha informado cuál será el destino de esos recursos, que a la postre, van a ser pagados por todos los dominicanos.
Es importante recordar que anteriormente la Cámara de Diputados había ratificado seis resoluciones aprobatorias de contratos de préstamos, con un monto superior a los US$683 millones de dólares, para sólo mencionar una parte, que serían invertidos en varios proyectos, principalmente en la construcción de escuelas, la gran mayoría de estas con presupuestos subvaluados por la OISOE (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado).
Recientemente, el presidente Danilo Medina calificó el Estado de ser transparente y creador de oportunidades, al referir que durante su mandato «la nómina de proveedores del Estado, cuando asumimió la presidencia de la República, era de un poco más de 19 mil; tres años más tarde, en octubre del 2015, era de 57 mil 527, aumentando en 38 mil nuevos proveedores”. Podría tener razón el mandatario, pero a la postre, esos recursos no abarcan a toda la camada de jóvenes que buscan ser beneficiados con un préstamos para mejorar su status de vida.
Más que estructural, la gran crisis por la que padece República Dominicana, es política, porque no puede haber transparencia en un país donde todos los servicios carecen de eficiencia y estratégicamente se hacen préstamos de recursos con objetivos que sólo son cumplidos en discursos y campañas mediáticas puestas en marcha por ministros y representantes del gobierno.
Aprobar un préstamo de 189 millones de dólares en víspera de la celebración navideña y en plena campaña electoral, sin lugar a dudas, es una manifestación de corrupción. Los dominicanos podrían considerar este préstamos como un pastel para alimentar las góndolas de los supermercados en las compras de canastas y cajas navideñas que serán distribuidas para incrementar la popularidad del gobierno e invertirlo en la campaña reeleccionista.
Si el presidente -como alardea- quiere promover la transparencia durante su mandato, debe ser más oportuno en garantizar el cumplimiento de las leyes y en base a un presupuesto anual que incremente el salario de los servidores públicos.
A finales del 2016 es posible que el nuevo gobierno que presidirá Danilo Medina someta al congreso un nuevo contrato de préstamo millonario, sin antes saldar el pago de los pendientes y a fin de enfrentar el déficit fiscal provocado por las inversiones anteriores y el derroche de dinero puesto en escena durante el proceso de campaña, déudas que tendremos que adjudicarnos todos los dominicanos con el incremento de los impuestos.
Es importante señalar, que en materia política y económica, la transparencia es un referente de conocimiento profundo y detallado de las decisiones, resoluciones y reglas tomadas por las administración de los poderes del Estado, una reflexión totalmente divorciada del pensamiento con que la destaca el presidente Medina, cuando hace referencia al incremento de las contrataciones públicas.
Un gobierno es transparente cuando aplica este recurso sin subjetividad y enfrenta todos los indicios de truchimanerías en el quehacer político del Estado.