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Santo Domingo, 23 nov (Prensa Latina) El Ministerio Dominicano de Interior y Policía refuerza hoy las medidas encaminadas a bajar la tasa de homicidios, con 895 casos contabilizados hasta inicios de noviembre, principalmente por riñas.
Según el Análisis Estadístico de Criminalidad de la Policía Nacional, octubre cerró con 62 homicidios, septiembre, con 75; agosto, con 129; julio, con 92; junio, con 108; mayo, con 111; abril, 90; marzo, 97; febrero, 97, y enero, 124.
Precisamente este viernes, la ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la tasa acumulada de asesinatos en la provincia Santiago de los Caballeros, la segunda del país con mayor población, es de 7.21 por cada 100 mil habitantes.
Así lo dio a conocer durante un recorrido por distintos sectores de Santiago, donde se reunió con empresarios, industriales y representantes de juntas de vecinos, quienes pidieron más agentes y vehículos para la Policía, cursos técnicos y programas deportivos para los jóvenes de los barrios.
Raful valoró el trabajo conjunto que realizan autoridades y ciudadanos para mantener a la provincia con uno de los niveles más bajos de delincuencia en el país, de por si elevado en el territorio nacional.
De hecho, la inseguridad ciudadana constituye una de las primeras preocupaciones de los locales, además del alto costo de la vida y el desempleo.
La funcionaria destacó el avance en relación con años anteriores, cuando el índice de homicidios llegó a estar por encima de 26 por cada 100 mil habitantes en Santiago.
El número de homicidios en la República dominicana supera los mil casos desde el 2009, con excepción de 2020, el año más crítico de la pandemia por Covid-19.
En 2023 se registraron mil 237 asesinatos en el país, según los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La ministra Raful consideró esencial crear más conciencia ciudadana para evitar los conflictos sociales, y anunció que equipos de mediadores se capacitan para apoyar en este propósito.
Puntualizó que el Ministerio de Interior da forma a un Código de Convivencia, para que los líderes comunitarios resuelvan los conflictos sociales sin la necesidad de la intervención de la Policía.
arc/mpv
