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Prisión para funcionarios que no ejecuten sentencias
El proyecto de nuevo código penal establece penas de prisión para los funcionarios que no acaten una sentencia o el mandato de la ley.
El funcionario que obstaculice o impida la ejecución de una ley o sentencia será sancionado con penas de prisión de dos a tres años y de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público. Es decir, se le impondrá una multa de más de 50 mil pesos.
Este nuevo delito se denomina en el proyecto como “sanción por obstáculos de ejecución de una ley o sentencia”, ubicado en el libro cuarto del proyecto, y pertenece al capítulo de la infracciones contra la administración pública cometidas por personas que ejercen una función pública. Es decir, que esta infracción es una conducta contra la administración pública. El proyecto de código lo establece en el artículo 299 y se expresa:
“Artículo 299. Sanción por obstáculo de ejecución de una ley o sentencia. El funcionario o servidor público que, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, obstaculice o impida la ejecución de una ley o una sentencia o decisión pronunciada por un tribunal nacional con autoridad legal para ser ejecutada será sancionado con dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público que perciba el imputado al momento de la comisión de la infracción.”
Los delitos contra la administración pública protegen el bien jurídico viene a ser el normal y recto funcionamiento de la Administración Pública. “es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país” afirma la doctrina comparada.
Este delito ha sido una reclamación por abogados y el resto de la sociedad, toda vez, que en el ejercicio del derecho, los abogados enfrentamos a diario muchas dificultades para ejecutar lo decidido por los tribunales de la república o el no acatamiento de la ley.
La Constitución en su artículo 159 pone a cargo de ejecutar las sentencias al Poder Judicial, pero históricamente este poder, no ha cumplido con este mandato constitucional. Ha sido poco diligente en el ejercicio de dicha regla.
“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. ..”
Se prevé con esta regla penal muchos funcionarios presos. Miles de sentencias no se acatan en la RD. Es un gran dolor de cabeza para el ejercicio de los abogados y el usuario de la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una línea jurisprudencial de responsabilidad internacional contra Estados por no ejecutar una sentencia. Y ha dicho que él no cumplimento de una sentencia es una violación al acceso a la justicia.
Ya lo dijo la corte IDH: El Estado violó la Protección Judicial y el Acceso a la Justicia. La responsabilidad del Estado no termina con la sentencia, termina con la ejecución de la sentencia. “La corte ha señalado, en virtud del artículo 25.2.c de la convención, que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados.” Corte IDH. Cuscul Pivaral y otros. Vs. Guatemala. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359 (69).
Ojalá aprueben está ley. Hay funcionarios que son dioses humanos, seres superiores que desacatan la ley y nada pasa. Es como si el Estado no existiera o les perteneciera . Esta pocilga de país , debido a la corrupción, a funcionarios idiotas y ladrones, a fiscales criminales y jueces vendidos al mejor pistor , policías y FA macarras de la moral . Pobre pueblo digno de mejor suerte.