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SANTO DOMINGO. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) que certifique si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha cumplido con el emplazamiento realizado el pasado 30 de agosto de 2025, mediante acto de alguacil, en el cual se le ordenaba detener los actos y declaraciones de carácter proselitista realizados fuera del plazo legal.
El delegado político del PRD ante la JCE, José Fernando Pérez Vólquez, depositó el 29 de septiembre un documento en la Secretaría General del órgano electoral solicitando que se haga constar si el PRM cumplió o no con lo dispuesto en el acto de alguacil 674/2025. En caso de que así lo haya hecho, pidió que se notifiquen cuáles fueron los actos realizados por esa organización en respuesta al mandato de la Junta.
El PRD denunció que ya han transcurrido más de 13 días desde el vencimiento del plazo otorgado al PRM y que hasta la fecha no se conoce respuesta alguna del partido oficialista, lo que constituye un desafío abierto a la autoridad de la JCE y una amenaza a la equidad democrática del proceso electoral.
En ese sentido, el vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, instó a la JCE a actuar con firmeza para garantizar que se respete su autoridad y la ley electoral.
“Yo le hago un llamado a la Junta Central Electoral para que haga valer su decisión, porque si eso se queda así aquí nadie va a respetar nada de la JCE y todos van a estar en campaña. Por otro lado, al señor Paliza que diga si ha mandado la comunicación por escrito a la Secretaría de la Junta Central Electoral y a la Junta Central Electoral, que de no hacerlo aplique las sanciones”, manifestó.
El PRD advirtió que la inacción frente a la violación de plazos electorales por parte del PRM representaría un grave retroceso institucional, debilitando la autoridad de la JCE y poniendo en riesgo la transparencia del proceso.
Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y llamó a la Junta a aplicar sin dilación las sanciones que establece la ley, que van desde multas administrativas hasta la no aceptación de candidaturas, con el objetivo de frenar el proselitismo anticipado y garantizar un proceso electoral justo.
an/am