En ocasión de la salida del PLD de la administración de la nación, diversos sectores de la vida pública y privada han externado la necesidad de que el país reoriente su manera de administrar los fondos públicos. Este clamor, casi colectivo, obedece entre otras cosas a la necesidad imperiosa de eficientizar al máximo los fondos públicos en beneficio del pueblo.
A lo largo de muchos años, para los políticos, la administración pública se ha convertido en un botín, una vía para crecer económicamente y con ello lograr movilidad social. Obviamente, muchos se van más allá del límite que permite la prudencia y la razón y caen en comportamientos inadecuados, exquisitamente sancionados por la Constitución y las leyes.
Para nadie es secreto que los miembros del Comité Político del PLD, salvo raras excepciones, eran personas de pueblo que en su mayoría no estaban incluidos en la clase élite económica del país. No eran ricos, ni siquiera clase media; eran pequeños burgueses sin más nada. Casi todos procedían de familias sin ninguna condición económica privilegiada. HOY, COMPITEN DE IGUAL A IGUAL CON LAS FAMILIAS RICAS TRADICIONALES, en algunos casos, incluso, superan a éstas.
Lo anterior es una realidad que está a simple vista. No hay que ser un experto para llegar a la conclusión de que el Comité Político del PLD constituye el último y más poderoso grupo económico formado a la sombra de 20 años de saqueo de los fondos públicos, a través de la administración del Estado. Fondos que manejaron a su antojo, convirtiendo el presupuesto nacional en su mejor negocio. De manera perversa se constituyeron en un conciliábulo perverso mediante el cual timaron, hasta el último día, a este pobre pueblo dominicano, hastsa el punto de que convirtieron una calamidad nacional (COVID-19) en su mejor negocio. Son unos canallas, que sólo se merecen el desprecio de este pueblo.
Es por lo antes dicho que este pueblo se ha llenado de odio contra el Comité Político del PLD y está exigiendo, con razón, que los corruptos vayan a la cárcel.
Para la dicha de los dominicanos nuestra Ley Sustantiva sanciona los actos de corrupción. Su artículo 146 preceptúa lo siguiente:
Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:
1) Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico;
2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
5) La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.
El numeral 4, del Artículo aludido, en su parte final, que prescribe lo siguiente: Y SE LE EXIGIRÁ LA RESTITUCIÓN DE LO APROPIADO DE MANERA ILÍCITA. Esto último, quiere decir, que todo lo robado al Estado por un funcionario público debe ser restituido en beneficio del propio Estado.
Los ladrones que se han enriquecido a través del robo del presupuesto nacional deben ser ejemplarmente sancionados, haciendo uso de la Constitución y de las leyes.
NO AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA!!
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