SANTO DOMINGO.- El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, declaró que el Gobierno ha entregado $2,578.1 millones de pesos como pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas, que se construyen en distintas comunidades del país.

Al encabezar un encuentro con contratistas de escuelas en el Club Recreativo y Cultural del MOPC, dijo que la finalidad es que esos planteles sean terminados e inaugurados en el más breve tiempo posible.

Informó que en una reunión previa en la Contraloría General de la República el listado de esas cubicaciones que se han pagado, 408 de las cuales corresponden al 2021 y 216 a lo que va del 2022.

OTROS PAGOS POR 1,900 MILLONES

Asimismo, dijo que además de esos pagos, otros contratistas tienen sus libramientos, certificaciones y apropiaciones desde el Minerd en la Contraloría para fines de desembolso, y otra cantidad ascendente “a unos 1,900 millones de pesos de avance de esos presupuestos de terminación”.

Explicó que eso fue una previsión que se tomó sobre el presupuesto de terminación, de consignarle un 20% a fin de poderlos capitalizar, y que los  contratistas pudieran concluir los trabajos.

Sostuvo que lo que establecían los reglamentos de los procesos y el límite que establece la Ley 340, sobre compras y contrataciones, en estos casos, era iniciar nuevos procesos con el presupuesto reformulado.

“Pero nos fuimos por el camino de crear una modificación a la ley que permitiera que ustedes, la gran mayoría que no conocíamos, fueran los que pudieran concluir esas escuelas, porque en su casi generalidad ustedes han sido afectados por un sistema que no lo crearon, y por condiciones que no eran responsabilidad de ustedes”, indicó.

El funcionario dijo que hicieron esos cambios para garantizar que los contratistas sean los continuadores de procesos en el que resultaron adjudicatarios.

Ascención dijo que los protagonistas de todos los esfuerzos que se hacen con esas obras son los estudiantes de sectores pobres en las comunidades, y que esas escuelas son y serán el vehículo que servirá para la movilidad social.

an/am

SANTO DOMINGO.- La presidenta del Colegio Dominicano de Notarios, Laura Sánchez Jiménez, definió como una degradación de la función pública la propuesta de modificación de la ley que busca reducir en un 50% la tarifa de los honorarios de esos profesionales.

Asimismo, preguntó qué pasaría si se rebajan los sueldos, viáticos y otros ingresos de los legisladores?.

Explicó que el artículo 10, que pretende variar el artículo 66 de la Ley del Notariado sobre tarifas para el cobro de honorarios, “no se corresponden con la realidad actual, con la evolución de la economía familiar, con las obligaciones y responsabilidad que se les atribuye a los notarios”.

Añadió que «el notario está en la obligación de tener una oficina abierta en su jurisdicción de trabajo, un personal calificado para redactar actos que se le requiera, debe vivir y actuar con decoro como manda la propia Ley 140-15, pero al momento de fijar honorarios, debe cobrar por tres horas una décima parte de lo que cobra cualquier otro profesional de su nivel en otra profesión”.

Indicó que «la pretendida e irrazonable modificación constituye una involución de la norma que rompe con lo que debe ser la función del legislador, al inobservar lo dispuesto por el artículo 2 de nuestro Código Civil, que indica que la ley nueva se aplica inmediatamente sólo a condición de no lesionar derechos adquiridos”.

“Si el Congreso quiere favorecer al empresario dominicano, les recomendamos eliminar los impuestos que se cargan a la tarifa por servicios de honorarios profesionales, los cuales representan una carga de un veintiocho por ciento (28%)”, expresó Sánchez Jiménez en una reunión con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, en la que presentó formal oposición a que la indicada ley sea modificada, específicamente sobre tarifas y honorarios profesionales.

Observó, además, que el artículo 4, que modifica el artículo 16 de la Ley 140-15, relativa a interpretar la voluntad de las partes, no procede en vista de que “esa función de interpretar en nuestro ordenamiento jurídica es una competencia exclusiva de los jueces y puede generar la anulación de las actas que el notario interprete”.

Explicó que «en el numeral 10 establece el principio de cooperación entre CODENOT y el Poder Judicial y sus órganos auxiliares, lo que genera confusión porque coloca al CODENOT en igualdad con el Poder Ejecutivo, y no es correcto, porque somos un órgano auxiliar”.

Igualmente, señaló que «el artículo 5 del proyecto de Ley, que establece que el número de notarios por municipio será mínimo de dos, igual que la legislación vigente, pero no establece el máximo de notarios por jurisdicción».

“Permitir el nombramiento sin establecer un tope o máximo de notarios puede ser perjudicial, por esa razón se debe mantener la vigente. Esto es para que se mantenga un límite razonable de los notarios en cada municipio, según corresponda”, expuso.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Avicultores (ADA) advirtió que el proyecto de ley que impulsa el Gobierno dirigido a eliminar por seis meses los aranceles a varios productos de la canasta familiar destruiría a los productores nacionales y desincentivaría la inversión  en este sector.

En un comunicado, pidió a las autoridades no insistir en este en proyecto para el cual, a su juicio,  «no se tomó en cuenta» a la industria local, ni se pensó en la cantidad de empleos que podrían perderse».

La ADA dice que se une a entidades como la Asociación de Industrias, la Confederación Agropecuaria, la Asociación de Productores de Leche y la Junta Agroempresarial Dominicana, las cuales han observado que  la mejor manera de enfrentar la inflación es reducir el impacto del aumento de precios de materias primas y otros bienes usados en la producción.

«El proyecto de ley establece incorrectamente que persigue reducir costos de importación eliminando aranceles a materias primas como el maíz, soya, aceites y otros alimentos, pero estas materias primas ya están libres de impuestos, el incremento de precio es por el aumento en el precio de cotización en bolsa», asegur la ADA.

NO HAY ESTUDIOS

Considera que no hay estudios que aseguren de que la apertura de importación se reducirán los precios al consumidor.

«Una vez destruyen el aparato productivo nacional, luego ajustan los precios y no gana nadie, se pierde la seguridad alimentaria, se destruye la industria local y el consumidor no recibe un producto más barato», agrega.

La Asociación Dominicana de Avicultura opina que el proyecto de ley representa un riesgo de introducción de plagas y enfermedades al país y riesgo a la salud de consumidores por la apertura abrupta de países sin agotar procesos normativos.

APORTES DEL SECTOR

Resalta que en el país existen 1,200 productores avícolas que generan más de 20,000 empleos directos de los cuales se sustentan alrededor de 100,000 familias, en tanto el sector genera 900 millones de dólares al año.

A su juicio, República Dominicana es autosuficiente en la producción de pollo y huevo, ya que  produce 18.5 millones de pollos mensuales y 260 millones de huevos.

sp/am

Exministro estima es innecesario proyecto eliminación impuestos