¡Que siga el festín…!

Al parecer, el discurso enarbolado por el Presidente de la República, Lic. Luis Abinader, desde que asumió la presidencia, sobre el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, se ha quedado sólo en eso: en un simple discurso.

Las acciones y escándalos de ¨irregularidades¨ y manejo alegre de los fondos públicos que hemos estado viendo desde el mismo momento en que inició su gestión de parte de funcionarios y autoridades corroboran este planteamiento.

Son acciones que, en principio, no constituyen legalmente actos de corrupción, pero que en el fondo generan grandes dispendios de recursos que muchas veces superan por mucho a algunos actos que se consideran alejados de la legalidad.

Empezando por los altos e injustificados aumentos de salarios que se hicieran a inicio de gestión la mayoría de los funcionarios del gobierno, hasta las concesiones alegres y fáciles de permisos para importar productos a decenas de amigos y allegados del gobierno.

Siguiendo con el otorgamiento de más de 50,000 ¨pensiones¨, sin ningún sustento legal, a dirigentes políticos del partido oficial y de otros partidos de la oposición que han sucumbido ante las ofertas tentadoras provenientes del gobierno para que pasen a formar parte del PRM.

El desborde sin control de pagos por publicidad a medios de comunicación y periodistas para que salgan en defensa de la gestión del presente gobierno.

Y más recientemente, el gobierno, a través del MAP, dispuso de manera alegre, y sin previo proceso de consulta, una ¨compensación¨ a funcionarios del Estado para la adquisición de vehículos, bajo el burdo pretexto de que serán usados para asuntos oficiales.

Con esa disposición que acaba de tomar el gobierno se pretende otorgar a más de 200,000 funcionarios del Estado una concesión para que saquen vehículos de su conveniencia y que el Estado le pague la mensualidad bajo el pretexto de la aludida “compensación” por el “uso” del vehículo.

Esos más de 200,000 funcionarios públicos podrían ser favorecidos con recursos públicos con un promedio de RD$1,500,000.00 cada uno, lo que equivaldría a un monto global de más de RD$300,000,000.00 que se desprenderían del presupuesto nacional para favorecer a dichos funcionarios.

Independientemente de la buena intención que se pueda tener desde el Ministerio de Administración Pública (MAP) para aplicar esa medida, deben reconocer que la misma puede generar serias dificultades al gobierno en el entendido de que podría dar lugar, con justa razón, a las siguientes interpretaciones:

1ro. Se vería como una especie de favoritismo y privilegio a una serie de funcionarios para que se hagan de vehículos nuevos (y de buenas marcas), y que el Estado les pague las mensualidades del financiamiento, disfrazado ese pago de una supuesta “compensación” por su uso ocasional en asuntos oficiales; y

2do. Podría dar la impresión de que esos favores se les otorgaría a muchos dirigentes políticos que son funcionarios en el gobierno, para que éstos utilicen esos vehículos en campaña electoral, poniéndoles afiches y distintivos que se identifiquen con la reelección.

Lamentablemente estos hechos señalados no han llamado la atención a las autoridades competentes ni a los órganos que se encargan de la promoción de la ética y el control y prevención de la corrupción.

Constituye un imperativo acabar con el derroche de los recursos públicos, es decir, aquellos gastos superfluos a cargo del erario que, aunque a simple vista no constituyen actos de corrupción, sí afecta el buen uso de los mismos en detrimento de la ciudadanía.

La sociedad, cada vez más activa en la vida política demanda que los gobernantes sean más responsables, transparentes y eficientes en el gasto público.

Gastos como es el pago de supuestas “pensiones”, aumentos indiscriminados de salarios, “compensación” por vehículos, boletos de avión en clase premier, gastos de publicidad de la imagen personal de altos funcionarios públicos y políticos, altos viáticos, entre otros, causan indignación a la población, y no contribuyen en nada a la buena imagen del gobierno.

El gobierno debe detener el derroche de recursos públicos en gastos innecesarios e invertir esos recursos en programas de auténtico interés social y obras de infraestructura en beneficio de la población.

Mientras el país se endeuda hasta el gollete, funcionarios del Gobierno se enriquecen en medio de la mayor impunidad, en un festín que permiten y toleran autoridades que debían perseguir y castigar esos actos reñidos con la moral y la ética.

Prácticamente, los recursos del dominio público se han convertido en una piñata para aquellos que entienden que los bienes del Estado Dominicano se pueden distraer a su antojo, porque entienden que el hecho de estar en el poder o tener vínculos con su entorno, les otorga derecho a participar del festín que ofrecen los recursos del dominio público.

jpm-am