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Por una nueva ley de cooperativas
Por ISIDRO TORO PAMPOLS
Existe un cuerpo legal rector del cooperativismo en el país: la Ley 127-64 y la 31 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo de la República Dominicana (IDECOOP), del año 1963; entre otros decretos, reglamentos y resoluciones. Ese cuerpo legal fue trabajado por el gobierno del profesor Juan Bosch, siendo el Triunvirato quien lo revisó y puso en ejecución.
En la mayoría de las ciudades europeas un munícipe se desayuna con una variada carta de productos frutos de las cooperativas: leche, huevos, pan, cereal, incluso café cosechado en Costa Rica o Colombia. Se moviliza en transporte público y lee la prensa de alguna asociación; saca dinero de un banco cooperativo y paga el alquiler a una de viviendas. En fin, están presentes en la vida del vecino. En Alemania la cuarta parte de la población está afiliada a una cooperativa. Cajamar y Caja laboral Ipar Kutxa en España, tienen activos que superan los 70,000 millones de euros y enfrentaron la crisis financiera del “ladrillo” con éxito; mientras muchos banco fueron obligados a fusionarse para evitar su cierre y dejar en vilo a sus ahorristas.
Lo referido en el párrafo anterior pretende poner de bulto la importancia del cooperativismo moderno en sociedades como la europea, que gozan de un nivel de vida con una seguridad social importante. La idea de modernizar los instrumentos legales dominicanos es la de coadyuvar a los asociados a desarrollar cooperativas fuerte sin perder sus prístinos principios de libertad, igualdad, equidad, solidaridad, tolerancia, fraternidad, eficiencia y transparencia.
El movimiento cooperativista agrupado en el Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP, ha presentado al Congreso Nacional un Código que aspira colocar en un solo instrumento legal las dispersas normas que rigen el sector; modernizando el sistema y fortaleciendo sus principios. Desean la creación de una Superintendencia de Cooperativas que actúe como lo hacen la de electricidad, la bancaria, la de telecomunicaciones, en sus respectivas áreas de influencia.
IDECOOP y CONACOOP se encuentran trabajando para enriquecer el proyecto. Tanto Julio Mariñez como Julito Fulcar tienen una visión coincidente de la necesidad de fortalecer la economía social como vía para enfrentar la desigualdad en la sociedad. Mariñez propone que la banca estatal reserve parte de su cartera para créditos blandos destinados a las cooperativas agropecuarias a bajísimas tasas de interés. Igualmente el apoyo a la capitalización del campo con activos subsidiados parcialmente, no más de un 30 por ciento, para aquilatar la base primaria de cualquier economía nacional saludable.
El año 2017 debe ser bueno para el cooperativismo dominicano. Hace falta una ley que facilite el esfuerzo del presidente Danilo Medina que ha realizado este año 154 visitas sorpresas, promoviendo la asociación de hombres y mujeres del campo, apuntalando 930 proyectos con una inversión superior a los 33 mil millones de pesos.
Ya es tiempo para que la República Dominicana tenga un marco legal moderno, que regule al cooperativismo.
JPM
