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SANTO DOMINGO. – La defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero solicitó ante un tribunal la extinción de la acción penal en su contra, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
Así fue indicado por los letrados defensores, encabezados por Eduardo Nuñez, conforme a lo dispuesto en la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.
El planteamiento sostiene que el proceso penal comenzó en noviembre de 2020, cuando se produjo la primera afectación real a los derechos fundamentales del imputado.
La afectación material ocurrió el 22 de noviembre de 2020, con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, y se consolidó, en todo caso, el 5 de febrero de 2021, con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público.
Desde cualquiera de esos momentos, han transcurrido más de cinco años, y el proceso permanece aún en la etapa preliminar.
Según la defensa, el criterio sobre el inicio del cómputo del plazo ha sido reiteradamente establecido por el Tribunal Constitucional, el cual señala que el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado.
El incidente cita diversos precedentes constitucionales que consolidan esta interpretación como doctrina vinculante para los tribunales ordinarios.
PRESENTAN CONJUNTO DE EVIDENCIAS
Los abogados defensores presentaron un conjunto de evidencias que respaldan de forma inequívoca sus argumentos, e incluyen documentos oficiales, actuaciones procesales y jurisprudencia constitucional vinculante.
Destacaron que, más allá del debate procesal, los hechos imputados carecen de sustento material y explicaron que la acusación se apoya en pagos presentados como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales del Estado, debidamente registradas y documentadas.
Otro de los aspectos centrales de la petición es la conducta procesal de Guerrero, que es intachable.
agl/an
