“Este es un caso emblemático”, afirmó el fiscal anticorrupción Germán Juárez antes de ratificar ante el tribunal que instaló el juicio oral que el Ministerio Público, “más allá de toda duda razonable, va a probar” su acusación.
Juárez detalló que esta comprende los casos del proyecto de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que el exmandatario presuntamente recibió unos 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares o 565.000 euros) en sobornos, según la acusación.
El fiscal pidió que por el caso ‘Lomas de Ilo’ se impongan a Vizcarra 6 años de prisión y por la licitación del hospital, otros 9 años de cárcel.
También solicitó que el exmandatario se inhabilite durante 9 años para ejercer cualquier cargo público.
“El Ministerio Público ha considerado que existe un concurso real de hechos punibles y se deben sumar las penas, por lo que solicita por ambos delitos la pena de 15 años de pena privativa de la libertad”, remarcó.
Añadió que durante el juicio oral se probará, con testimonios de testigos e implicados en estos casos, que Vizcarra aprovechó su condición de funcionario público para solicitar sobornos para no objetar la adjudicación de estas obras.
Improcedentes las solicitudes de la defensa de Martín Vizcarra
Antes de la instalación del juicio, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside la magistrada Fernanda Ayasta, declaró improcedentes una serie de solicitudes presentadas por la defensa del exmandatario para que se declare la “nulidad absoluta” de la resolución que citó al inicio de la audiencia judicial.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, exigió que se evalúe su solicitud con prioridad, porque consideró que iba “a tener incidencia en la instalación del juicio oral”, mientras que la Fiscalía pidió que se declare improcedente la solicitud.
Ante esto, Siccha anunció que presentará un recurso de queja por la denegatoria del recurso de apelación, lo que respondió la presidenta del tribunal con la invocación de que lo haga por escrito y a las instancias superiores correspondientes.
Poco antes del inicio de la audiencia, Vizcarra declaró a periodistas que demostrará que no cometió “ningún delito” y que su defensa iba a pedir que “se regularice el proceso”.