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PANAMÁ: Provincia Bocas del Toro sitiada otros cinco días
Ciudad de Panamá, 25 jun (Prensa Latina) La occidental provincia panameña de Bocas del Toro amanece hoy en estado de urgencia, prorrogado otros cinco días por el Gobierno en medio de disturbios, detenciones y protestas contra una norma de pensiones.
La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó extender prorrogar esa medida hasta el domingo 29 de junio, la cual permite la restricción de varias garantías constitucionales.
La resolución gubernamental también restableció los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por abogados y expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.
Este artículo 23 tiene como finalidad garantizar que un juez competente decida sobre la legalidad de la detención y, cuando corresponda, ordene la liberación inmediata de la persona aprehendida, gestión que comienza a incrementarse debido a arrestos arbitrarios , según los manifestantes contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
También se aprobó una resolución del Ejecutivo que permite aumentar de 10 a 40 millones de dólares la erogación de recursos para atender la recuperación económica del territorio noroccidental fronterizo con Costa Rica, eminente turístico y bananero.
RESTRICCIONES
Entre las restricciones que se mantienen está la suspensión de los servicios de internet y telefonía móvil en Bocas del Toro, lo que para varias agrupaciones como el sindicato de periodistas de Panamá es violatorio de tratados internacionales.
Ese colectivo en un comunicado señalo que de esta manera se obstaculiza el conocimiento ciudadano de situaciones sensibles como manifestaciones, protestas sociales y posibles abusos de autoridad, como lo fue el traslado de decenas de apresados incomunicados, rapados y desnudos a otra provincia para legalizar su detención.
SILENCIO INFORMATIVO
En un gobierno que se declara democrático, el silencio informativo impuesto por el poder solo abre paso a la represión, la impunidad y la desinformación, señala ese texto.
El apagón digital fue ordenado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), como parte de las acciones del Ejecutivo para contener las protestas que desde hace casi dos meses se concentran en el occidental territorio, especialmente en rechazo a las reformas sobre pensiones y jubilaciones.
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