La selección de los jueces por voto popular es un tema, sin duda, controversial, que se ha debatido ampliamente en Bolivia y México, además de otros países, al considerar la conveniencia o no de esta práctica. En la actualidad es utilizado en algunos sistemas judiciales (por ejemplo, en varios estados de EE.UU., Bolivia y México), en el que los ciudadanos eligen directamente a los jueces mediante elecciones.

Los que favorecen la elección de jueces por voto popular argumentan que con dicha práctica se logra una democratización del Poder Judicial, ya que permite que los ciudadanos tengan una participación directa en la selección de quienes administrarán justicia.

También replican que los jueces electos podrían sentirse más responsables ante los ciudadanos que los eligieron, lo que ayudaría a que mejoren su desempeño, reduciría la corrupción y fomentaría decisiones más acordes con los valores y expectativas de la comunidad

Otra de las ventajas señaladas a favor de esta forma de selección es que los jueces elegidos por el pueblo estarían dotados de una mayor legitimidad y autoridad moral para tomar decisiones que afecten a la sociedad. Además, pueden gozar de mayor aceptación pública al ser considerados representantes directos de la voluntad popular. Por otra parte, este sistema fomenta la participación cívica y el interés del público en el sistema judicial.

Una ventaja adicional sería la reducción del control del Poder Ejecutivo o legislativo sobre el Poder Judicial, promoviendo de esta forma una mayor separación de poderes. Y, además, esta forma de selección puede hacer más transparente el proceso de selección judicial, permitiendo al público conocer a los candidatos y su historial, antes de decidir a quiénes favorecer con su voto.

En contra

Pero este sistema también tiene sus detractores, quienes presentan argumentos en su contra que deben ser tomados en cuenta. Entre estos se encuentran la Influencia política, ya que aunque dicha selección se haga en forma separada, los partidos políticos hacen recomendaciones a sus miembros y así resultar que jueces conscientes de que lograron una posición judicial gracias al apoyo de un determinado partido político se sentirán influenciados por intereses políticos, lo que podría comprometer su imparcialidad y objetividad.

También se esgrime que la elección de jueces por voto popular podría llevar a que personas sin la suficiente experiencia o conocimientos jurídicos, pero auspiciados por partidos políticos ocupen cargos judiciales, lo que podría afectar la calidad de la justicia.

Otra posibilidad sería que los jueces en determinados casos se sientan presionados por la opinión pública o por los intereses de sus electores, lo que podría llevar a que adopten decisiones judiciales con base en cálculos electorales, en lugar de principios legales, para ganar votos o evitar críticas públicas, es decir, decisiones basadas más en la popularidad que en la ley.

Adicionalmente, las elecciones periódicas de los jueces pueden impedir que estos desarrollen carreras judiciales estables y afecten la continuidad jurisprudencial. Agrego, además, que la gran mayoría de los votantes no tienen el conocimiento técnico o legal para evaluar adecuadamente la capacidad de un abogado para ser juez y la conveniencia de insertarlo en el sistema judicial. Y los muy interesados en lograr esa posición, se exponen a presiones posteriores por aquellos que financiaron su campaña como donantes.

Experiencia boliviana y mexicana

En Bolivia, en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, más del 60% de los votos fueron nulos o en blanco, esto sin duda determinado por la desinformación de los votantes sobre los candidatos judiciales.

En México, iniciando este año, se implementó la elección de jueces por voto popular en algunos estados y municipios, como resultado de la Reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2024, cuyo objetivo es buscar democratizar el sistema judicial y combatir el elitismo judicial, de manera que aún es prematuro valorar dicha experiencia.

Sistema en el país

En nuestro país los jueces de las altas cortes son seleccionados por el Consejo del Poder Judicial. Este sistema tiene la desventaja de que dicho Consejo está compuesto por políticos activos, iniciando por el Presidente de la República y de manera obligada la mano invisible de la política actúa en algún grado. Ciertamente, se escogen preferentemente jueces sin militancia política activa y egresados de la Escuela de la Judicatura, pero su selección genera, sin duda, una deuda de gratitud hacia su o sus auspiciadores, que es o son políticos.

Este Consejo del Poder Judicial no está compuesto por expertos en derecho, lo que favorecería una selección basada en méritos, experiencia y formación, y como está compuesto por políticos, cada componente sigue las directrices que le dicta su partido, de manera que en algún grado el Consejo es manipulado por intereses políticos o de poder. Sin embargo, debo admitir que al no depender del voto, los jueces pueden actuar con mayor independencia frente a intereses partidarios o populares, de modo que hay una menor influencia política directa.

La no selección periódica permite que el juez sienta estabilidad en su posición y pueda superarse constantemente en su preparación con el propósito de lograr ascensos en su carrera.

En resumen, la conveniencia o no de la elección de jueces por voto popular depende de cómo se implemente y se regule este proceso. Es importante el establecimiento de requerimientos estrictos en cuanto al nivel de preparación de los aspirantes, a fin de no reducir la calidad técnica de los jueces y buscar mecanismos que garanticen la imparcialidad, la especialización y la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Conclusión

Desde mi punto de vista, en el momento actual, el modelo del Consejo del Poder Judicial que se implementa en el país es más adecuado que la selección por el voto popular, pensando en que se debe priorizar la independencia judicial, el mérito técnico de cada aspirante y la la autonomía profesional del juez. La elección de los jueces por voto popular parece más democrática, pero en nuestro país debilitaría la independencia judicial, fomentaría la politización de la justicia y reduciría la calidad técnica de los jueces.

jpm-am

La Trinitaria fue un movimiento muy efímero, y el único miembro fundador de la sociedad «secreta» que se refirió a la referida organización lo fue el prócer José María Serra de Castro en sus «Apuntes para la historia de los Trinitarios, fundadores de la República Dominicana», quien detalló claramente quienes fueron los miembros fundadores.

Dicha organización, según él, no pasó de doce miembros. Luego algunos escritores agregaron a Matías Mella y a Francisco del Rosario Sánchez. Resulta que Rosario Sánchez fue pro anexión a Francia o «afrancesado», seguidor de Buenaventura Báez, quien fue masón de la logia de Duarte. (Ni siquiera la hermana de Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte, conocía dicha organización).

Los generales españoles se refirieron a que el patricio Juan Pablo Duarte fue líder del Partido Nacional, pocos teóricos de nuestro Estado han profundizado en la génesis de dicho partido. Por qué motivos, no lo sabemos, pero debemos tratar de escudriñar sobre la verdad.