La experiencia indica que ninguna nación alcanza nivel de desarrollo mediante el asistencialismo, pero mucho menos a través del clientelismo político. El crecimiento económico y social de los pueblos está garantizado en la producción de bienes y servicios y, simultáneamente, en eficientes sistemas de educación y de salud, entre otros aspectos.

El asistencialismo estatal solo podría justificarse en situaciones especiales, producto de catástrofes provocadas por fenómenos naturales o, en su defecto, ante tragedias sanitarias, como  la pandemia del coronavirus. Es decir, con carácter circunstancial, nunca de forma permanente, porque a la gente se le enseña a pescar, no se le regala el pez.

Ahora bien. Hay personas con discapacidad física y envejecientes a las cuales, dentro de un plan de asistencia social, se les puede ofrecer una ayuda económica, porque no están en condiciones de producir. De igual manera, apruebo que a las madres solteras, desempleadas y de bajo nivel social, el Estado las asista durante los primeros dos años, período en el que deben cuidar y amamantar la cría. Se trata de casos excepcionales.

Dentro de esos casos excepcionales podrían estar jóvenes universitarios que se han visto en la necesidad de desertar por carecer de algo tan simple como el costo de un pasaje para acudir a la academia y retornar a la casa.

Carece de lógica, sin embargo, dar mil pesos mensuales a una persona joven por el simple hecho de no trabajar ni estudiar. El que no trabaja ni estudia no inventa nada bueno, suele ser un irresponsable por idiosincrasia.

Los empleos son escasos en nuestro país, más con la situación especial que vivimos, pero el que se dispone a trabajar logra su objetivo. Hay talleres de mecánica, de herrería y de  otras tantas cosas, que regularmente requieren ayudantes. Y esos ayudantes terminan aprendiendo el oficio y con el tiempo se independizan.

Además, los venduteros ambulantes no tienen impedimentos legales y muchas veces sus ingresos son superiores a los de cualquier oficinista. El vendutero no tiene siquiera que pagar impuestos. Hay múltiples formas de una persona joven ganarse su sustento de forma digna. No constituye un secreto, empero, que la mayoría de los jóvenes dominicanos se tiene al menos, le averguenza, vender algo en la calle, una distorsión en los valores culturales, los cuales enseñan la vida fácil, el modismo y el consumismo.

Es un desatino otorgar una mensualidad, aunque sea baja,  a un joven por el simple hecho de no trabajar ni estudiar. Un premio a la vagancia. Todos los vagos no son delincuentes, pero todos los delincuentes son vagos. Me refiero, naturalmente, a los delincuentes barriales, pues también están los famosos delincuentes de cuellos blancos, de los cuales no hay uno solo preso.

La intención del gobierno no es mala, porque en el fondo el objetivo es contrarrestar los hechos delictivos y los niveles de violencia. Pero ¿a quién le surge esa idea? ¿Quién estableció que sería una medida adecuada para reducir la criminalidad?Los jóvenes rateros obtienen miles de pesos en una noche. Basta con quitarle el celular a una dama o atracar una pulpería o a una banquita.

Se sugiere que se oferten becas de estudios  para carreras universitarias y técnicas, dependiendo del nivel particular. Y que se hagan talleres con expertos, donde haya sicólogos, siquiatras, sociólogos, etc., para establecer las causas y las medidas a tomar respecto a la delincuencia y a la criminalidad, que, de acuerdo a los resultados de las encuestas, constituye el principal problema de la sociedad dominicana.

Las medidas no se improvisan y menos sobre una problemática tan compleja como  es la criminalidad. Dar mil pesos a cada vago no resuelve nada en lo absoluto, contrariamente esos recursos pueden destinarse a causas más nobles.

Un primer paso  –en el marco de un conjunto de políticas para contrarrestar la delincuencia–  podría ser el otorgamiento de becas de estudios y aquellos que las desaprovechen, como ocurrirá con la mayoría, tirarles a los organismos de seguridad y apresar a los que se dediquen a actividades delictivas. Y desde las cárceles ponerlos a estudiar de forma obligatoria, una manera de contribuir a su rehabilitación.

    A veces pienso que hemos alcanzado los niveles de criminalidad que tenemos por falta de voluntad de los gobiernos. ¿Acaso los últimos presidentes que hemos tenido ignoran que la delincuencia muchas veces sale de los propios organismos que están supuestos a combatirla? La primera tarea del jefe de Estado es poner a funcionar a los organismos de seguridad para que identifiquen el origen de todas las bandas criminales que operan en el territorio nacional. ¿Quién puede estar mejor informado que un presidente? El problema se puede combatir, pero con medidas dirigidas a las grandes y pequeñas bandas, caiga quien caiga. La situación demanda de voluntad presidencial.

JPM

La República Dominicana tiene una población de aproximadamente 10,448,499 personas de las cuales 5,320,668 son mujeres, lo cual equivale a un 50.06% de la población nacional, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Los asientos en las aulas universitarias están repletos de féminas, los espacios laborales también, sin embargo, estas variables no parecen ser lo suficientes fuertes para producir cambios sociales que le permita a ese segmento alcanzar niveles de desarrollo sociales en igualdad.

Si las mujeres son más en población, más en las aulas y más en los puestos de trabajo ¿Por qué será que aún persisten altos niveles de desigualdad?

Entendemos en ese tenor, que es necesario derribar las barreras y los estereotipos sexistas que limitan a las mujeres para el acceso a más oportunidades y disfrute de derechos. Los gobiernos surgidos bajo la sombrilla de la democracia están obligados a reconocer los aportes de mujeres y hombres en igualdad de condiciones y oportunidades, para una mayor equidad.     

Consideramos que son multifactoriales las causas que restringen el avance social de las mujeres, por solo citar unas cuantas: Se dice que no tienen agendas ni propuestas políticas con miras a alcanzar el poder (que es donde se toman las decisiones), sienten desafección por los temas relacionados con la economía y la política. El ejercicio del poder no es un fin en las aspiraciones de las mujeres y evidentemente poca sororidad con su género.  

La solidaridad entre las mujeres va más allá de la amistad, es una conexión que la trasciende; es la hermandad, el apoyo y la confianza. La sororidad es el sello de identidad, este sentimiento tiene la magia de hacer que las mujeres no se sientan solas en sus luchas.

Con esto deseo decir, que las mujeres deben asumir compromisos con su género y acompañarlas a desarrollar las agendas políticas; en ocasiones se pueden distinguir a mujeres sumadas a proyectos de hombres cuando tienen frente a sus narices a mujeres con carreras, capacidades y condiciones para acceder a puestos públicos y privados y ser partícipe de las grandes decisiones.

Un elemento para considerar es que, para las mujeres llegar a materializar sus objetivos, deben participar e integrarse más en los procesos transformadores de la sociedad, y así alcanzar niveles de desarrollo con justicia e igualdad.  Cambios que serán posibles cuando ellas dejen de ver a sus compañeras como rivales o contendoras, conducta perjudicial que no suma a la causa final, que es ser parte de del diseño de una sociedad inclusiva. 

Esa rivalidad ha sido incentivada precisamente por el patriarcado, por lo que es necesario reivindicar la complicidad femenina, pero no como un fin en sí mismo, sino para lograr objetivos de cambios sociales que contribuyan con una sociedad de más iguales ¡para lograrlo es necesario que el silencio y la indiferencia entre mujeres desaparezca ya!