Renacer la esperanza en RD

Uno está lejos, distante. Mira los alrededores y se siente un tanto extraño. El verdor, el azul tenue del cielo, el panorama, mujeres, niños, muchos jóvenes…

Estos mares son grises. La gente es amable y consagrada a sus afanes. La naturaleza es vigorosa y la arboleda está desbordada de avecillas. Los vehículos que transcurren a nuestro lado respetan rigurosamente las normas.

En momentos así es cuando se siente la intensidad de la condición humana y los lazos invisibles y poderosos que nos unen.

En algunos aspectos nos parecemos mucho. Definitivamente, en la infinita diversidad humana somos una sola persona. Esperanzas y sueños. El dolor, el sufrimiento, las limitaciones y los periodos de crisis nos afectan profundamente a todos. Solo que no permitimos que nos abandone la esperanza.

VISION DE MANAGUA

Granada es un lugar distante a decenas de kilómetros de Managua. Es agradable recorrer kilómetros de carreteras perfectamente asfaltadas y señalizadas. Se aprecia el orden y el equilibrio de los conductores, su sobriedad, el respeto por las normas y las advertencias. Sentados alrededor de una mesa que en días festivos se colocan en medio de la calle para que las familias compartan, uno mira la gente pasar.

Este es un país de economía sólida y creciente, que ha tomado medidas rigurosas para evitar que la pandemia provoque los estragos de los que tenemos noticias. Las personas acogen las disposiciones y los representantes de la autoridad proceden con amabilidad frente al ciudadano, pero las leyes hay que cumplirlas.

Como es evidente, los estragos universales del virus han provocado una reducción del empleo y una disminución en las actividades económicas. Proliferan los vendedores de toda clase de artículos en las calles.

Las estadísticas que se manejan, evidencian, no obstante, que la economía posee un gran vigor, una significativa capacidad de recuperación y que las perspectivas futuras son promisorias.

Es admirable que en una ciudad como Managua no haya ruidos. Es una ciudad apacible, aunque muy viva, pero el relativo silencio es una bendición. Camino por barrios de gente de clase media en sus diversas franjas y no observo ninguna actitud violenta.

Ni escándalos, ni esa chercha grupal estridente, ni esa proliferación de gente extraña, tatuada, de lenguaje incomprensible que abunda en todas partes, ni esa horrible música estremecedora y degradada tan del agrado de algunos.

Pienso, para mis adentros, que en este proyecto de rehabilitación total de República Dominicana que dirige el presidente Abinader, un país devastado por la corrupción y la politiquería barata por anteriores administraciones, es preciso rehabilitar aspectos de nuestras costumbres que hacían más llevadera la existencia.

El silencio. El imperio de los valores ciudadanos. La sobriedad. La decencia. Frenar las manifestaciones de libertinaje.

Yo siento, a esta distancia de miles de millas, que poseemos capacidades increíbles como pueblo y como país. Los proyectos encaminados a modernizar nuestras instituciones y liberarlas de la ominosa carga de la corrupción, marchan con una celeridad adecuada. Es un empuje sin precedentes la labor de la justicia que se proyecta en todo el ámbito social.

Despacio, el país se va deslizando hacia la normalización, pero se trata de un proceso, complejo y difícil, cuyos resultados es preciso aguardar.

Es un arduo camino a recorrer. Un paso de avance a largo plazo y de un considerable impacto es la adquisición y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, lo que nos proporcionara un sensible y significativo respiro.

En similar orden marchan los negocios, el turismo, actividades esenciales como la recuperación de la actividad productiva, la generación de empleos, y la agresiva campaña del Ministerio de Relaciones Exteriores para fomentar el turismo, brindar facilidades para la inversión, el fomento de las zonas francas, incrementar la exportación de productos nacionales, crear un extendido clima de negocios.

Es preciso tomar en consideración los esfuerzos oficiales en beneficio de las personas desamparadas y desempleadas. En mi interior, siento renacer la esperanza.

rrmarcalle@gmail.com

JPM

Felucho ve PLD mantiene a muchos contentos para que no se vayan a FP

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Jiménez (Felucho) aseguró que a lo interno de la organización se lucha por mantener un equilibro entre la cantidad y la calidad de los que componen sus bases; «tratan de evitar una oleada saliente hacia la Fuerza del Pueblo (FP)».

“El PLD tiene más de 20 años en que todo es de arriba hacia abajo y ha llegado el tiempo de que sea de abajo hacia arriba; espero que algún día se den cuenta de que la cantidad es una bobería, pero el PLD crecía cuando botaba a los indisciplinados», manifestó.

A su juicio, el partido opositor tiene la enfermedad de la cantidad. «Por qué hay que mantenerlos a todos contentos?… oh, porque se nos van para la Fuerza del Pueblo; pero no tiene sentido valorar cantidad sin calidad”, aseguró.

Alianza público y privada

Una de las últimas leyes promulgadas en el gobierno de Danilo Medina  fue la Ley No.47  de Alianza Pública y Privada del 21/02/2020, Gaceta Oficial No.10972. Dicha Ley  fue creada como un instrumento para obtener apoyo económico sin necesidad de  continuar a endeudarse con organismos financieros internacionales.

El Estado  al asociarse con el Sector Privado  busca compartir gastos y riesgos inherentes a proyectos que según una estrategia de desarrollo son  necesarias para el crecimiento del País.  Estos proyectos en común no solo consistirían en construcciones de obras como carreteras, aeropuertos, Gestiones  de Entidades, etc. sino también obras y gestiones  para desarrollar proyectos sin fines de lucro.

Pero, lo que nos interesa evaluar en este  articulo son los riesgos negativos de una Ley que, sin duda, bien manejada podría resultar un buen instrumento de financiamiento pero que en un país con nuestras características debe tener sus límites.

Pero comencemos a conocer esta nueva Ley considerada, por algunos, como un nuevo tipo de privatización. Según el artículo 1 de la Ley de Alianza Público y Privada, el objetivo de dicha Ley es establecer un marco normativo que regule el inicio, la selección, la adjudicación, la contratación, la ejecución, el seguimiento y la extinción de las Alianzas Publico y Privadas.

El organismo que se encargará de todo lo anteriormente señalado será la Dirección General de Alianzas Público y Privadas, una entidad  que será autónoma y descentralizada, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia, investida de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, jurisdiccional, financiera y técnica.

Podrán realizar estas alianzas en el ámbito del Estado todas las instituciones centralizadas  y descentralizadas no financieras de la administración pública, Ayuntamientos y Órganos de la administración pública bajo la dependencia del Poder Ejecutivo

Las iniciativas podrán ser públicas (según las necesidades que existan para ese tipo de alianzas en la entidad solicitante) o privadas (siempre que sean proyectos, avalado por estudios y que sean de interés público) y presentadas a la Dirección para su evaluación. Las participantes podrán ser empresas dominicanas o extranjeras.

Las evaluaciones  serán caracterizadas por la transparencia y la publicidad en los procedimientos de contrataciones que deberán ser publicados por los medios correspondientes así  como  todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la documentación e información complementaria.   Las participantes podrán ser empresas dominicanas o extranjeras.

Otro principio de la Ley es que deberá primar la economía  y la  flexibilidad.   Las Reglas deben ser claras y respetadas para asegurar la selección de la propuesta más conveniente desde el punto de vista técnico y económico… (y, aunque no lo mencionan en la ley,  esperamos que de calidad, sobre todo en las obras de construcción y restructuración).

Compartir los riesgos entre el sector público y privado, pero se asignaran estos (los riesgos) a quien tenga mayor capacidad para administrarlos al menor costo posible.

En una de las consideraciones de la Ley se establece como una de las motivaciones de esta nueva Normativa  la estrategia nacional de desarrollo 2030, la cual identifica como foco de inversión el desarrollo de infraestructuras, provisión de servicios públicos, como son el aprovisionamiento de agua, electricidad, combustibles, agropecuaria, turismo, tecnología de la información y comunicaciones, red vial y otros, necesarios para el desarrollo progresivo y sostenible del país.

Y es aquí donde surge la inquietud cuando se habla de provisión de servicios públicos. En países donde esta Ley se aplica, en Europa, no son países pobres como el nuestro.  Existen empresas estratégicas no vendibles.  Y el ciudadano tiene unas garantías laborales y sociales que en nuestro país no existe.

Cuando se habla de servicios públicos que llegan a toda la población y en la que en algunos sectores tienen por ejemplo el derecho de recibir la luz eléctrica y no pueden, por los escasos ingresos, pagar la suma que si puede pagar uno que gana mucho mas estamos en la disyuntiva de o quitarle la luz a ese que gana poco o subvencionar de alguna manera ese servicio que es tan necesario en estos tiempos.  Sería entonces una especie de welfare, justa, para una población que gana sueldos que ya no alcanzan a satisfacer los gastos de la canasta familiar.

Una empresa privada cuando hace una inversión espera  un retorno que cubra los gastos y jugosas ganancias.  Es por esto que  al momento de evaluar un proyecto lo que toman más en cuenta  es su capacidad  de ser rentable. El que invierte para ganar no hace concesiones, y si puede ganar más de lo previsto mejor todavía… si se lo permiten. Por eso es que una asociación del sector privado y público tiene que tener sus límites en los relativo a proyectos  que toquen directamente bienes y servicios que van a toda la población directamente.  Claro, esto no quiere decir que el Estado no puede contratar a empresas que gestionen con más eficiencia algunos sectores…siempre y cuando esto resulte más económico para la población y el Estado.

De todas maneras en muchas ocasiones el Estado ha sabido y sabe gestionar eficientemente entidades públicas que trabajan con el público. Lo malo que esto a veces depende de quién esté en la gestión.

De todas maneras en el resto esta Ley puede ser muy positiva como un medio para poder hacer mas obras publicas de las que permiten los límites presupuestarios,  y crear proyectos novedosos en el ámbito del turismo y la industria y porque no?, en el ámbito de la tecnología, del transporte, y de la promoción de la marca país en el exterior.

Esto sin contar con la Alianza Publico Privada  en el ámbito de proyectos  sin fines de lucros que pueden ser desde el cuidado de zonas protegidas, turísticas a proyectos educativos y de creación de empresas sociales en las zonas más pobres del país con altos índices poblacionales.

Es una Ley que se puede prestar, como cualquier operación del Estado, a corrupción y a otro tipo de reatos, por lo que es muy importante la transparencia en los procedimientos de contratación, y la seriedad de aquellos que se escogerán para dirigir  la Dirección General de Alianzas Publica y Privadas.

Al final si es una Ley que funciona o no lo dirá el futuro, pero todo dependerá de la inteligencia y honestidad con la que será manejada…y sobre todo con  la cautela con que se harán los acuerdos y las personas jurídicas escogidas, recordemos que en el pasado se han dado situaciones que no han funcionado y que nos han salido, a la larga, muy costosas.

Exfuncionadio peledeista denuncia el campo vive sus peores momentos

SANTO DOMINGO.- El exadministrador del Banco Agrícola en en gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Carlos Segura Foster, calificó de penosa  la situación de la agropecuaria por supuesta improvisación y pérdida de la credibilidad en la presente gestión.

“Hoy el campo vive sus peores momentos, perdieron la credibilidad por hacer anuncios que no se cumplen. Hoy dicen una cosa, mañana otra y la realidad es diferente”, escribió en twitter.

Opinó que por más que se quiera negar es una realidad  el alza de los precios del arroz, como sucedió con el precio de la libra de carne de pollo al finalizar el pasado año.

Refutó declaraciones del Ministro de Agricultura, Limbert Cruz, quien dijo que  no había que preocuparse que no se producirían aumentos de precios.

“Ya los aumentos se habían producido y  la Comisión Nacional Arrocera anunció un alza adicional de 300 pesos por cada saco de arroz en cáscara”, señaló Carlos Segura Foster.

Consideró que la situación que se vive el país obliga a ser certeros en las medidas y anuncios así como recuperar la credibilidad para aglutinar los esfuerzos públicos y privados para enfrentar los males que nos afectan.

an/am

Militares de EUA, más refugiados

¡Inquietante!

La coherencia y transparencia alisa como piedra filosofal para generar credibilidad y confianza, más en el buche de una fórmula secreta que en cada clarear se ha hecho más latente en lo atinente a la mudanza de la población haitiana a territorio dominicano. Cuando se aplica el clásico refrán “A Dios rogando y con el mazo dando”, niebla de confusión a los de la estancia, más desde el 2016, año de la nefasta firma del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”, que contiene un anexo que pretende conceder a Estados Unidos la tutela de la política de refugiados y asilo de República Dominicana. 

¡Amenaza!

Esa doblez pendula más complicada que la intervención armada norteamericana de 1965, que mancilló a una limitada zona geográfica y no -como se procura ahora- en las estratégica esferas aeroportuarias y los alojamientos a forásteros. Esta llave rueda aprovechando los mentores el adormecimiento de una multiplicidad de ciudadanos naufragados en la ignorancia, la desinformación y la búsqueda individual para la sobrevivencia. Y si no reaccionan con fervoroso patriotismo, a esta Nación pronto le cantarán el réquiem.   

Decir una cosa y hacer otra fue una dualidad estratégica por lo menos en los ocho años de mandato de Danilo Medina, con el aparente propósito de que prosiguiera la emigración desde Haití. Por su emancipación, desde el siglo XIX la República Dominicana ha lidiado en dos escenarios: para consolidar la independencia nacional, los nativos maniobraron con armas blancas y de fuego entre 1844 (batallas Fuente de Rodeo, Neyba, y 19 de Marzo de 1844, Azua), y batallas de Sabana Larga, 1856, en Dajabón, y Las Hicoteas, Puerto Plata.   

Y, a casi dos siglos, pululan masivamente en todos los cantones nacionales, amparados en la compasión, la generosidad y el consentimiento monetario de los dominicanos, los del Oeste de la isla traspasan la frontera sin pasaportes ni visados; por la alta fecundidad de la vagina u órgano genital femenino de sus nativas, los “refugiados” resguardados por organismos internacionales y el entreguismo solapado de la anterior administración gubernamental. 

Sólo los incautos y lacayos, encorbatados veletas que les importan los caudales metálicos y no el terruño donde les cortaron los ombligos, y tránsfugas buscavidas, no se preguntan por qué en un acuerdo supuestamente para aumentar el flujo turístico se incluye un anexo sobre refugiados y asilados. Tampoco se percatan que, ante el cataclismo socio-político del vecino de esta terraza isleña, en el túnel del tiempo renuevan el proyecto de juntarlos a todos en la franja Este. 

El anexo al acuerdo en apoyo a las obligaciones internacionales, suscrito el primero de diciembre del 2016 por el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y el embajador estadounidense James Walter Brewster, manda a designar puntos de contacto con relación a todos los asuntos tratados en este Anexo (que se correspondan con los puntos de contacto designados por los Estados Unidos) y participar en consultas periódicas sobre la implementación”. ¿? 

Durante la campaña electoral de 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) juró ratificar la soberanía dominicana más íntegra, aplicar la Ley 285-04, que regula el ingreso/salida de personas del suelo patrio, y resguardar la frontera física y jurídica, para la integridad territorial y la supervivencia de la sociedad dominicana. Ese punto de su programa de gobierno lo aplaudimos prolongadamente. 

En una reunión efectuada el 10 de enero/2021 en la frontera con Elías Piña, los presidentes dominicano Luis Rodolfo Abinader y haitiano Jovenel Moisé acordaron trabajar en el registro civil de todos los vecinos en territorio nacional, la construcción de hospitales en la riba haitiana, delimitar las fronteras marítimas; desplegar tecnologías de vanguardia para eliminar la migración irregular, el tráfico y otras actividades ilícitas; reforzar la seguridad y la vigilancia divisoria; fomentar los productos biodegradables y fortalecer la cooperación y el desarrollo. Otra vez tuvimos que vitorear, aunque con reservas por el incumplimiento y fragilidad en Haití. 

Posteriormente fue difundido un informe del Instituto Nacional de Migración relativo a un “Plan de contingencia para flujos masivos Inmigrantes en República Dominicana”, en el que se establece que en cada una de las cinco provincias fronterizas serán instalados por lo menos un campamento para refugiados con cupo de hasta 90 mil haitianos. Afortunadamente, el canciller Roberto Alvarez aclaró que ese documento fue elaborado en el gobierno de Danilo Medina, y que carece de fuerza jurídica, porque no fue sancionado por el Consejo Nacional de Migración. 

Como si algún espantajo anti-nacional ronde en aceche para dar un zarpazo, cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional –Leyda Margarita Piña Medrano, Jottin Cury David, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez- sostuvieron que el ordinal 9 del up supra anexo citado precedentemente, “compromete a la República Dominicana a designar puntos de contacto que se correspondan con los pautados por los norteamericanos, para así consensuar las políticas internas en materia de refugio”. Y matizaron que “se trata de una tutela de facultades soberanas que es a todas luces inadmisible, humillante y propias de una etapa colonialista teóricamente superada”. 

Su comunicado se extendió en impugnaciones: “los preclearance se han convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al Estado donde pretenden formalizar su solicitud. El ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los EE UU las áreas de preautorización…la Constitución dominicana también rechaza todo acto que tienda a vulnerar la soberanía, razón por la cual resulta improcedente que la República Dominicana permita que los Estados Unidos tutelen sus políticas de asilo y refugiados contempladas en el anexo”. 

En la caldera de la exposición de esos cuatro árbitros jurídicos, curtidos en el conocimiento de la Carta Magna y movidos por sus sentimientos auténticamente nacionalistas, altos funcionarios públicos mandan señales confusionistas y controversiales. Promueven el respaldo al resistido acuerdo, en el chasco de un sano interés por el turismo, y en una desconcertante coincidencia con la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Minamird). Esta organización, que opera sin dificultades en la tercera planta de un edificio de la calle El Conde esquina José Reyes, está solicitando al gobierno dominicano que, “ante la inminencia de una avalancha de inmigrantes desde Haití motivada por la crisis política y económica”, trace “una ruta humanitaria” en la frontera para viabilizar que esas oleadas crucen la línea limítrofe y penetren a República Dominicana. 

¿Serán turistas los refugiados? ¿Los que lleguen a República Dominicana y se proclamen refugiados, qué tiempo durarán en el proceso de definición de esa condición? ¿Si no progresa su exigencia, serán devueltos o se quedarán por sécula seculorum…? ¿Acaso será este un mecanismo para romper la soberanía en un sainete fusionista? 

Hasta ahora, promesas del gobierno se han estado cumpliendo, coyunturalmente en el lance de una retórica confusionista en el túnel del Anexo del “acuerdo de preautorización en el transporte aéreo”. Su promoción entreabre un riesgoso frente antagónico, en el vórtice de un clima peliagudo engendrado por la pandemia y los subsecuentes apuros económico-financieros. En vez de ayudar, metiendo una camisa de fuerza los gringos prefabrican otras hostilidades 

Tenemos la confianza de que las anteriores preguntas, que subyacen en el imaginario colectivo, más en los de engrandecidas fibras patrióticas, no serán apenas hilachas semánticas o canciones angelicales en este affaire por la preservación de la patria de Duarte, que vale más que una vida miserable bajo el yugo de una superpotencia neocolonialista que busca expandir su dominio geopolítico, para imponer su poderío a las naciones más endebles.

Demodia

Con la aparición del Coronavirus y los desesperados esfuerzos que están haciendo las autoridades, a nivel mundial, tratando de controlar la pandemia, se ha puesto en evidencia una vez más, que la democracia no es el mejor sistema de gobierno.

Los países menos democráticos son los que han tenido un mayor éxito en la contención de esta epidemia. El hecho de que, en la democracia, la inmensa mayoría se dedique a reclamar con vehemencia sus derechos, pero pocos estén dispuestos a cumplir con sus deberes, pone de manifiesto que no todo es bueno en ese tipo de gobierno y que se hace necesario implementar ciertos ajustes.

De ahí que nosotros hemos incubado un nuevo sistema. Un híbrido, el cual lo bautizamos con el nombre: demodia

Demodia es un acrónimo, utilizando las palabras, democracia, monarquía, dictadura y aristocracia. Hemos hecho un simple estudio, para determinar los más evidentes pros y contras de estos cuatro tipos de gobernanza.

Vamos a comenzar con lo positivo de cada uno de ellos. ¿qué es lo bueno de la democracia? Sin lugar a duda la participación. Es el sistema que les da a la mayoría la oportunidad de seleccionar a quienes nos van a dirigir.

¿Y la Monarquía, tiene algo bueno? Creemos que sí. La continuidad. Hay proyectos que necesitan mucho más de un periodo gubernamental para completarlos. La Muralla China es un excelente ejemplo.

Todos estamos de acuerdo en que la dictadura tiene en “el orden” su base y su fortaleza. En consecuencias, vamos a considerarlo como algo positivo. En la Aristocracia, su fuerte está en la excelencia. En este sistema se utiliza solo lo mejor de una sociedad y nada más.

Ahora veremos cuáles son las aristas negativas de cada uno de estos regímenes. Continuando en el mismo orden, ¿qué es lo malo en la democracia? El populismo. Este nos puede llevar a la oclocracia que es el régimen de la plebe.

Al tener muy pocos filtros, en la democracia, cualquier ciudadano se siente en capacidad de ser dirigente y si tiene habilidades de manipulación, no importa que carezca de preparación académica o valores morales y éticos, puede convencer a incautos y llegar a posiciones dirigenciales de alto nivel. Nuestro país es una cantera de ese tipo de individuos.

¿Y la Monarquía? Lo peor de este régimen es la exclusión. Solo un pequeño grupito, regularmente miembros de la familia real, puede acceder a la dirección del estado. En cuanto a la dictadura, su lado más oscuro es la autocracia. Un sujeto se erige en batuta y constitución y llega hasta al asesinato para mantener el control omnímodo del poder.

De la aristocracia lo peor es la discriminación. Los aristócratas se creen por encima del bien y del mal y hacen hasta lo imposible porque ese círculo se mantenga lo más cerrado posible. Entonces, ¿hay soluciones? ¡claro que sí! Tomar lo mejor de cada uno de esos sistemas y descartar lo negativo.

De ahí viene el régimen Demodia. Incentivar la participación del pueblo, por medio de la democracia, a medidas que trabajamos en su preparación, para que cada ciudadano pueda tener oportunidades de progreso en todos los sentidos y no ser víctimas de demagogias y manipulaciones.

Llegar a acuerdos de largos plazos, entre las diferentes entidades políticas, cívicas, militares y religiosas, como en las monarquías, para que las buenas iniciativas de un régimen no se queden en las gavetas del que lo sustituyó.

Comenzar a apretar un poco el libertinaje y establecer controles, similares a como se hace en las dictaduras, pero por medio de las leyes, a todos sin excepción. En una palabra, poner ¡orden!

Y, por último, convencer a nuestros intelectuales y profesionales de la aristocracia, para que se integren a construir un nuevo país. Donde la meta no sea hacerse millonarios en muy corto tiempo, sino, crear riquezas y repartirla de la forma más equitativa posible.

En fin, establecer la Demodia, por una generación, 25 años mínimo. Formar una especie de ágora griega con un representante de la mayoría de los sectores de la población como son, obreros, industriales, comerciantes, médicos, profesores, religiosos, militares, en fin un consejo de gobierno permanente. Que no sea cambiado cada cuatrienio. Que solo se sustituyan los fallecidos, y los que por alguna otra razón no puedan seguir ejerciendo su labor.

Garantizarle a esos servidores públicos y sus familiares directos, su estabilidad económica, seguro de salud y de vida y una pensión digna cuando les llegue la hora de su retiro. Financiarles a sus hijos, la educación a niveles de post grados y maestría. En fin, que estos ciudadanos solo se dediquen a desarrollar nuestra nación con políticas incluyentes. Desde luego, cambiar un poco la legislatura anticorrupción y establecer sanciones, que podrían llegar hasta la pena de muerte para el que cometa, como dicen ahora, “indelicadezas”.

Tener como mantra el proverbio atribuido al filósofo hindú Gautama Buddha: “Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita”.

¿utopías?, Todos los grandes eventos han comenzado con un sueño y aunque Pedro Calderón de la Barca, en el monologo de Segismundo, dice “Y los sueños, sueños son”, hay otro refrán que es mucho más práctico.

¡Soñar, no cuesta nada!

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com

JPM

Clamor colectivo contra intereses leoninos

Para viajar a Samaná desde la Capital, sin importar que el trayecto se triplique en kilómetros, prefiero miles de veces volver a la antigua ruta autopista Duarte-carretera San Francisco de Macorís-Nagua, si con eso se pone término al abusivo peaje sombra de la autopista Juan Pablo II, vía directa de solo 106 kms y que acarrea un alto nivel de peligrosidad para los conductores.

Y aunque se confunda con prosa poética, también, prefiero la existencia perenne de los manantiales cristalinos que descienden por sus pendientes, y esa rica biodiversidad de más de 40 especies de flora y más de 20 de fauna que cubren de gloria a Loma Miranda, antes que ver los tractores y enormes equipos de Falcondo convertir ese santuario natural en un páramo, por culpa de la minería.

Las futuras generaciones de dominicanos tienen derecho a disfrutar de esas riquezas que nos ha dado la naturaleza. La conciencia nacional está a favor de preservarlas, por el bien de todos.

El pueblo no negocia sus derechos. En estos dos casos, y en procura de que adopten soluciones a favor del interés nacional, las autoridades nacionales están en la mira de la población, que al unísono exige que las pretensiones de enclaves todopoderosos sean derrotadas.

Se quedó muy atrás lo que en verdad costó la autopista a Samaná, vía que dejó una enorme cicatriz a Los Haitises, sistema natural que registra el mayor régimen de lluvias en la isla. Ese valor, US$305 millones, hace rato fue saldado con el odioso “peaje sombra”, que sale de los impuestos que paga el pueblo dominicano. Y lo cobra la empresa concesionaria.

Lo mismo ocurre con el Bulevar Turístico del Atlántico, que tiene el peaje más leonino y criminal de toda la isla. Cada vez que pasa un automóvil por allí, no importa si es ida o vuelta, paga 585 pesos; un camión de 2 ejes 1,552 pesos, y uno de 3 ejes 2,194 pesos. Una retranca para el desarrollo del turismo.

En una entrega publicada en Listín Diario en noviembre del 2020, bajo el título “El fin del peaje sombra en la autopista de Samaná”, el economista Jonathan D’Oleo Puig resalta que en un promedio de ocho años y medio el Estado pagó al consorcio Autopistas del Nordeste un monto que supera el costo de las obras en casi un 50%. Y resalta que cuando se contabilice el peaje sombra que habrá pagado el erario al cabo de este año 2020, “el monto total se disparará por encima de los US$500 millones. Esto es sin tomar en cuenta el peaje normal, exorbitante por demás, que el consorcio ha estado cobrando desde finales del año 2008”.

Esa inmensidad por algo más de 100 kms. de carretera, ¡¡Casi el doble de la inversión inicial por la construcción!! Y sin contar lo que falta, porque lo grave en todo esto es que el contrato leonino fue contemplado a 30 años.

Es decir, no estamos ni a mitad de un tiempo que para esos fines se nos vuelve eterno. Y lo que es peor: Nuestros congresistas, en distintos períodos, nunca pensaron en defender el interés nacional.

Todo indica que la administración de gobierno que regía cuando se estamparon las firmas del contrato que dio lugar a esa estafa, para nada tomó en cuenta la defensa del interés nacional.

Respecto a Loma Miranda, se impone que los ministerios de Energía y Minas y de Medio Ambiente rechacen la solicitud de impacto ambiental que ha pedido la empresa Falcondo para extraer ferroníquel allí. Y lo que es peor, que de ser complacida, la empresa podrá extender sus operaciones en el país por otros 20 años.

Decenas de instituciones ecologistas y de otra índole han enarbolado el fervor patriótico para que sigan en su hábitat natural los ruiseñores, ciguas palmeras, rolas, rolitas, variedades de árboles como el palo cabirma, caoba, algarrobo, yagrumo y otras tantas especies de flora y fauna en Loma Miranda.

JPM

MSP continúa vacunando población contra enfermedades tradicionales

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública continúa ejecutando jornadas de vacunación orientadas a reforzar la inmunización de la población vulnerable, con el objetivo de evitar la propagación de enfermedades y a la vez mantener inactivas algunas ya suprimidas.

Estos operativos se realizan a través del Programa Ampliado de inmunización (PAI), donde según explicó su directora, Ana Rafaelina Guerrero, se identificaron varios municipios de riesgo, debido a la baja cobertura de vacunación y se programó una jornada atendiendo a los grupos priorizados.

La jornada incluye niños, niñas con edades comprendidas entre 5 a 10 años, así como adultos a quienes les aplicaron la inmunización contra: tétanos, rubeola, pentavalente, polio, sarampión, papera, difteria, y neumococo para los más pequeños.

La directora del PAI indicó que la inmunización abarcó unos 16 municipios priorizados: Yamasá, en Monte Plata; Sosua, en Puerto Plata; Bahoruco, en Neyba, San Cristóbal, Peravia, en Baní; Mao y en el municipio de Esperanza, además en Santo Domingo y el distrito las Áreas de Salud II, III, IV, VI, VII y VIII.

“La intervención inició el fin de semana pasado y continúa durante la presente semana, se han vacunado 8,260 adultos, 904 niños, se aplicaron 8,012 dosis de difteria y tétanos en adultos y de sarampión rubeola cerca de 500. Se completó básicamente con DPT 340 esquemas de vacunación y de pentavalente 90 y en sarampión, rubeola y papera 27´´, resaltó.

Manifestó que la metodología fue casa por casa o rastreo, en busca de niños y adultos, siempre solicitando la tarjeta de vacunación para completar su cuadro, mientras que en los adultos se indagaba sobre su historia vacunal.

Exhortó a los dominicanos a completar su esquema de vacunación, de lo contrario la falta de vacunas, explicó, los hace más vulnerables a las enfermedades, ya  que con la inmunización se tiene menos riesgo.

“Los programas de vacunación tradicionalmente son de libre demanda, es decir son las personas que acuden a colocarse sus vacunas y no necesariamente las vacunas van a ellos, si la gente no va a ponerse su vacuna, la cobertura baja y es aquí donde pueden surgir brotes de enfermedades”,  indicó.

of-am

Toma posesión nueva directiva de la Asociación Nacional de Pilotos

SANTO DOMINGO.- La plancha “Pilotos Unidos por el Cambio” tomó posesión como nueva directiva de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), en una  actividad a la cual asistieron numerosos miembros del gremio e invitados especiales.

Al tomar la palabra el capitán Bolívar Batista, nuevo presidente de la ANP, externó su agradecimiento por haber sido favorecido con los votos y prometió a sus colegas “no defraudarles en la búsqueda de lograr una asociación mucho más fuerte y comprometida con el empoderamiento de sus miembros”.

De igual manera, Batista, creador de importantes aerolíneas en el país, instó a los miembros de la ANP a mantenerse unidos, apostando siempre a la transparencia y excelencia, en todos los procesos que la nueva gestión ejecute.

“Estamos consientes de que la pandemia nos ha afectado todos, sin excepción. No obstante, estoy seguro de que saldremos adelante y que como gremio, haremos los aportes que nos tocan para que nuestro país vuelva a recuperar la normalidad y podamos re encauzarnos por el camino del progreso”, acotó el nuevo titular.

El resto de la directiva está integrada por los capitanes: Juan Carlos Ramírez, vicepresidente; Pascual Reynoso, vicepresidente segundo; Abiel Escoto, tesorero; Cristhian Alba, secretario; Máximo Pacheco, vocal; Wendy Martínez, vocal y César Liriano, vocal.

Entre los invitados especiales estuvieron presentes el General de Brigada Carlos Febrillet Rodríguez, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC); Dr. José Marte Piantini, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC); y P. A. Alan Arias Battle, director de Normas de Vuelo del Instituto Dominicano de Aviación (IDAD).

Por igual, el Mayor General piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, (FRD), Comandante General de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD); el Dr. Román E. Caamaño Vélez, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC),  Héctor Elie Porcella Dumas, subdirector general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el General de Brigada, piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA).

of-am

 

MAP reitera horario laboral hasta 3:00 de la tarde en instituciones públicas

SANTO DOMINGO.- El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que se mantendrá el horario laboral para el sector público hasta las tres de la tarde y la asistencia de sólo el 40 por ciento de los empleados, como parte de las medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

Darío Castillo Lugo explicó que esta medida continuará aplicándose desde este martes 23 de febrero hasta el lunes 8 de marzo, como una adenda de la resolución 0003-21 que actualiza horarios y condiciones de trabajo en el sector público a consecuencia del estado de emergencia.

En ese sentido, el funcionario dijo que el horario de labores en las instituciones públicas se mantiene hasta las tres de la tarde y el 40% de la plantilla de empleados no esenciales para la actividad del Estado continuará sus labores desde sus hogares, a través de los medios tecnológicos que permiten el teletrabajo.

Sin embargo, sostuvo que los órganos o entes públicos que por su naturaleza tienen que ofrecer servicios en diferentes horarios, quedan en libertad de acomodarlo.

Para el teletrabajo, la resolución da prioridad a quienes sobrepasan los 65 años de edad, a las embarazadas, a quienes padecen de enfermedades calificadas de alto riesgo, sin importar la edad, como cáncer, enfermedad renal y diabetes mellitus tipo II.

También, a quienes padecen de afecciones cardíacas graves, asma, personas inmunodeprimidas a causa de trasplante de médulas ósea o de órganos, VIH, el uso de corticoides o de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario y de cualquier enfermedad que consideren las autoridades sanitarias.

Esta medida mantendrá el mismo horario en todo el territorio nacional de lunes a viernes, de las 7:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos es desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana.

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