Si nuestro país cuenta con una familia valiente, solidaria y resuelta en la defensa de nuestra soberanía, es precisamente la de Pelegrín Castillo. Sus hermanos, Juárez y Vinicio, así como su padre, el Dr. Marino Vinicio Castillo, un destacado jurista ampliamente conocido a todo lo ancho de la geografía nacional, no necesitan presentación. Sus posiciones en defensa de la constitucionalidad, el interés nacional y la coherencia que han exhibido a través de los años, son dignos de encomio y admiración. Claro, en un país en el que las instituciones están organizadas en torno a la corrupción, resulta poco rentable políticamente denunciar las purulencias de un sistema que ya no resiste más remiendos. Pero a pesar de esa realidad, han sido tenazmente intransigentes en su lucha por sentar las bases que permitan edificar el país al que todos aspiramos.

            Ahora bien, Pelegrín se ha preocupado en plasmar sus ideas por escrito con el propósito de que perduren más allá de la efímera existencia a la que estamos destinados. En ese sentido, publicó hace una década un libro titulado “Haití y los intereses nacionales”, en el que expone posibles soluciones para contener un flujo migratorio que desborda las posibilidades nacionales. Al traducir el drama de los vecinos en cifras expresa: “El porcentaje de consumo de combustibles-leña, carbón, bagazo, desechos animales y vegetales- en un país con problemas agudos de deforestación, se mantenía en 1993 en los mismos niveles que 20 años antes. Esto es, (86%) como porcentaje del consumo global de energía, mientras que el consumo de energía doméstica procedente de la leña representaba en 1990 el 72% del consumo total”. Estos datos escalofriantes reflejan la peligrosa cultura depredatoria de nuestros vecinos sobre sus propios recursos naturales, quienes ya se encuentran ejerciendo impunemente las mismas prácticas en territorio dominicano.

            Asimismo, destaca el autor que para 2031 la población haitiana se duplicará de conformidad con proyecciones estadísticas, o sea, con un índice de natalidad muy superior al de los dominicanos. El crecimiento exponencial de una población foránea en nuestro territorio genera a mediano y largo plazo un proceso de sustitución de personas, cultura, valores e identidad nacional, que es precisamente lo que se pretende. Sobre la inviabilidad del Estado haitiano, Pelegrín señala: “(…) estamos en presencia de un Estado nacional desintegrado, colapsado, que sólo tendrá posibilidad de recomponerse a través de un esfuerzo estratégico de los que dentro de la comunidad internacional sí pueden y sí deben asumir la reconstrucción de Haití en Haití”. Esta aseveración es correcta, toda vez que deberían ser los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que, por sus vínculos naturales con Haití y la región del Caribe, tienen la obligación moral de cooperar activamente con su reconstrucción. Sin embargo, la tendencia ha sido intervenir en determinadas circunstancias críticas para, posteriormente, abandonar a su suerte a ese desafortunado país.

            Pelegrín advierte en su obra, con justa razón, cómo la comunidad internacional “viene ejerciendo presiones inaceptables para coartar el legítimo derecho del Estado para repatriar ilegales haitianos a su país, así como proponiendo fórmulas relativas al status jurídico que sólo pueden decidir los poderes públicos nacionales”. Cuando denuncia las fórmulas jurídicas que se vienen imponiendo, más que sugiriendo, se anticipó a la inconstitucional Ley No. 169/14, que fue redactada por una oficina de abogados norteamericana para restarle efectos jurídicos a la sentencia TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional. Lástima que esta jurisdicción haya descuidado agendar, conocer y fallar esta normativa que ha sido impugnada por importantes organizaciones nacionales. Nada justifica esta imperdonable omisión varios años después de haberse depositado diversos recursos impugnando la referida ley.

            Resulta importante destacar otro aspecto reseñado en el libro, y es como el atraso de la clase empresarial dominicana, que lejos de invertir para tecnificarse y tornarse eficiente, ha preferido sostener su competitividad sobre la base de explotar una mano de obra no calificada, ilegal e indigente a las que en ocasiones se le desconocen sus derechos. Esta práctica ha sido adoptada sin tomar en consideración el desplazamiento de la mano de obra dominicana y la violación a las normas laborales en cuanto al porcentaje permitido para emplear extranjeros. Al abordar este punto, se expresa: “No importa que se desplace mano de obra nacional, ni que se depriman los salarios de los dominicanos, ni que se refuerce el equilibrio de la pobreza, ni que se retrase la innovación de los procesos productivos, ni que se discrimine a los trabajadores dominicanos colgándoles el sambenito de vagos o indisciplinados, ni que se violenten las normas de nacionalización del trabajo”.

            En efecto, la tendencia ha sido implementar políticas de subsidios, de asistencialismo parasitario en los sectores económicamente deprimidos, favoreciendo así la introducción de mano de obra devaluada con la finalidad de justificar el extendido criterio que actualmente prevalece en un sector de la población: “los dominicanos no quieren trabajar”. Nada más falso, todo ha sido producto de un plan para crear una minoría étnica en nuestro territorio (jurídicamente dominicana y culturalmente haitiana), facilitando así la desnacionalización del trabajo y promoviendo un proceso de sustitución de población que resulta sumamente peligroso por atentar contra la seguridad, soberanía, integridad y dignidad del pueblo dominicano. Esos macabros designios se observan fácilmente cuando las autoridades, además de flexibilizar en la práctica los mecanismos de adquisición de la nacionalidad (violando la Constitución y leyes vigentes), también suprimen las redadas y se hacen de la vista gorda con los empleadores que violan el Código de Trabajo.

            En cuanto al peligro que representa desestabilizar la población de un país, Pelegrín nos enseña que no es lo mismo comparar el éxodo de dominicanos a los Estados Unidos, que el de los haitianos hacia nuestro país, puesto que el tamaño de la economía y el territorio son determinantes para calcular la capacidad de absorción. Ciertamente, al referirse a ese desbalance en la región fronteriza, expresa: “La frontera se desvanece por el prolongado abandono de las políticas públicas, provocando un grave desequilibrio de poblaciones: por cada dominicano que habita en las provincias fronterizas existen siete haitianos que habitan en los departamentos fronterizos. Esto, en términos estratégicos, resulta sencillamente catastrófico y empieza a manifestarse con la creciente haitianización de la región”. Se trata de una verdad irrefutable, en vista de que basta una simple ojeada para constatar esta alarmante realidad.

            La documentación contenida en este valioso aporte bibliográfico pone de relieve insistentemente la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para reconstruir las instituciones y economía del vecino país, aunque este planteamiento, lejos de concebirse como una posibilidad, se formula enérgicamente como reclamo. Y es lógico que así sea, dado que como bien afirma Pelegrín “si la cuestión haitiana perdiera su carácter internacional, tendería a convertirse exclusivamente en un problema insular y, por tanto, dominicano”. Desafortunadamente esa ha sido la apuesta de esa comunidad internacional: transferirle esa responsabilidad al pueblo dominicano. Por eso ha estado evadiendo durante años el problema, a fin de distanciarse de la reconstrucción que reclama a gritos esa depauperada nación que ha sido víctima de innumerables vicisitudes.

            Pelegrín, quien fue miembro de la desaparecida entidad patriótica Unión Nacionalista y actualmente forma parte del Comité de Solidaridad con Haití, plantea un esfuerzo de los Estados Unidos, Canadá y Francia para elaborar una especie de Plan Marshall para la recuperación de Haití. Una idea audaz, justa y pertinente para reconstruir al país más pobre de la región, tomando como antecedente la iniciativa norteamericana para ayudar a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Esa aspiración que tenemos todos los habitantes de esta isla, dividida en dos naciones, se ha ido desvaneciendo con el discurrir del tiempo, toda vez que no existe genuina voluntad por ayudar al pueblo haitiano.

            Esa ausencia de voluntad se evidencia en las declaraciones del Comité de Solidaridad con Haití, incluidas en la parte final del texto. Una de ellas, que data del 12 de julio de 2010, indica: “La comunidad internacional sigue demostrando un débil compromiso con Haití y su futuro. Se han efectuado cuatro conferencias internacionales, y aunque los anuncios de aportes para la reconstrucción envuelven sumas de miles de millones de dólares, no se han cumplido compromisos inmediatos y puntuales por apenas doscientos millones de dólares para cubrir déficits apremiantes, lo que arroja serias dudas sobre la cooperación real y efectiva”. Ciertamente que esos esfuerzos de reconstrucción no han pasado de vanas promesas que se han ido disipando a medida que avanzan los años y se agravan las dificultades.

            Actualmente la realidad salta a la vista: los problemas haitianos han sido transferidos al pueblo dominicano, que se encuentra en una situación difícil y delicada. De ahí la imperiosa necesidad de adoptar medidas concretas y perseverar en planteamientos justos para proteger el supremo interés nacional. Esa es la razón por la cual debemos prestar atención a las ideas de todos los que han defendido y aún defienden la identidad y soberanía nacional. Pelegrín Castillo, al igual que su familia y otros tantos dominicanos, constituye un ejemplo de virtud ciudadana. Asumir responsabilidades, sin importar el costo social, político o económico, es un mérito incuestionable que sólo aquellos que tienen convicciones claras pueden sostener sobre sus hombros durante largo tiempo, así sea el que abarca su ciclo vital.     

Desde tiempos muy remotos, los sabelotodo  omniscientes se han creído los dueños absolutos del saber humano, en detrimento de la gran mayoría que asume una posición genuflexa ante este apabullante accionar.

Esta claque, la ha imprimido a nuestra historia reciente, un sello manido e irresoluto en lo referente al desempeño de ésta desde las esferas del poder político y económico.

Como resultado de esta omnisciencia, han surgido los entramados de corrupción más asombrosos que jamás hayamos podido conceptualizar.

La corrupción no tiene barreras sociales, geográficas ni morales, incluyendo a las grey religiosas, ortodoxas o no.

Siempre, donde ha habido un poder plutocrático y político, ha habido niveles altos de corrupción.

La corrupción demanda de sus actores que se aglutinen en hermandades de dolo encubierto, coimas, lucro cesante, latrocinio, libidinosidad administrada, clientelismo político y hasta sicariato.

De ahí que, la corrupción aupada por los omniscientes (sabelotodo) se ha convertido en la principal preocupación de nuestra sociedad.

Desde los tiempos bíblicos, se viene señalando a esta corrupción como valladar y estandarte  emblemática, para la conquista de los corazones de la antigüedad.

Por esta manipulación de los sentimientos de propiedad y tenencia de bienes, se crearon los Estados-Naciones en todo el globo terráqueo. Esta manipulación, disfrazada de un conocimiento omnímodo, emanaba de oráculos alegóricos, donde pitonisas y hierofantes ¨guiaban¨ a los fogosos líderes de antaño hacia campañas de conquista y sometimiento total de estos naciones- estados.

Estos omniscientes, apañados por el poder, dieron los dogmas y cábalas para que los imperios se anexaran grandes territorios y subyugaran a pueblos enteros.

Este sistema, muy bien concatenado, duró hasta el surgimiento del cristianismo, donde la agresión al prójimo y también al bien común, se estableció como un pecado muy grave; el proceso de condena y ejecución de Cristo revela la reacción de estos omniscientes ante dicha doctrina.

Todos conocemos los 10 Mandamientos de la Fe cristiana,  donde se condena  el robo, la lujuria, el asesinato, etc.

Para mí, la máxima más importante que se aviene al tema de esta entrega la constituye el Deuteronomio, otro de los grandes libros del Antiguo Testamento, el cual muestra referencias claras:

«No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos». (Dt, 16, 19).

Obviamente que este vocablo ancestral ¨SOBORNO¨ engloba, hoy día, todas las manifestaciones de corrupción (dolo encubierto, coimas, lucro cesante, latrocinio, libidinosidad administrada, clientelismo político y hasta sicariato).

Las pitonisas y hierofantes de hoy se enquistan en los partidos políticos, asociaciones sin fines de lucro, instituciones financieras, oficinas de servicios jurídicos, entramados estructurados, etc.

Estos omniscientes modernos, que el vulgo prefiere llamarlos sabelotodo, empeñan sus competencias profesionales y académicas, en reforzar conductas muy reñidas con la moral y ejecutorias de aquellos que han remunerado sus ¨invaluables¨ servicios durante décadas de nuestra triste historia republicana.

Son hoy día, los responsables de la insostenibilidad jurídica y procesal en la republica dominicana, que está a punto de dar al traste las expectativas ciudadanas de un estado de derecho, a través de la entronización de un régimen de consecuencias.

Estos áulicos ilustrados del poder sólo buscan nadar infinitamente en las mieles de este, sin importar el daño que ocasionan al tejido social dominicano.

De la nada, inerte y difusa, surgen en los conglomerados académicos, las hermandades de los  ¨compañeritos¨ de ideologías de vanguardia, con el solo propósito de adquirir los conocimientos necesarios para poder tener acceso a esas esferas de poder y luego, usando su intrínseca cultura de supervivencia, atajar al poder político y por ende el económico.

Esta claque de sabelotodo le ha propinado un daño enorme a nuestra  a estructura de valores, donde, hoy por hoy, To é To y Na é Na.

Este mantra desorejado y soez, permea todas las estructuras de nuestro tejido social al colmo de  que, como alabanza frenética, también enloda a clústeres religiosos, tal y como lo hemos constatado recientemente. También ha arrastrado familias enteras hacia el abismo del repudio social, colocándolas en un sitial poco envidiable.

Gracias al Todopoderoso, PALACIO ha adoptado una aparente actitud de no contemplación ante este estado de corrupción que vivimos.

Muchas improntas han surgido de ese olimpo, que apuntan hacia una tolerancia ¨0¨ sobre hechos dolosos del pasado, presente y futuro.

Esperemos pues, que estos sabelotodo de turno entiendan este mensaje contundente y no inicien un accionar impenitente para glorificar su devoción a la lisonja, el cohecho y la libidinosidad administrada.

El Ciudadano presidente tiene, hoy por hoy, una magnifica oportunidad para acabar con este casta de omniscientes improductivos e intrigantes, que por décadas ha sometido a nuestra nación al flagelo de la corrupción.

Finalmente deseo cerrar estas reflexiones con una sentencia de Don Luis Julián Pérez, extraída de su ensayo, titulado “El caso haitiano” reseñado en su obra “La democracia nuestra ,un testimonio”:

“Estamos en la gran encrucijada. O nos lanzamos por el camino del honor con la debida inspiración patriótica, con un renunciamiento absoluto de todo interés egoísta, o tendremos que reconocer el sacrificio vergonzoso, tantas veces repetido en la historia dominicana de participar en la perdición y ruina de la República, por falta de liderazgo y respeto a los principios y al ejercicio de las más elementales virtudes ciudadanas”.

Fuente :Editora  Amigos del Hogar, 1976.