La característica más antigua del Estado dominicano es la corrupción. Podemos remontarnos al siglo 19 y la encontramos en los gobiernos de Santana, Báez y Lilís.

En el siglo 20 marcó la pauta Trujillo: solo él y sus cercanos colaboradores podían robar. Cayó la dictadura y nadie fue juzgado ni por corrupción ni por represión; el castigo fue el exilio de los familiares cercanos al dictador.

En el post-trujillismo los escándalos de corrupción han proliferado.

Durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer (1966-1978) la corrupción fue legendaria. Según el mismo Balaguer, la corrupción solo se detenía en la puerta de su despacho.

Concluido ese gobierno, el PRD utilizó escaramuzas de acusación, pero aplicó el borrón y cuenta nueva.

En el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) se propagó que la hija del presidente, el yerno y otros altos funcionarios eran corruptos. Dicen que, agobiado por el acoso, Guzmán decidió suicidarse antes de entregar el poder a su archirrival perredeísta.

El gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986) enfrentó la crisis económica de deuda externa, protestas populares y escándalos de corrupción. En esta ocasión, al iniciar su nuevo gobierno en 1986, Balaguer se concentró en disminuir la figura de Jorge Blanco con acusaciones de corrupción para debilitar aún más al PRD.

Eso, junto a los fraudes electorales, aseguraron a Balaguer 10 años más de gobierno. Los reformistas volvieron a servirse con cuchara grande en el Estado.

En el primer gobierno del PLD (1996-2000) no faltaron los escándalos de corrupción. Al concluir el gobierno, algunos funcionarios fueron apresados, pero Hipólito Mejía declaró que los presidentes no se tocaban (su versión de borrón y cuenta nueva).

Al pasar el tiempo comenzaron a aflorar los escándalos de corrupción de funcionarios de Mejía, pero el hoyo de Baninter se llevó el gobierno perredeísta. El PLD aplicó borrón y cuenta nueva.

Durante los siguientes ocho años de Leonel Fernández (2004-2012) afloraron también los escándalos de corrupción, algunos connotados fueron la Sun Land y los Súper Tucanos. Pocos pasaron por la justicia.

En los ocho años de gobierno de Danilo Medina (2012-2020) tampoco faltaron los escándalos de corrupción y se conoció el mega escándalo de Odebrecht. Al ser los episodios más recientes, generan ahora la mayor indignación.

Con la proliferación de escándalos por tanto tiempo, la ciudadanía sedimentó la idea de que en la República Dominicana hay mucha corrupción, mientras la clase política y empresarial mantuvo siempre complicidad para que la impunidad prevaleciera.

Ahora, la promesa de cambio que hizo el PRM en el convulso proceso electoral 2020 lleva a la interrogante de si realmente se romperá el pacto de impunidad que ha prevalecido en la clase dominante dominicana, y que ha sido clave para el enriquecimiento de segmentos políticos, militares, empresariales y eclesiales en el post-trujillismo (antes se beneficiaban solo los dictadores y secuaces).

Por su parte, el Ministerio Público tiene ante sí el grave dilema de si instrumenta expedientes exclusivamente para funcionarios del gobierno saliente, o si lo hace para todos los gobiernos donde hubo corrupción con impunidad.

O sea, ¿hará el Ministerio Público justicia selectiva solo contra un grupo, o hará justicia extensiva a los corruptos de todos los gobiernos de las últimas décadas? De lo primero hay muchos casos en el mundo, de lo segundo ninguno.

La razón es que la reducción sustancial de la corrupción en un país está más relacionada con el desarrollo económico sostenido e inclusivo y el fortalecimiento institucional que con la acción punitiva del sistema de justicia.

JPM

En una reciente disertación televisiva, difundida a propósito de los primeros 90 días de su gestión, el presidente de la república, Luis Abinader, anunció al país, importantes medidas que estarían siendo implementadas dentro del estado de emergencia, para fortalecer y mejorar las condiciones técnicas, administrativas y financieras, de la asistencia que brinda a la población, el Servicio Nacional de Salud (SNS), a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PromeseCal).

Este importante anuncio del mandatario, significó un desafío para el gobierno, al tiempo que puso un gran compromiso sobre los hombros del director general de PromeseCal, ingeniero Adolfo Pérez, quien deberá enfrentarse a las dificultades que atraviesa esa institución, la cual, está sumergida en la deficiencia congénita de un sistema sanitario al borde del colapsado, producto de la crisis económica que mantiene a la salud pública, en condición vulnerable de abastecimiento por el impacto del Covid-19.

Sin embargo, a pesar de las carencias existentes, PromeseCal, ha iniciado un amplio proceso para restablecer el servicio que ofrece a la población, a través de un agresivo plan de abastecimiento de los centros y sub-centros de asistencia social, que forman parte del Servicio Nacional de Salud (SNS), implementando medidas que procuran garantizar en un corto plazo, el suministro permanente de los insumos médicos que son necesarios para disminuir sustancialmente los estragos de la pandemia.

Las funciones de PromeseCal, están dirigidas a realizar una gestión de compras y contrataciones, a través de estrategias claramente definidas por el nuevo mecanismo de licitaciones, a tono con las normas de adquisición y aprovisionamiento de las instituciones del gobierno que forman parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), de manera que puedan suplir sus necesidades básicas para dar una asistencia apropiada a la población.

Originalmente, el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), fue creado en el año 1984, por el entonces presidente Joaquín Balaguer, a través del decreto no. 2265, para hacer frente al alto costo de los medicamentos que son esenciales dentro de la atención básica, destinados a cubrir las necesidades sanitarias de los segmentos más empobrecidos de la población.

Luego, durante el proceso de reforma y modernización del Estado, en el año 2000, el presidente Hipólito Mejía, estableció mediante el decreto 991-00, la Central de Apoyo Logístico (CAL), que fusionada con (PROMESE), implementaría un nuevo sistema para transparentar una serie de acciones tendentes a optimizar el proceso de aprovisionamiento del sector salud, con suministros médicos de calidad, básicos y necesarios, para la atención primaria, de manera oportuna, segura y eficiente.

Posteriormente, en el año 2012, mediante el decreto no. 608-12, el presidente Danilo Medina, transfiere PromeseCal, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), y dispone dar cumplimiento al decreto 991-00, según el cual, todas las compras de medicamentos e insumos hospitalarios que abastecen a las instituciones del sector público deberán efectuarse a través de esa dependencia del Estado.

Actualmente, PromeseCal, cuenta con una amplia infraestructura operacional, integrada por 566 Farmacias de Pueblo, distribuidas por todo el territorio nacional, junto con un personal altamente capacitado en materia de conocimientos farmacéuticos que brinda atención permanente a los ciudadanos y pacientes ambulatorios, quienes acuden regularmente a esos centros para abastecer sus necesidades básicas de salud, adquiriendo medicamentos de calidad y bajo costo, que impacta económica y socialmente, a más de 60,000 familias.

PromeseCal, es una herramienta idónea para el desarrollo de la atención primaria en el país, por lo tanto, la sociedad, está comprometida con su accionar porqué representa la garantía del sistema sanitario, a la luz de los retos que enfrenta el sector de la salud, que con esfuerzo busca mejorar los parámetros de eficiencia y transparencia con que opera, en el marco de las licitaciones, compras y contrataciones de los servicios que son ofrecidos, a través de un sistema, eficiente y digno, que procura mejorar la calidad de vida de la población

JPM